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Como inexistentes declaró el Ejército los convenios de colaboración con entidades federativas del país, entre ellas, Sinaloa.
Desde el primer día de su gestión, el gobernador del estado de Sinaloa ofreció seguridad. Conforme fueron pasando las semanas, su discurso fue tomando forma y de manera repetitiva y escueta se refería a la firma de un convenio de coordinación que permitiera la participación de las fuerzas armadas del gobierno federal.
De esta manera, el 6 de enero, inició el despliegue de Brigadas Militares que arribaron al puerto de Mazatlán, ciudad sede de la Comandancia de la Tercera Región Militar, cuya jurisdicción comprende Sinaloa y Durango.
Los militares se distribuyeron para iniciar las operaciones de apoyo en los municipios de Culiacán, Salvador Alvarado y Ahome.
Con esta acción, Ordaz Coppel cumplía con sus promesas de campaña y discurso del 31 de diciembre del 2016, fecha en la que rindió protesta.
“La primera acción que he tomado es garantizar la coordinación con las autoridades federales y con las fuerzas armadas para el fortalecimiento de la seguridad del estado. En Sinaloa tenemos claro que debemos hacer la parte que nos corresponde. Por ello, desde el inicio de mi administración todos los policías del estado presentarán su examen de control de confianza. Los apoyaremos además con mayor capacitación, equipamiento para dignificar su actividad”.
Exhibió su cercanía con el general Salvador Cienfuegos Zepeda con quien sostuvo reuniones, incluso fuera de agenda oficial. Pero nunca el convenio en el que se formalizó la entrada del Ejército a Sinaloa, porque no existe.
Y los alcaldes de los 18 municipios replicaron el mismo discurso del gobernador en el momento que aceptaron la imposición de mandos militares en sus corporaciones municipales.
En enero, cuestionado respecto a la firma de ese acuerdo de colaboración, el gobernador declaró que estaba en proceso de hacerlo, pero al paso de los meses el convenio no existe.
Ríodoce solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) conocer en qué estados de la República están las Brigadas Militares y qué función desempeñan; qué acuerdos tienen con los gobernadores de los estados; cuáles los convenios que firmó en 2017 con los gobiernos estatales del país; qué facultades tienen esas brigadas en las entidades federativas y alcances legales; conocer si existe la firma formal u oficial de acuerdos o convenios con los gobernadores de los estados; indicando que en caso de que existieran los requería; el apoyo que darán a las entidades federativas; la fecha en que fueron creadas esas brigadas de policía militar; conocer qué tipo de personal militar las integran, la capacitación que tienen y saber cuáles son los criterios para las operaciones que desarrollan en las ciudades.
Escuetas, a través del Estado Mayor de la Defensa Nacional, se recibieron las respuestas, entre las que llamó la atención que la Sedena reconociera la inexistencia de una capacitación especializada en materia de seguridad pública, “debido a que las funciones de la policía militar y del ejército mexicano se enfocan a dar cumplimiento a las cinco misiones estipuladas para las fuerzas armadas en el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”.
Pero las respuestas estaban incompletas.
Las contradicciones del Ejército
Un recurso de revisión llevó a la Sedena a declarar que “La Secretaría tiene convenios para que personal militar proporcione apoyo a la estructura de seguridad pública en los estados de Michoacán, Nuevo León, Durango y Sinaloa”; sin embargo, atendiendo el sentido de la solicitud, señaló que se encontraba imposibilitada para proporcionarlos, toda vez que éstos contienen una cláusula en la cual se consideran como documentos reservados.
Más adelante, informa el documento en poder de Ríodoce, en una audiencia de la Sedena, se informó que no existen dichos convenios:
“Que los convenios celebrados entre el gobierno federal con los estados de la República correspondientes al año 2017 aún no se han suscrito, ello derivado de que se requiere un análisis de la problemática de cada caso concreto”, se citó.
“Que la suscripción del convenio está precedida por una solicitud de los estados de República a la Secretaría de Gobernación para requerir apoyo para la atención de una problemática; posteriormente dicha Secretaría gira la instrucción correspondiente a la Secretaría de la Defensa Nacional para que valore el requerimiento y en su caso en coordinación con las entidades federativas se desplieguen los elementos militares para atender la eventualidad concreta, por lo que, es durante el transcurso del año que se consensuan y firman los convenios con los estados, situación que para el año 2017 no ha ocurrido”, se informó.
La respuesta fue recibida en redacción el 22 de mayo de 2017.
Respecto a los criterios que utiliza la Sedena para sus operaciones en los estados, tampoco cuentan con uno definido:
“Que en el caso de los criterios para las operaciones, no se cuenta con criterios específicos para su desarrollo en los estados, pues depende de las condiciones de cada caso la implementación de estrategias para brindar el apoyo correspondiente”.
Se agregó que para el apoyo brindados en los estados, no se crean como tales brigadas especiales, sino que únicamente se asigna personal militar, de acuerdo a las necesidades del caso concreto.
En el proceso de la obtención de información, se hizo necesaria la celebración de una nueva audiencia de acceso a la información con la Sedena para que se exhibieran, a manera de ejemplo, algunos de los convenios celebrados entre la Secretaría y los estados durante el año 2016.
De esa manera, se tuvieron a la vista los convenios, se informó durante la audiencia, el representante de la Sedena informó que hay dos supuestos por los cuales se puede desplegar personal en los estados.
El primero corresponde al apoyo que se brinda a las comandancias de las regiones o zonas militares de la propia Secretaría, el cual no se encuentra precedido por convenio alguno, en tanto que es parte del despliegue operativo que se realiza. El segundo se produce cuando existe una petición por parte de un estado, caso en el cual sí se firma un convenio.
El segundo supuesto es que el personal que apoya en los estados se organiza como una unidad circunstancial y no así como brigada.
Entre los ejemplos de convenios exhibidos por personal militar, los anexos establecen que se incluye el personal efectivo que brindará el apoyo, indicando el número de personal dividido por grados. Adicionalmente se precisa que los efectivos pueden ser relevados y que sus actividades se llevarán de acuerdo a las necesidades que señale el gobierno del estado.
Para el caso del convenio de La Laguna —se ejemplificó— adicionalmente se establece el número de efectivos de acuerdo a los grupos creados.
En este mismo convenio se establece que podrá nombrarse a un coordinador estatal para agilizar la coordinación, los cuales deben ser debidamente evaluados de conformidad con la normativa de control de confianza.
Para el caso del convenio del estado de Nuevo León, el personal también se desglosa por el número de elementos por grados que serán asignados al del Centro Coordinador de la Región Militar.
En 2016, a las entidades que formalizaron un convenio se les definió además la tabla de percepciones por concepto de estímulos económicos extraordinarios que el gobierno del estado otorgará al personal militar, desglosado por grados y monto mensual. Asimismo se establece que los montos podrán aumentar conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y el Producto Interno Bruto.
Precisa los apoyos brindados por parte de la Sedena en cuanto a armamento, municiones y vestuario y equipo. No se describe el número y característica, únicamente se señala que el personal portará su armamento, municiones, vestuario y equipo. Asimismo se indica que en caso de urgencias médicas se debe trasladar al personal a la instalación hospitalaria más cercana con la capacidad de dar la atención.
Los anexos incluyen a detalle el apoyo en alimentación, vehículos, comunicaciones y combustibles que recibirán los militares, y adicionalmente se prevé el respeto a los periodos de vacaciones, licencias y permisos, la contratación de seguro contra responsabilidad y que proporcionará capacitación.
Finalmente se incluye un apartado de erogación de recursos que prevé que el gobierno del estado se obliga a proporcionar recursos provenientes de la hacienda estatal y que se deberá complementar los gastos con los recursos que se requieran.
Pero Sinaloa está fuera de esos ejemplos y de la celebración de convenios, tal y como lo están el resto de los estados donde hay operaciones militares “en apoyo a los gobiernos locales”.
