El dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la LXII Legislatura resultó negativo, sobre la propuesta perredista de que la Procuraduría General de la República (PGR) debería atraer la investigación del asesinato del líder minero Ramón Corrales Vega, perpetrado en Choix, Sinaloa, por su oposición al saqueo de la veta de mineral de hierro por la minera Paradox Global Resources.
La Comisión basó su rechazo en que el homicidio es del fuero común, y por ello obligación de investigación del Gobierno del Estado, y no del federal.
Así, el caso de Ramón Corrales Vega fue cerrado el 10 de junio en el Congreso de la Unión.
La propuesta negativa fue firmada por los diputados, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Abel Octavio Salgado Peña, William Oswaldo Ochoa Gallegos, Fernando Zárate Salgado, Enrique Aubrey Castro Palomino y por los senadores, María Verónica Martínez Espinoza y Mariana Góez del Campo Garza.
No obstante, la Comisión dijo compartir la preocupación legislativa perredista por aclarar la causa por la que se han cometido los asesinatos de los líderes mineros en el país, y en especial el de Ramón Corrales Vega.
En su propuesta de atracción, los diputados perredistas, Guillermo Sánchez Torres, Miguel Alonso Raya y Lrenia Valles Sampedro establecieron que “…es tal el poder que indebidamente el Estado Mexicano ha transferido a los corporativos mineros, que estos tienen un cómodo nicho de arbitrariedad e impunidad, lo que ha provocado todo tipo de expoliaciones, humillaciones, despojos y arbitrariedades en perjuicio de los ejidos, comunidades trabajadores mineros. En esta ocasión nos vamos a referir al caso concreto de la mina de hierro “Cuauhtémoc”, ubicada en el cerro Masifique perteneciente al ejido Potrero de Cancio, en Sinaloa.
“Las mineras, especialmente las extranjeras, no sólo despojan de sus tierras a las comunidades con engaños y amenazas, no sólo envenenan y destrozan el medio ambiente, sino que, según denuncia de los afectados, son las autoras intelectuales de diversos asesinatos de campesinos que se oponen a sus atrocidades, como han sido los casos, en el último lustro, de Mario Abarca Roblero en Chiapas, Bernardo Vázquez Sánchez en Oaxaca, e Ismael Solorio Urrutia en Chihuahua y, ahora, la muerte de Ramón Corrales Vega en Sinaloa.
“Ante este conflicto, en lugar de que el gobierno del Estado ofreciera sus oficios para alcanzar un arreglo satisfactorio para las demandas de los ejidatarios, en lugar de interceder en favor del estado de derecho, en lugar de intermediar para llegar a una negociación, llevó a cabo un operativo con el objeto de detener a los afectados, logrando la aprehensión de 30 de ellos, 17 de los cuales aún permanecen en el penal del poblado Felipe Ángeles, municipio de Ahome, acusados de los delitos de daños en propiedad ajena y despojo. …”
Colisiona barco chino
El buque granelero chino Ling Gang 9, retenido en el puerto de Topolobampo por Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para inspeccionar la carga de 68 mil 260 toneladas de mineral de hierro, propiedad de la minera Paradox Global Resources, chocó contra el muelle y se abrió un tajo en la proa.
El choque rompió el casco sobre el bulbo de proa y la sección de obra viva del buque de 225 metros de largo (eslora), 32 metros de ancho (manga) y de 13 metros de alto (calado).
Por ello, el barco se encuentra catalogado como “en reparación” en el muelle granelero número dos, según la programación de arribos al 4 de julio el 2014 de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo (API Topo).
El corte le impide navegar, de acuerdo con marinos mercantes.
La API de Topolobampo se ha negado a comentar respecto del accidente naval. Sus directivos han rechazado dos peticiones de entrevistas de Río Doce, y han buscado impedir el trabajo periodístico de los reporteros.
Incluso negaron el acceso al muelle granelero, argumentando los directivos estar impedidos para dar el salvoconducto.
Ricardo Reyes Aldrete, Capitán de Puertos de Topolobampo, confirmó que el buque se encuentra atracado para reparación debido a una colisión que se produjo al arribo, cuando el SAT lo retornó al muelle luego de que zarpó y navegaba hacia el puerto chino de Rizhao. “Ya llegaron los técnicos de Puerto Tampico. Están negociando las aseguradoras del barco y de la API. La investigación del accidente naval está en marcha. Nosotros estamos ajenos a todo ello”.
Reyes Aldrete aseguró que el despacho de zarpar no ha sido liberado.
Pescadores que conocen del accidente afirmaron que temen por un desastre ecológico pues el daño estructural en el barco chino es grave.
“Le puede entrar agua al casco y hundirlo. Eso puede ocasionar un grave problema ecológico en la bahía, ya afectada por las descargas de agua caliente de la termoeléctrica, por el relleno de esteros y ahora por la destrucción de manglares para la construcción de hotelería y restaurantes, e incluso por infraestructura marina que impide el flujo y reflujo de las aguas en cada marea”.
