La Auditoría Superior del Estado detectó un cúmulo de deficiencias en la integración y control de expedientes de obra pública durante las auditorías aplicadas al gobierno de Quirino Ordaz Coppel y los 18 ayuntamientos.

De acuerdo con el contenido del informe general ejecutivo del resultado de fiscalización superior de la cuenta pública 2017, la deficiente integración y control de expedientes de obra pública constituye la principal recurrencia que se observó con un total de 695 casos.

A la inconsistencia anterior, le siguen las deficiencias e inconsistencias en la documentación de la obra pública en algunas de las fases del proceso desde la autorización hasta su entrega recepción con 326 recurrencias de observación.

Encontró además que al hacer la revisión de la cuenta pública de 2017, en 138 ocasiones se encontró incumplimiento de la normatividad por no proporcionar la documentación durante la auditoría.

En el apartado de egresos, la ASE encontró 245 casos en los que faltó de documentación comprobatoria y justificativa, 231 observaciones por obras que reflejan conceptos estimados en exceso y/o no ejecutados y 124 pagos improcedentes o en exceso.

El documento que ayer fue entregado por la ASE a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, encontró además 80 casos de adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan a la normativa.

En total la ASE realizó 3 mil 170 observaciones diversas en la auditoría financiera correspondiente al año fiscal 2017.

La auditoría financiera fue aplicada a los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, así como a organismos autónomos.

En la muestra auditada al Poder Ejecutivo se incluyó a las secretarías de Administración y Finanzas, Turismo, Seguridad Pública y Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, hoy Centro Penitenciario “Aguaruto”.

De acuerdo con estimaciones de la ASE plantadas en el informe, el reporte de recuperaciones probables sería por alrededor de 498 millones de pesos, según los pliegos de acciones por los que se presumen daños o perjuicios, o ambos, a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos.