Sin reglamento, opera con desorden
En 2022 la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas destinó 18 mil 501 pesos en la compra de un árbol de navidad y accesorios de la temporada decembrina.
El gasto fue observado por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, quien determinó que esas compras no corresponden a las actividades propias de la Comisión.
El registro de la observación como un daño o perjuicio al patrimonio está contenido en el Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de los Recursos Públicos a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas en el año fiscal 2022.
El informe reportó las conclusiones de la fiscalización de una muestra de 5 millones 334 mil pesos del presupuesto de 2022.
En la fiscalización se revisaron el ejercicio de recursos públicos por concepto de Ayudas Sociales a Personas, sobre la cual la ASE promovió un pliego de observación al presumirse un daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, por haber realizado pagos por concepto de ayudas para gastos funerarios, gastos hospitalarios, pagos de edictos, revisión de expedientes, entre otros apoyos, sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa.
De acuerdo con la ASE, cada expediente de ayuda debería estar integrado por la solicitud de apoyo, documento que justifique el motivo por el cual fue otorgado, Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), identificación oficial del beneficiario firmada o en su caso con huella dactilar y recibo firmado por el beneficiario o cualquier otro documento que acredite la recepción del apoyo otorgado durante el ejercicio fiscal 2022.
La ASE también encontró irregularidades en el gasto de 19 mil 140 pesos por haber realizado pagos por concepto de mantenimiento, sin contar con la evidencia justificativa que acredite la recepción de los servicios pagados.
Encontró también inconsistencias en el apartado de servicios de traslado y viáticos, por 5 mil 828 pesos, que se pretendieron justificar ante los auditores de la ASE con comprobantes fiscales de medicamentos, honorarios y consulta médica, alimentos; sin embargo, los documentos presentados no corresponden en el importe y la fecha de emisión con la fecha de la comisión.
Adicionalmente la ASE encontró inconsistencias en sus registros financieros, ya que detectó que 76 mil 133 pesos etiquetados como servicios generales, cuando de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental debiesen haberse registrado en las cuentas de materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, alimentos y utensilios, herramientas y refacciones y arrendamientos.
La ASE detectó también compra de combustible sin cubrir la debida normatividad ya que, al revisar, los auditores encontraron que 3 mil 200 pesos de gastos en este rubro, no cuentan con documentos que acrediten la recepción y entrega del combustible.
En el dictamen general respecto de la muestra auditada, la ASE determinó recuperaciones probables por 324 mil 379 pesos principalmente por los pagos realizados sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
Entre las debilidades financieras, la ASE encontró que la Comisión no contó con un Órgano Interno de Control en 2022, tampoco cuenta con un reglamento interior que regule la estructura, organización, funciones y atribuciones del organismo.
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Organización financiera básica no existe, como el registro contable de los pagos por concepto de nómina realizados a los trabajadores. Tampoco se cumplió con la obligación de publicar la información establecida en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Además, que los estados financieros no reflejan la situación real del organismo.
La Comisión fue creada en 2014 como un organismo con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión.
El objetivo fundamental de la creación de esta comisión fue garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, protección, atención, la verdad, la justicia, y la reparación integral.
Artículo publicado el 03 de septiembre de 2023 en la edición 1075 del semanario Ríodoce.
