El asesinato de Octavio Atilano Román Tirado podría estar relacionado con el proceso de indemnizaciones millonarias a comuneros y habitantes de los pueblos desplazados por la Presa Picachos, sentenció el ex alcalde de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna.
Han pasado más de tres semanas desde que un par de sujetos entró a una cabina de radio y asesinó, frente a su hija de nueve años, al líder de los comuneros.
En su despacho de la Dirección General de CONALEP, Higuera Osuna destaca que se trata de la primera ocasión que platica con un medio de comunicación sobre el atentado que le arrebató la vida a Román Tirado.
Y sin tapujos lo admite de inmediato: Atilano era más que un líder social, para él era su amigo.
Apenas 15 días antes de su muerte, Atilano se había reunido con Alejandro. El líder le había externado su preocupación por los documentos que no había firmado el actual alcalde, Carlos Felton González, retrasando con ello los permisos para la pesca de tilapia en la presa.
En las últimas manifestaciones y plantones que protagonizaron los “picachos” afuera de CONAPESCA, los permisos se concedieron pero no sólo a ellos; la dependencia otorgó nuevos permisos a otras cooperativas de Concordia.
En ese contexto, la mañana del sábado 11 de octubre, la historia de los comuneros desplazados por la Presa Picachos, una historia que inició hace más de 10 años, tomó un giro sangriento y trágico.
“Yo conocí a Atilano sin ser el líder”
“Atilano fue un hombre de ideas muy claras, muy comprometido con la gente, con un liderazgo muy fuerte que le costó muchas horas de intranquilidad, de zozobra y que al final, le costó la vida”, describe Higuera Osuna.
El tres veces alcalde de Mazatlán se remonta a los inicios del movimiento. Recuerda que fue en su segunda administración, durante el periodo del 2005 al 2007, cuando tuvo que asumir un acompañamiento con los pueblos de la sierra mazatleca que serían desplazados: San Marcos, La Puerta de San Marcos, El Placer y Los Copales.
El priista Miguel Ángel García Granados es atraído a la historia. Higuera cuenta que su rival de contiendas políticas, luego de perder por primera vez la alcaldía, fue designado por Jesús Aguilar Padilla como el enlace del gobierno estatal con los pueblos.
“Yo conocí al Atilano sin ser el líder, había mucha relación porque somos del mismo pueblo, él un poco más chico que yo, dos o tres años. Las circunstancias mías en la política me colocan como alcalde con el tema de apoyar el movimiento social. Acudimos (él y García Granados) a las asambleas en cada uno de los pueblos, donde se decidió de manera unánime la inundación”, relata el ex alcalde mazatleco.
Y es a partir de ahí, agrega, que se originó el sí para la Presa Picachos, en el 2005.
“Desde ahí comienza todo el acompañamiento porque era mi obligación como presidente municipal, en una obra que le iba a cambiar la vida a la gente de Mazatlán el alcalde no podía estar ajeno”, continúa.
El proceso siguió, llegó la construcción de los nuevos pueblos, la asignación de las casas, la inundación y también las indemnizaciones.
“En el tema de las indemnizaciones ahí hay mucho todavía que explicar y hay mucho que se tiene que decir y conocer públicamente. El proceso para las indemnizaciones fue incorrecto, fue desaseado, fue muy desaseado”, expone Higuera Osuna.
Indemnizaciones, posible línea de investigación
“Las tripas de eso las desconozco”, dice el alcalde, pero se muestra enfático al destacar que detrás del crimen de Atilano Román pudieran estar relacionadas las indemnizaciones por la expropiación de la tierra.
“Creo que una línea de investigación sobre el asesinato tiene que ver, pudiera ser el tema de las indemnizaciones. Se manejan muchas cosas, muchas que no son ciertas, pero como todo está documentado, a raíz de ahí pueden encontrar alguna información”, señala.
Y es que asegura que durante la asignación de recursos “se relajaron las conductas” en ambos lados. No hubo un padrón de beneficiarios, se indemnizó a quienes no vivían en los pueblos, se pagó de más y también se pagó de menos.
“Había dos afectados, los dueños de la tierra que eran los comuneros, y los que no eran comuneros pero que vivían en el pueblo. La parte de los comuneros no se podía cambiar porque hay un Registro Nacional Agrario, pero donde había problema era en decir cuántos vecinos viven en el pueblo”, explica.
“De repente nos dimos cuenta que había gente que se ponía de paracaidista, hacia una casa de lámina y le tomaba fotos y la indemnizaban. Ese tipo de cosas se dieron”, cuenta el ex presidente municipal.
Más allá del asesinato de Atilano Román, Higuera Osuna destaca que en torno a la Presa Picachos y sus desplazados, aún hay temas pendientes.
“No podemos olvidar que al termino del sexenio de Aguilar se contrató un crédito de 200 millones de pesos que fue pedido y aprobado para finiquitar las indemnizaciones y no fue cierto, porque todavía hay demandas en los tribunales federales de la materia”, indica.
“Siempre hemos pedido que se realicen investigaciones, que se haga una auditoría para que a cada quien se le finquen responsabilidades o se diga a quién se le pagó cada cosa”, cuestiona.
Pero Higuera Osuna tampoco descarta que en el asesinato de Atilano pudiera estar relacionado el crimen organizado, ese que cohabita entre los pueblos de la Picachos.
Por su ubicación geográfica, los pueblos de la sindicatura de La Noria están inmersos en los ritmos del crimen organizado y la presa podría ser utilizada como un canal de navegación para grupos delictivos, admite el ex alcalde originario de la sierra mazatleca.
“No podemos ocultar una realidad, aunque a muchos nos les gusten estos temas, sí es una zona conflictiva. Toda esa zona es una zona caliente, hay flujo de personas, hay flujo de armas. Puede la presa ser un canal de comunicación rápida para el traslado de ciertas mercancías, puede ser, y alguien que está pescando que nada tiene que ver con el tema, sí se han dado problemas en el pasado”. señala.
“Merecemos saber la verdad”
“No los podía dejar solos, no los debía dejar solos”, dice Higuera Osuna al recordar una de las ocasiones en las que Atilano Román y otros comuneros fueron detenidos por la Policía Ministerial del Estado y encarcelados en el penal durante varias semanas.
A pesar de ser alcalde, a Higuera Osuna no se le permitió ver a los comuneros sino hasta una semana después. El capítulo de Atilano, doña Tencha y el hermano del comisario, encerrados en prisión por bloquear las vías de comunicación, pareciera volver a vivirlo mientras lo relata.
“Esa escena me quedé de por vida con ella”, cuenta.
Y no los dejó solos. En el hospital, en la funeraria y en el entierro del líder que encabezó uno de los movimientos sociales más fuertes de la última década en Sinaloa, sólo el ex alcalde de Mazatlán estuvo presente.
“Yo he estado asistiendo a la familia, a sus tres hijos, porque los veo como de la familia. La verdad es que sí te quiebra muchas cosas, porque más allá del tema social, más allá de lo que fue Atilano, el ver sufrir a la familia, a unos hijos, a una niña de nueve años que no lo entiende, ¿cómo en su mundo puede entender eso?”, reclama.
–¿Tiene confianza en que se va a esclarecer el asesinato?
–La autoridad debe de esclarecerlo, era un líder social, la forma como lo asesinaron fue de la manera más salvaje, delante de su niña de nueve años, delante de su esposa. Es una situación que por salud pública se tiene que esclarecer, tanto los que dispararon las armas como los que ordenaron que esas armas se dispararan.
Un proveedor consentido
¿Usted tenía inversiones con Atilano, relaciones de negocios?, se le cuestiona a Alejandro Higuera Osuna, ex alcalde de Mazatlán.
Cero, cero. La única inversión fue la amistad de muchas generaciones, responde el tres veces alcalde.
Sin embargo, aunque las relaciones de negocios no eran personales, como asegura Higuera Osuna, el líder asesinado fue proveedor del ayuntamiento de Mazatlán durante los últimos dos trienios del panista.
La empresa Impermex, propiedad de Atilano Román, pero registrada a nombre de su hermana Mauricia Guadalupe Román Tirado, y en años pasados a nombre de su hijo Octavio Román Ponce, facturó al ayuntamiento de Mazatlán por la venta de pintura vinílica y maquinaria para pintar las calles del municipio.
Sólo en el último trienio de Higuera Osuna, de 2011 a 2013, se contrató a Impermex 15 millones 927 mil 611 pesos.
De acuerdo con la información del portal de transparencia del ayuntamiento de Mazatlán, cada quincena, la empresa recibió sumas que van desde los 200 mil hasta los 500 mil pesos.
En el 2013 facturó cinco millones 145 mil 806 pesos; en 2012, Impermex le vendió a la comuna cinco millones 979 mil 875 pesos, y en 2011 sumó cuatro millones 801 mil 930 pesos.
“La familia de Atilano, empresarios de muchos años, son dueños de una marca y una fábrica de pintura. Atilano era un proveedor, un empresario local, como muchos empresarios. Los últimos 20 años fue proveedor del ayuntamiento, el hecho de que haya sido conocido mío cuando llegue al gobierno no cambió nada, él ya había sido proveedor”, explicó Higuera Osuna.
Y en efecto, de acuerdo con el portal transparencia.mazatlan.gob.mx, la empresa Impermex también fue proveedora del gobierno priista de Jorge Abel López Sánchez pero contrató cantidades mucho menores.
Durante el periodo de 2008 a 2010, López Sánchez contrató a la empresa del líder de los comuneros de la presa Picachos, pero sólo realizó cuatro pagos en diciembre de 2009 y marzo de 2008.
En el trienio priista, la empresa registrada a nombre de Octavio Román Ponce recibió sólo 264 mil 226 pesos.
En el 2009, la empresa de pinturas vinílicas le vendió al gobierno municipal 37 mil 247 pesos y en el 2008, fueron 226 mil 952 pesos.
De 2010 no hay registros de pagos.
“Los últimos 20 años él era proveedor del ayuntamiento. El producto que él vendía, la pintura amarilla para pintar camellones, era un producto a muy buen precio que no se puede conseguir con cualquier proveedor. No se hizo Atilano empresario en base de que yo llegué al gobierno, ya ve que es muy común al calor de los alcaldes se hacen empresas, pero esa es una empresa que ya existía y sigue existiendo”, enfatizó Higuera Osuna.
En el segundo trienio del panista, de 2005 al 2007, la empresa Impermex, a nombre de Octavio Román Ponce, le vendió a la comuna mazatleca 14 millones 111 mil 752 pesos.
En el 2007, facturó cinco millones 999 mil 263 pesos; en el 2006, la cifra alcanzó cinco millones 213 mil 129 pesos y en el 2005 fue de dos millones 899 mil 360 pesos.
En los datos del último trienio que está disponible para su revisión en el portal de Internet, se detectó que la empresa de Román Tirado le vendió al ayuntamiento de Mazatlán, durante la administración de 2002 a 2004, seis millones 802 mil 702 pesos.
Las ventas de Atilano a la comuna:
Alejandro Higuera Osuna (2013-2011) – 15 millones 927 mil 611 pesos.
Jorge Abel López Sánchez (2010-2008) – 264 mil 226 pesos
Alejandro Higuera Osuna (2007-2005) – 14 millones 111 mil 752 pesos.
Jorge Rodríguez Pasos e interinos (2002- 2004) 6 millones 802 mil 702 pesos.
