Detenido ex funcionario malovista por colapso del Tiburonario

El ex Coordinador de Control Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Dionisio Sánchez Félix, es el primer detenido de varios servidores públicos involucrados en la contratación de las empresas que construyeron dos etapas del Tiburonario de Mazatlán.

En febrero de 2017, dos meses después de la inauguración, el Tiburonario colapsó.

El acrílico presentaba filtraciones de agua y se fracturó y además la obra tenía fallas en la cimentación.

Lea: El colapso del Tiburonario https://bit.ly/2zbyyHc

El ex funcionario malovista fue capturado la mañana del jueves en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando regresaba de Ámsterdam, Holanda; y trasladado a Culiacán.

En la audiencia inicial, celebrada el viernes, el Ministerio Público dio a conocer que había más personas involucradas, pero no dio a conocer los nombres.

El Juez lo vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en perjuicio del Gobierno del Estado y la paraestatal Acuario de Mazatlán, en calidad de autor del delito en coparticipación.

La Fiscalía General del Estado señala que autorizó dos contratos irregulares por 34 millones 640 mil pesos a las empresas Osuna y Osuna Arquitectos y Ecosistemas de México.

Los contratos se firmaron en 2013 y 2016 para la construcción de la tercera etapa y etapa final del tiburonario.

El fiscal señaló que Sánchez Félix no actuó con los principios de honestidad, legalidad, transparencia, disciplina y parcialidad.
Según la Fiscalía, en los concursos de licitación las empresas presentaron propuestas técnicas y económicas que no cumplían con las bases de la licitación y tampoco con el reglamento de la Ley de Obras Públicas.

Sánchez Félix formó parte del comité que daba seguimiento al proceso de licitación y responsable de evaluar las propuestas de las empresas participantes en la licitación.

Los servidores públicos que integraban el comité debieron desechar las propuestas de Osuna y Osuna Arquitectos y Ecosistemas de México, pero las avalaron y declararon ganadoras.

El 13 de septiembre de 2013 fallaron a favor de Osuna y Osuna y el 17 firmaron contrato por 15 millones de pesos; y el 31 de mayo a favor de Ecosistemas de México y el 3 de junio firmaron contrato por 19 millones 640 mil pesos.

Cuando el Fiscal mencionaba que el ex funcionario tenía responsabilidad de evaluar las propuestas, Sánchez Félix negaba con la cabeza y en una ocasión trató de tomar el micrófono, pero su abogado le hizo una seña con la mano para que no lo hiciera.
Cuando el Juez le dio la palabra solo dijo “no estoy de acuerdo en lo que me acaban de decir, pero en su momento hablaré” y reservó su derecho a declarar.

Lea: El Tiburonario, otro salpicadero malovista https://bit.ly/2RnUaYa

La defensa del imputado reiteró que no estaban de acuerdo con los señalamientos de la Fiscalía, que no acreditó que estaba dentro de las facultades de Dionisio la revisión de las propuestas técnicas.

El Juez consideró que sí se reunían los datos de prueba suficientes y dictó auto de vinculación a proceso.

La orden de aprehensión derivó de denuncias presentadas por el Ayuntamiento de Mazatlán y la Auditoría Superior del Estado, que en marzo de 2017 presentó denuncia por fraude y ejercicio indebido del servicio público.

Los ex Alcaldes de Mazatlán, Jorge Abel Sánchez López, Alejandro Higuera Osuna y Carlos Felton González, fueron interrogados sobre la construcción y todos señalaron que el responsable de contratar a las empresas fue la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado.

En septiembre pasado, la ASE concluyó una auditoría en la que determinó que el fallo de las licitaciones que ganaron Osuna y Osuna y Ecosistemas de México fueron irregulares, debido a que ambas incumplían con los requisitos.

La Fiscalía solicitó al Juez imponer la prisión preventiva pero el juzgador la negó. Como medida cautelar Sánchez Félix deberá presentarse a firmar cada 15 días y tiene prohibido salir del estado.

Para terminar la investigación, la FGE tiene cuatro meses en los que realizarán una pericial de ingeniería,  un estudio de grafoscopía para determinar la autenticidad de firmas y recabará testimonios de otras personas.

Al salir del Centro de Justicia Penal, acompañado de su abogados y familiares, Sánchez Félix dijo que “es una injusticia lo que está pasando pero vamos a presentar pruebas leales”.

El ex funcionario volverá a la sala de audiencias en febrero del próximo año.

El año pasado el ex servidor público fue inhabilitado por seis años por omitir hacer del conocimiento del entonces Secretario de Obras José Luis Sevilla Suárez Peredo, que la dependencia carecía de los recursos suficientes para realizar la construcción del Centro de Justicia Penal de la Región Centro, por lo que en ese entonces se adeudaba al contratista 78.8 millones de pesos.

 

Ex Secretario busca amparo

El ex Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Luis Sevilla Suárez Peredo, presume que tiene orden de aprehensión.

El pasado 8 de octubre el ex funcionario promovió una orden de aprehensión y señaló como autoridad responsable a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado.

Lea: Los “tiburones” del tiburonario https://bit.ly/2Q61kAd

El Juez negó la suspensión definitiva por lo que de tener orden de aprehensión puede ser detenido en cualquier momento.
Sevilla Suárez Peredo ya había solicitado la protección de la justicia federal en noviembre del año pasado, tras la detención del ex Secretario Técnico de la Secretaría de Turismo, Luis Ángel Pineda Osuna, quien se encuentra sujeto a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

En esa ocasión el juicio de amparo se sobreseyó debido a que no existía la orden de aprehensión.

El año pasado Sevilla fue inhabilitado por tres años por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

La inhabilitación fue por suscribir dos convenios que rebasaron el 25 por ciento del plazo de ejecución y monto original del contrato, en la construcción del cruce ferroviario del bulevar Enrique Tamayo en Culiacán y la edificación de la Unidad Administrativa de Servicios Municipales de Navolato.

La inhabilitación también fue por un contrato para la construcción del Centro de Justicia Penal de la Zona Centro sin contar con autorización correspondiente para generar al Gobierno del Estado una obligación financiera de 78.8 millones de pesos.

Artículo publicado el 28 de octubre de 2018 en la edición 822 del semanario Ríodoce.

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