Un tribunal alemán condenó al fabricante de armas alemán Heckler & Koch a una multa de 3.7 millones de euros (4.2 millones de dólares) y a dos ex empleados a penas de libertad condicional de 22 y 17 meses por violar la ley que regula la venta de armas a países en conflicto con la exportación de fusiles a México. Otros tres ex empleados —dos de ellos directivos— fueron absueltos, según detalla el tribunal en un comunicado.

El País informó que la sentencia de la Audiencia provincial de Stuttgart, que llega después de cerca de una década de proceso, se refiere en concreto a la venta al Ministerio de Defensa de México de varios miles de rifles de asalto G36, pistolas y accesorios entre 2006 y 2009.

La Secretaría de Defensa Nacional mexicana distribuyó las armas por los estados de Guerrero, Chiapas, Jalisco y Chihuahua, zonas vetadas por Alemania para realizar exportaciones debido a la falta de garantías de respeto de derechos humanos. El tribunal resolvió que los dos ex empleados utilizaron para la exportación certificados obtenidos fraudulentamente gracias a información incorrecta de la cual se tenía conocimiento basada en declaraciones poco fiables de las autoridades mexicanas sobre el destino de las armas.

Los ex empleados condenados son un jefe de ventas y una administrativa que además de la pena de libertad condicional deberán abonar una multa de 80 mil euros y realizar 250 horas de trabajos comunitarios respectivamente. El origen de la investigación fue la denuncia en 2010 del activista alemán Juergen Graesslin, quien asegura que en esos estados mexicanos las fuerzas de seguridad no están exentas de vínculos con el narcotráfico.

Tras 10 meses de juicio, el interrogatorio a numerosos testigos y el examen de numerosos documentos, el tribunal regional concluye que “el fabricante de armas exportó 4 mil 219 rifles de asalto, dos pistolas y mil 759 cartuchos a México, donde fueron vendidos por la oficina de suministros central a los Estados de Jalisco, Chiapas, Chihuahua y Guerrero”. Los jueces consideran que los condenados sabían que la información ofrecida por las autoridades mexicanas acerca del destino final de las armas no era fiable.

En el estado de Guerrero, al sur de México es precisamente donde en 2014 desaparecieron 43 estudiantes de una escuela en el municipio de Iguala, en circunstancias aún por aclarar. Desde entonces, no han cesado las especulaciones sobre la posible utilización de las armas alemanas en la tragedia de los estudiantes. El tribunal alemán aclara sin embargo, que “el objeto del caso es exclusivamente la exportación ilegal de armas. Lo que pasara después con esas armas no es competencia de este tribunal”, explicó vía telefónica a El País un portavoz desde Stuttgart.

La empresa condenada considera en un comunicado que el hecho de que no se condenara a ningún directivo “debería haber sido considerado” a la hora de emitir el veredicto. Heckler & Koch cree que los jueces no han tenido suficientemente en cuenta “la investigación y la plena cooperación” de la empresa, que asegura haber entregado a los investigadores un informe de 100 páginas sobre lo sucedido. Por último, explican que han realizado “cambios fundamentales para evitar incidentes lamentables en el futuro”.

Heckler & Koch es una gran empresa de armamento con un beneficio de 200 millones anuales y que tiene su sede en Oberndorf am Neckar, en el estado de Baden-Württemberg, al suroeste del país.

La sentencia de Heckler & Koch aterriza en un momento de intenso debate en Alemania sobre el cese de venta de armas a Arabia Saudita tras el asesinato del periodista crítico con el régimen, Jamal Ahmad Khashoggi. Socios europeos, entre ellos Reino Unido han expresado su malestar por considerar que el boicoteo alemán supone un freno para otros países con los que Alemania coopera en materia de defensa.