El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) documentó 29 casos en los que detectó encubrimiento o participación directa de agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) en casos de violaciones sexuales y torturas contra mujeres, los cuales están en total impunidad.

De acuerdo a El Universal la organización presentó hoy miércoles “Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”, en el que presenta un panorama de esta problemática en el país.  Indicó que en los últimos cuatro años han tenido conocimiento de más de 110 casos de mujeres sujetas a procesos penales que dijeron haber sobrevivido a diversas formas de tortura sexual.

Para el informe retomaron la historia de 29 de ellas, dos de las cuales son sinaloenses, quienes fueron “privadas de la libertad al ser acusadas de haber cometido delitos” que generan un alto rechazo social. Con base en sus testimonios confirmó que la tortura sexual es perpetrada con excesiva frecuencia  por parte de las fuerzas de seguridad civiles y castrenses.

“Instancias académicas y organizaciones de la sociedad civil han evidenciado que la recurrencia de la tortura sexual en mujeres es hasta cuatro veces mayor que en hombres; que ocurre sobre todo en los casos de mujeres detenidas y  que es susceptible de ser cometida por las fuerzas de seguridad civiles o castrenses de los diferentes niveles de gobierno a lo largo de todo el país”, advirtió el Centro Prodh.

De acuerdo con la investigación, en 27 de los crímenes se utilizó la figura de la flagrancia para justificar la detención, sin un soporte probatorio. Las mujeres no fueron puestas a disposición de la autoridad de manera inmediata, “las retenciones de mantuvieron entre seis y 72 horas”.

“En todos los casos documentamos encubrimiento o participación directa de agentes del Ministerio Público de la PGR, principalmente de SEIDO, respecto de los actos de detención arbitraria, retención prolongada e injustificada y tortura sexual”, afirmó el Centro Prodh en el informe.

Denunció que en ningún caso hay indicios de que se iniciara una investigación inmediata por el delito de tortura, a pesar de que las autoridades tenían conocimiento de los hechos.

Además, alertó que estos crímenes permanecen en la impunidad, porque ninguno de los perpetradores ha sido responsabilizado.

En el texto de 365 páginas se muestra que en 16 de los casos hubo violación, 12 de éstas fueron tumultuarias; mientras que en otros 11 la víctima fue amenazada con ese acto. Dos de las mujeres fueron violadas  frente a sus familiares y las que estaban embarazadas también fueron amagadas con interrumpir deliberadamente la gestación.

En 28 de 29 casos las mujeres sufrieron abuso sexual, mediante tocamientos  o fueron obligadas a desnudarse frente a sus agresores, además de que varias fueron fotografiadas o grabadas.

Asimismo, se registraron 10 actos de violencia dirigidos a zonas sexualizadas, en uno hubo mutilación genital, mientras que a las otras víctimas los agresores les aplicaron descargas eléctricas en vulva, vagina o pechos quemaduras, descargas eléctricas en otras partes del cuerpo, privación sensorial o de movimiento, amenazas de desaparición y muerte, “hubo simulacros de ejecución y fueron  obligadas a presenciar la tortura o la ejecución de alguien más”.

“Me gustaría que mediante nuestros testimonios pueda darse a conocer la forma en cómo trabajan las autoridades, ya que somos muchas mujeres que hemos sido víctimas de tortura, mediante la cual las autoridades se valen para hacernos acusaciones y es importante que se sepa”, enfatizó Diana Lizeth Nery Aguilar, quien es una de las víctimas que compartió su historia en el informe.