El ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, ya libró el proceso penal que tenía en su contra.
El ex funcionario terminó de pagar los 7 millones de pesos por reparación del daño, por lo que el caso quedó cerrado la semana pasada.
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Echeverría Aispuro estaba acusado de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública por firmar contratos para prestación de servicios de imaginología por 14 millones de pesos, sin licitación.
El jueves 7 de febrero se llevó a cabo la audiencia de extinción por cumplimiento de condiciones en la suspensión condicional del proceso.
En ella, el juez declaró que el ex funcionario había cumplido con las condicionales que le impuso y dio por terminado el proceso.
El año pasado, el ex Secretario solicitó apegarse a una solución alternativa de suspensión condicional y la Fiscalía aceptó pero debía resarcir el daño.
La fiscalía estableció que la reparación del daño ascendía a 7 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía apegarse a una solución alternativa no implica aceptar la responsabilidad de los delitos por los que está acusado, sino que solo evita llegar a juicio.
El Juez autorizó la solución alternativa y además del pago, impuso como condición que residiera en el mismo domicilio, acudiera cada tres meses a firmar y que no saliera del país.
El 15 de julio de 2018, el ex funcionario hizo un pago por un millón 500 mil pesos y otro por un millón de pesos.
El 20 de agosto depositó a la cuenta de los Servicios de Salud otros 2 millones 500 mil pesos; y el 15 de enero pasado el último por 2 millones de pesos.
A firmar al Centro de Justicia Penal acudió los días 31 de octubre y 31 de enero; y durante los seis meses no cambió de residencia ni salió del país.
El abogado pidió al Juez tener por cumplidas las condiciones impuestas hace seis meses y la Fiscalía no tuvo ninguna oposición por lo que el Juez decretó el sobreseimiento de la causa penal.
La sentencia quedó firme el mismo día por acuerdo entre la defensa y la Fiscalía, por lo que ya no puede ser impugnada.
Al salir de la audiencia, Echeverría Aispuro dijo no poder hablar sobre el caso debido a que hay otra persona involucrada en el mismo.
“Se dio cumplimiento en tiempo y forma a lo que ordenó el juez y una disculpa por no poder hablar más, acuérdense que todavía hay otra persona en este tema; es una ventaja que se tiene en este proceso y se cumplió con lo que el Juez dictó”, indicó.
El ex funcionario no quiso responder si había pagado la reparación del daño porque aceptaba la responsabilidad, o solo lo hizo para librar el proceso penal.
Echeverría solo dijo “muchas gracias” y abordó su camioneta para retirarse.
El ex Secretario libró uno de los casos de irregularidades en los que está involucrado, pero todavía tiene otros en los que recibió sanciones administrativas y todavía no llegan procesos penales.
El año pasado la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas lo inhabilitó por 8 años para ocupar un puesto público e impuso una sanción de 449 millones de pesos.
La multa fue por realizar 237 traspasos bancarios de recursos federales a cuentas bancarias o ejercicio distintos a los que estaban destinados.
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Por el caso que fue cerrado el jueves, la Fiscalía obtuvo orden de aprehensión contra el ex Secretario de Salud en noviembre de 2018, pero se amparó contra el mandamiento judicial.
Echeverría Aispuro se presentó ante el Juez de manera voluntaria en el Centro de Justicia Penal Acusatorio de la Región Centro.
El 1 de diciembre, el Juez consideró que había elementos suficientes para considerarlo probable responsable y dictó auto de vinculación a proceso.
Junto con Echeverría también acudió ante el Juez el ex director de Salud, Jaime Otáñez García, quien también tenía orden de aprehensión por los mismos delitos.
Otañez también fue vinculado a proceso penal pero el 26 de junio de 2017 la Fiscalía retiró los cargos.
Durante la investigación complementaria realizada después del auto de vinculación a proceso, el Ministerio Público determinó que no había elementos para acusarlo, debido a que por el cargo que tuvo, no tenía facultades para realizar contratos o pagos.
La única que queda en proceso penal es la ex directora Administrativa María Alejandra Gil Álvarez.
La ex funcionaria acudió de manera voluntaria ante el Juez en diciembre de 2017 y fue vinculada a proceso.
El 17 de agosto de 2018, sus abogados solicitaron al juez cerrar el caso debido a que no había elementos, pero el juez rechazó la petición.
Un mes después, en septiembre, el juez dictó auto de apertura de juicio oral, pero no podrá llevarse a cabo debido a que la defensa había promovido un amparo y les habían concedido una suspensión.
El proceso continuará una vez que el juez de distrito resuelva el juicio de amparo.
Para la ex funcionaria, la fiscalía pidió como pena el pago de 14 millones de pesos por reparación del daño; siete años de cárcel y 300 días de Unidad de Medida de Actualización por el delito de ejercicio indebido y nueve años de prisión y mil días de multa por el de desempeño irregular de la función pública.
La Fiscalía acusó a los tres ex funcionarios de firmar un contrato con la empresa Herramientas Médicas SA de CV por 18 millones de pesos de lo que pagaron 14 millones de pesos.
Los ex servidores públicos no justificaron la excepción de la licitación y la procedencia de la adjudicación directa y no realizaron estudio de mercado.
Artículo publicado el 10 de febrero de 2019 en la edición 837 del semanario Ríodoce.
