Documentan espionaje contra Ríodoce

PERIODISTAS. Vigilados. Foto: Rashide Frías.

Organismos defensores de derechos civiles exigen una investigación; Gobierno Federal, el principal sospechoso del ataque cibernético

Una nueva investigación sobre espionaje a periodistas publicada el pasado martes 27 de noviembre por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, coordinado con ARTÍCULO 19 —Oficina para México y Centroamérica— y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), revela una serie de ataques consecutivos con el malware Pegasus en contra de Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal, del semanario Ríodoce, que iniciaron dos días después del asesinato de Javier Valdez, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) se encontraba en Culiacán indagando el caso.

Lea: Pegasus y el gobierno espía que nos infectó https://bit.ly/2UfEito

El nuevo informe de investigación publicado por el diario estadounidense New York Times, el Programa de Noticias de Carmen Aristegui y difundido por Artículo 19, documenta seis mensajes infectados con el programa espía Pegasus que fueron enviados a los dispositivos de Ismael Bojórquez y Andrés Villarreal entre los días 17 y 26 de mayo de 2017, con la intención de intervenir las conversaciones, documentos, archivos, GPS del dispositivo, fotos, mensajes de correos y demás contenidos de sus teléfonos móviles.

En la investigación se detalla que uno de los mensajes al teléfono de Andrés Villarreal procedía de un clon del servicio informativo UNO Noticias operado por Telcel, aunque remitía a uno de los dominios infectados y utilizados por NSO Group. El texto decía: “EL CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación) habría sido el responsable de la ejecución del periodista en Culiacán. Ver nota”. El mensaje revela además, que los operadores del malware utilizaban las siglas y el nombre de la organización delictiva para sus planes de espionaje contra el periodista.

Los días siguientes, 19, 24 y 26 de mayo recibió otros tres mensajes, uno de estos se asociaba con una supuesta relación sentimental con una ex pareja y otro relacionado con una nota falsa procedente de La Jornada, diario del que Javier Valdez era corresponsal.

Ismael Bojórquez recibió la mañana del 26 de mayo dos mensajes. Uno provenía del servicio UNO Noticias que a la vez remitía a un enlace infectado que se atribuía la identidad del portal Animal Político, donde se informaba que los asesinos de Javier Valdez ya estaban detenidos. Otros mensajes provenían supuestamente del periódico El Debate pero también eran falsos.

La reacción de los periodistas de Ríodoce, que habían sido alertados desde febrero de 2017, cuando se dio a conocer el espionaje en contra de la periodista Carmen Aristegui y su hijo menor de edad, fue sospechar y de inmediato pusieron una alerta en su redacción. También se había hecho público que habían sido infectados los abogados del Centro de Derechos Agustín Pro; activistas por el derecho a la salud y hasta integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que investigaban el caso Ayotzinapa.

Especialistas al servicio de SocialTiC —tecnología digital al servicio del cambio social—; el laboratorio de Análisis Forense de Citizen Lab, que forma parte de la Facultad Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto; R3D, la Red de Defensa e los Derechos Digitales y ARTÍCULO 19, monitorearon los operativos de espionaje y dieron seguimiento a los mensajes documentados en #GobiernoEspía,y concluyen que estas estrategias de ingeniería social señalan como principal sospechoso al Gobierno Federal.

Ismael Bojórquez, fundador y director del semanario, declaró al New York Times: “Creo que querían buscar entre nuestras conversaciones y mensajes algunas pistas sobre el asesinato de Javier, pero estamos en contra, porque nada ilegal debería usarse en una investigación y particularmente nada que venga de quienes están involucrados profesional y emocionalmente con la víctima”.

Cuando la presión de la sociedad civil y de organismos nacionales e internacionales se volcó contra la figura presidencial tras el asesinato de Javier Valdez, el gobierno de Peña Nieto rehusó hacer compromisos serios. En una respuesta claramente simuladora y muy propia de su estilo de gobernar, denunció el espionaje y ordenó abrir una carpeta de investigación de orden federal para determinar si hubo un uso incorrecto e ilegal de la tecnología Pegasus.

La investigación nunca avanzó tal como lo vaticinaron en su momento las ONG’s nacionales y del exterior, que consideraban una maniobra discursiva el pensar que la PGR iba a investigarse a sí misma, en un contexto donde la impunidad y la corrupción son el referente palpable del sexenio recién concluido.

Hasta la semana pasada, ni la empresa israelí proveedora del malware, ni el gobierno mexicano muestran interés por abrir una investigación para esclarecer el caso y lejos de facilitar un acercamiento a la verdad, ocultan información a los abogados de las partes afectadas por estas prácticas de espionaje telefónico.

CITIZEN LAB. La investigación.

 

ONG’s exigen investigación independiente

En respuesta a esta incertidumbre que genera el saber si el gobierno federal continúa espiando periodistas disidentes de los grupos ligados a fuertes intereses económicos y políticos, la Representante de ARTÍCULO 19 para México y Centroamérica, Ana Cristina Ruelas, solicitó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esclarecer los intentos de espionaje, que sumados a los de Ríodoce, arrojan ya 24 casos documentados.

Lea: Nuevo secretario de Seguridad acusado de espía; él se dice limpio https://bit.ly/2LlMmrm

Para la activista por los derechos de los periodistas, el resultado de la investigación reafirma la presencia de un patrón sistemático en el uso de los sistemas de vigilancia gubernamental en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos, y mientras no se esclarezcan estos abusos y se conozca quienes están detrás de estos operativos de espionaje, por qué y con qué propósito se realizaron, seguirá siendo una obstáculo serio para el periodismo libre: un riesgo latente para las personas atacadas con el malware Pegasus y una amenaza en contra de las instituciones democráticas.

En un documento que entregaron al Gobierno de la Cuarta Transformación, los participantes en la investigación solicitan aceptar las recomendaciones hechas por organismos internacionales de derechos humanos y propicie las condiciones para crear un mecanismo que garantice una investigación independiente, exhaustiva y profesional sobre el tema del gobierno espía, de tal forma que identifique a todas las víctimas del espionaje y también a los responsables de los ataques, con el fin de que puedan enfrentarse a la justicia.

Igualmente piden que se impulse una reforma integral de las normas e instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia que aseguren controles estrictos a la adquisición de sistemas de vigilancia y garantice la legalidad, transparencia y rendición de cuentas en su utilización.

En otro de los puntos demandan del gobierno en funciones una cooperación absoluta en las investigaciones que realizan órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que recientemente anunció la apertura de un proceso de verificación.

Por último, solicitan a la administración de López Obrador aprobar la instalación de una mesa de trabajo con representantes de las organizaciones civiles que como es el caso, han documentado los abusos de poder a través de los sistemas de vigilancia, con el fin de poner en marcha las recomendaciones internacionales en esta materia.

ENRIQUE PEÑA. Cuentas pendientes.

 

Demandas contra el gobierno

Cuando surgió el primer escándalo sobre sospechas de espionaje del gobierno mexicano contra activistas y disidentes en febrero del 2017, las investigaciones hechas por estas organizaciones se encontró que Pegasus había sido adquirido por el gobierno de Enrique Peña Nieto y detallaba que su uso estaba destinado a espiar a la delincuencia organizada y a actividades vinculadas con el terrorismo.

La empresa israelí que lo comercializaba NSO Group, afirmó que solo había vendido el software a gobiernos y que tenía medidas implementadas para garantizar que sus clientes siguieran los lineamientos éticos pactados en los acuerdos de compra, destaca el New York Times.

La misma empresa aseguró respaldarse en un estándar rigurosamente ético y regulatorio y tomar en serio cualquier acusación, sin importar de donde viene. Un vocero de la compañía agregó: “no toleraremos el mal uso de nuestros productos en contra de activistas por los derechos civiles, periodistas, personas inocentes. Si se sospecha un mal uso los investigamos y tomamos las medidas correspondientes, entre ellas suspender o poner fin a un contrato”. Pero en México el espionaje continuó, rompiendo así supuestos acuerdos.

En 2017, el New York Times y Citizen Lab publicaron una serie de artículos donde detallan el amplio uso de Pegasus, evidenciando que México es país emblemático en el uso de estos programas espías para vigilar a periodistas, menores de edad, abogados defensores de los derechos humanos, políticos y activistas anticorrupción y opositores al Presidente.

Ante la falta de respuesta del Gobierno mexicano para garantizar el cese a los ciberataques perpetrados desde el programa espía que al parecer continua en su poder, ha sido objeto de una demanda jurídica por parte de las víctimas que aparecen en los informes de las organizaciones señaladas.

Paralelamente, abogados de periodistas y defensores de derechos humanos en Medio Oriente interpusieron el pasado 30 de agosto en tribunales de Israel y Chipre, demandas en contra de NSO Group y empresas afiliadas, por su negligencia y complicidad en el espionaje cometido con el malware Pegasus.

Hasta esta semana, afectados por el programa espía Pegasus, estudiaban la posibilidad de sumarse a la iniciativa de abogados de otros países para interponer una demanda en los tribunales internacionales, para enfrentar a los implicados ante la justicia.

Artículo publicado el 2 de diciembre de 2018 en la edición 827 del semanario Ríodoce.

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