Francisco Sarabia/ Ciudad de México

Académicos, investigadores y sociedad civil están convocando a la población mexicana a una discusión pública nacional para debatir, analizar y en su caso, frenar la Ley de Aguas Nacionales que de ser aprobada por el Congreso de la Unión, dejará en manos de empresas privadas el uso y manejo del agua, con el riesgo de excluir de este derecho a un número importante de mexicanos en condición de pobreza que deberán pagar por consumirlo, a pesar de ser derecho humano universal.

Para el investigador de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez Rivas, en México, igual que en otros países de América Latina, se libra una batalla campal contra el modelo económico neoliberal que ha desatado una escalada de procesos neo extractivos.

“México enfrenta un problema sumamente crítico, porque de ser un bien común y de libre acceso a los mexicanos, el recurso agua corre el riesgo de entregarse para su administración y comercialización a firmas multinacionales”, agrega.

Advierte el investigador que en esta Ley de Aguas Nacionales, “se percibe el interés de darle a las empresas privadas extranjeras el privilegio de apropiarse de regiones completas para ejercer un control desmedido en el uso y manejo del agua”.

La propuesta, agrega, es promovida por los partidos Verde (PVEM), Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), y ubica a los ciudadanos como simples consumidores y no como personas con derechos.

“No contempla ni calcula la estrecha relación que hay entre el agua y las cuencas, los bosques y los grupos humanos, y pareciera que el agua es un recurso infinito que se puede mover de un lugar a otro por su valor económico. Y encima de ello se asegura de que los usuarios paguemos por todos los servicios relacionados, no solamente por consumirla sino por los costos de exploración, traslado y tratamiento”.

La iniciativa de Ley de Aguas establece además que solo los asentamientos, y no las personas, serán los titulares del derecho al agua. Promueve que los privados desplacen a las personas y se apropien de los ríos y cuencas hidrológicas. Esto significa que hay una clara actitud discriminatoria en toda la propuesta legislativa.

El doctor en Derecho Humano señala que en este intento de privatización del agua en México, las empresas multinacionales están invirtiendo en la construcción de represas e hidrovías, así como en la desviación de ríos de sus cauces naturales, para abastecer zonas donde se localizan los grandes corredores industriales, agroindustrial y urbano, sin importar el impacto socioeconómico para las comunidades indígenas y campesinas.

Estas comunidades rurales, advirtió, se verán obligadas a emigrar en masa, y perderán territorios y recursos naturales. Además, propiciará la concentración de grandes extensiones de superficie cultivable productiva en manos de estas multinacionales, como ocurrió ya en países de Sudamérica.

“Estas condiciones de desventaja que tendrán los agroexportadores mexicanos impactarán en la competitividad internacional, ocasionando que estas limitaciones se compensen con una reducción en los costos de la mano de obra salarial, entre otros”.

Esas mismas hipótesis las han hecho pública otros estudiosos del tema como Tony Clarke, del Polaris Institute en Canadá, quien durante sus visitas a México sostuvo que en países como Chile, donde los proyectos mineros, de agro exportación e industriales, provocaron niveles alarmantes de contaminación de los mantos acuíferos.

“Las compañías multinacionales se apropian de las redes de distribución y plantas purificadoras de agua potable estableciendo sus tarifas y condiciones sobre la comercialización de un recurso público y vital que con todo y que fue decretado en octubre de 2012 como un derecho humano, está siendo expropiado y ofertado como una mercancía más”, indica.

Expone que otra de las modalidades presentes en este proceso de apropiación del agua es el negocio del embotellamiento. Además, la obsolescencia y falta de mantenimiento cada vez mayor en las redes públicas de distribución del agua, derivado del desinterés por atender los servicios públicos en los programas y políticas presupuestales, ha creado las condiciones para que un puñado de empresas con capital local y trasnacional controlen el servicio de agua embotellada.

Entre estas empresas multinacionales que controlan el negocio del embotellamiento del agua potable se encuentran Cocacola, Pepsico, Nestlé y Danone.

“Aunado a los privilegios de orden legal que les otorgan los gobiernos de distintos niveles, estas empresas destinan cantidades millonarias en tecnología para extraer el agua desde mayores profundidades y darle un tratamiento especial para su purificación por encima del estado en que se obtenga.

De acuerdo con datos publicados por la CEPAL, Chile y Argentina son los países sudamericanos en donde se consume el agua más cara y ambas naciones han dejado en manos del capital privado el uso y manejo del líquido.

Para las multinacionales europeas y estadunidenses, América Latina es un filón importante para sus intereses porque en esta zona se concentra el 47 por ciento de las aguas dulces —superficiales y subterráneas—, del mundo.

Aunque se tiene el mayor volumen de agua dulce per cápita, con 20 por ciento del total mundial, la población del continente sólo accede al uno por ciento. Esto significa que la región de América Latina es la de mayor reparto desigual en el uso y acceso al agua, según Maude Barlow, activista canadiense sobre los derechos del agua y referente mundial en este tema.

Gutiérrez Rivas expone que un grupo de académicos y organizaciones sociales están empujando una iniciativa de ley que garantice a la sociedad el abasto del agua para la vida y para el futuro.

“La iniciativa ciudadana está orientada a poner a las personas y a la naturaleza en el centro del universo y darle el valor al ser humano. El agua es esencial para la vida el hombre, nada existiría sin ella: la naturaleza, el hombre, los animales. Al volverla mercancía, sólo los que pueden pagar tienen acceso a algo indispensable para vivir”, concluye.