Elizondo, obligado a pagar caña; De la Vega, se la roba
Después de años de litigios, Ítalo Larrínaga Martínez logró vencer al poderoso e impune consorcio azucarero Agrícola Ohuira, y de paso encaminar a prisión a uno de los socios principales, Rodolfo de la Vega Valladolid, por el robo de caña de azúcar de un predio, despojado mediante artimañas legaloides.
Además, encontró la fórmula legal para deshacer los amañados contratos que obligan a firmar a los ejidatarios, con la finalidad de pagar rentas de hambre y eximirse de los tratos de aparcería con la figura de venta de esperanza que rubrican los industriales para apropiarse de las cosechas de caña.
Esta práctica se ha realizado amparada en el manto de impunidad que el gobernador Mario López Valdez tendió en favor de la familia Elizondo Collard y De la Vega Valladolid, de donde proceden Alejandro y Rodolfo, respectivamente, y que resultan los socios principales de Agrícola Ohuira y de la Compañía Azucarera de Los Mochis.
Ahora, el gobierno de López Valdez decide no actuar, porque aduce un litigio entre particulares, según lo confió Juan Guerra Ochoa, Secretario de Agricultura a Larrínaga Martínez, quien aceptó la explicación.
Con documentos en mano, Larrínaga Martínez, apoderado legal de las hermanas Adriana Eréndira y Yandira Verónica Cazaz Lugo, dijo que sólo es cuestión de tiempo para que cause estado y se ejecute la sentencia del juicio ordinario civil 421/2011 resuelto en el Juzgado Segundo Civil, confirmada en segunda instancia, y ratificada en un juicio de amparo.
En la sentencia, el juez de la causa ordena a Agrícola Ohuira pagar a Adriana Eréndira el 12 por ciento de la cosecha de 176 hectáreas sembradas de caña de azúcar bajo un cálculo promedio de 160 toneladas de caña, con los precios de referencia propuesto por el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, y que resulta obligación constitucional para todos los ingenios y sus fiduciarias. Aunque aquí, hasta ahora, los industriales se han auto dispensando, porque no hay instancia legal que los obligue al pago de sus compromisos firmados, ni organismo intermedio que defienda los intereses de los rentadores de parcelas, que siempre quedan a merced de los empresarios Alejandro Elizondo Macias y Rodolfo de la Vega Valladolid.
La producción que deberán de pagar los industriales se calculó en 12 mil 670 toneladas de caña de azúcar.
Larrínaga Martínez dijo que la sentencia requirió cuatro años de búsqueda de documentos oficiales y reiterados estudios de la Constitución y leyes secundarias, y afirmó que los contratos bajo el modo de aparcería agrícola sobre producción están sustentados en la reforma al artículo 27 Constitucional, propuesto por el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.
Agregó que estas reformas “tenían la finalidad de convertir al campesino en socio de la industria mediante el 12 por ciento de la cosecha pagada a precio oficial. Durante el 2004 y hasta el 2006, los precios fueron bajos, y permitió negociar las rentas. Después, el valor de la tonelada de caña se duplicó y triplicó porque la tecnificación del cultivo y la mejora de la semilla aumentaron la producción. Ahí ya no convino a los industriales, que entonces obligaron a los rentadores a firmar un segundo contrato en automático, el de venta de esperanza. Con ese cedían el 12 por ciento de producción a los industriales, y quedaban en estado de indefensión”.
Y tan en indefensión quedaron los rentadores, añadió, que los pagos de las rentas fueron retrasándose años. Después, los industriales obligaron a pagar los permisos de siembra a los campesinos, si querían reclamar el Procampo. Todo, con artimañas legales que ya son vencibles en tribunales, pues ya tiene el sustento legal para combatir las mentiras de Alejandro Elizondo y Rodolfo de la Vega.
Las rejas de Rodolfo
En el proceso civil ordinario 182/2009, que llegó a su fin el 19 de diciembre de 2012, el Juzgado Segundo Civil ordena el desalojo de Agrícola Ohuira del predio número dos en el módulo de riego La Capilla (6), en el Distrito de Riego 076 y entrega de la parcela, el fruto y el equipamiento de riego por goteo, a su legítima posesionaria Yendira Verónica Cazaz Lugo.
Sin embargo, en enero del 2013, Rodolfo de la Vega Valladolid entró a la parcela y se robó la caña de azúcar. Aduce que es su propiedad en un juicio de amparo contra la sentencia de desalojo, y como prueba exhibe un contrato de subarrendamiento entre Agrícola Ohuira y él como persona física.
Larrínaga Martínez señaló que “el contrato es espurio y fue anulado en el mismo juicio de amparo y ahora, el dueño del ingenio aduce que ignoraba que su empresa le había rentado a él la parcela desalojada”.
Las hermanas enviaron una carta al gobernador Mario López Valdez para que detenga la violencia y robos de estos empresarios contra los rentadores de tierra, pero sólo han recibido silencio como respuesta.
