Los años más álgidos de la violencia en Sinaloa se enfrentaron con policías sin perfil policíaco y no aptos, de acuerdo a los criterios de control de confianza. En ese periodo de “guerra” contra el narcotráfico, importaba más la cantidad, que la calidad.
Así lo expusieron el Secretario de Seguridad Pública y el Procurador de Justicia del Estado, durante la comparecencia que sostuvieron ante diputados del Congreso Estatal, en la cual justificaron la postergación y falta de previsión en la depuración de las fuerzas policíacas en Sinaloa.
Pese a que en el discurso político, la depuración policíaca se presentaba como una de las principales estrategias de seguridad y combate a la corrupción del ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en Sinaloa se combatía al crimen con policías probablemente relacionados con el crimen organizado, consumidores de narcóticos y sin perfil.
“Sí bien, es cierto que lo íbamos sabiendo (resultados de evaluación) conforme el Centro nos iba informando, también era cierto que decíamos ‘pues ahorita tenemos que cuidar la cantidad’. No era posible (depuración), teníamos la obligación por la situación que se estaba viviendo en Sinaloa”, justificó Genaro García Castro, secretario de Seguridad Pública del Estado.
Ahora, los dos mil 518 policías que hace tres años fueron calificados como no aptos por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, tendrán una segunda oportunidad para revaluarlos, debido a que sus exámenes caducaron sin que fueran despedidos.
Según las cifras oficiales, de un universo de tres mil 751 policías no aptos en Sinaloa, desde municipales, estatales preventivos, servicios de protección, custodios, ministeriales, peritos y agentes del ministerio público, sólo mil 233 serán despedidos y el resto, dos mil 518, serán reevaluados.
De acuerdo con las cifras precisadas por los titulares de las dependencias, en la Secretaría de Seguridad Pública hay 266 elementos no aptos, mientras que la Procuraduría de Justicia del Estado tiene 135, mientras que el resto se trata de fuerzas municipales.
Las cifras, diferentes a las que habían revelado anteriormente las autoridades en diversas entrevistas, fueron presentadas en la reunión que ambos funcionarios sostuvieron con diputados integrantes de las comisiones de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, el pasado miércoles.
Depuración no afecta las corporaciones
El procurador de justicia Marco Antonio Higuera Gómez y García Castro, sostuvieron que la depuración no afecta el estado de fuerza de las corporaciones y no pone en riesgo la seguridad de Sinaloa.
Ambos funcionarios presentaron cuadros comparativos del número de elementos recibidos al iniciar el sexenio de Mario López Valdez, el total de policías con los que se cuenta actualmente y cuántos quedarán una vez que se despida a los elementos.
“Yo no me preocupo, con este estado de fuerza debo decirles que enfrentamos una inseguridad muy marcada. La situación del 2010 la comparamos ahora en estos momentos y si llegara a darse una baja no tuviera repercusión alguna”, defendió el procurador.
Según las cifras de la procuraduría, en 2010 había mil 213 elementos, de los cuales 461 eran policías ministeriales, 243 de unidades especiales, 338 ministerios públicos y 171 peritos.
Al cierre del 31 de octubre de 2014, la procuraduría está conformada por mil 365 elementos: 539 policías ministeriales, 235 de unidades especiales, 328 ministerios públicos, 169 peritos y 110 policías ministeriales acreditables, una figura que no existía en el 2010.
Según el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, en la Procuraduría hay 135 elementos no aptos: 65 policías ministeriales, 29 de unidades especiales, 27 ministerios públicos y 14 peritos.
“Esa inseguridad, esa preocupación que se pueda tener de que vamos a quedar con el área de seguridad pública desmantelada es sólo una percepción. La seguridad del estado no se va a mover estrepitosamente como se pudiera pensar”, enfatizó García Castro.
En la Secretaría de Seguridad Pública Estatal hay 358 policías estatales acreditables, 978 de servicios de protección y 472 custodios, 17 de los cuales son acreditables.
Además, agregaron que a finales de este mes, a las corporaciones se sumarán 29 policías ministeriales, 17 custodios y 17 policías estatales, todos acreditables.
Insuficiencia presupuestal
El recurso para liquidar a los policías no aptos tampoco es problema, según los titulares de las corporaciones policíacas.
Aunque el gobernador Mario López Valdez ha admitido la preocupación por la falta de 300 millones de pesos para indemnizar a los policías no aptos, Higuera Gómez y García Castro defendieron la suficiencia presupuestal en sus áreas.
El secretario de Seguridad Pública dijo que son los municipios quienes enfrentan este capítulo con mayor indefensión en el tema económico.
Explicó que la federación se ha mostrado flexible en permitir que el Estado redireccione recursos de programas federales como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y el SUBSEMUN.
En el caso de los municipios, los siete municipios que reciben recursos del SUBSEMUN podrán utilizarlos en la liquidación de sus policías, mientras que el resto tendrá que buscar el dinero de su gasto corriente.
Otra opción, explicada por García Castro, será que los municipios reubiquen a sus elementos hacia las áreas de seguridad privada con las que cuentan las corporaciones municipales.
Para considerar la jubilación anticipada como una opción, García Castro e Higuera Gómez urgieron a los diputados a modificar la ley de de Seguridad Pública del Estado, la cual establece 15 años de antigüedad y 55 años de edad para jubilarse.
El titular de la seguridad en Sinaloa explicó que la principal problemática en este aspecto es que los policías no aptos que tienen 15 años de antigüedad cumplidos aún no cuentan con la edad estipulada en la ley.
“Si se modifica la edad biológica de los elementos de seguridad pública, van a reducir como un 50 por ciento del problema de los policías no aptos, hablando de mi área. Ojalá nos ayuden con la vía legal”, solicitó García Castro a los legisladores.
Los funcionarios garantizaron que todos los policías no aptos tienen derecho a que se lleve a cabo un procedimiento administrativo para determinar su estado laboral, mientras tanto continuarán en su puesto y recibirán su salario.
Sin embargo, instantes después de que concluyera la comparecencia de los funcionarios, Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, representante legal de los policías despedidos, alzó la voz para exigir que se le permitiera participar en la reunión.
El abogado acusó que se había establecido un compromiso de permitirle manifestar, ante los diputados y los titulares de las corporaciones, la problemática real que enfrentan los policías.
Mientras el abogado se expresaba, el procurador Marco Antonio Higuera Gómez abandonó el lugar, seguido de varios diputados. En la reunión sólo permaneció el Secretario de Seguridad Pública y otros legisladores que volvieron a tomar sus sillas de las que ya se habían levantado.
Mendoza Saucedo acusó que contrario a lo expuesto en la reunión, hay policías ministeriales que fueron separados de su cargo y no reciben su salario, aunque el proceso administrativo todavía no concluye.
El representante legal pidió a los diputados y García Castro que se cumpla con los compromisos que hasta el momento se han asumido y no se deje indefensos a los elementos policíacos.
Cifras oficiales:
3 mil 751 policías no aptos tiene Sinaloa
2 mil 518 serán reevaluados
1 mil 233 serán despedidos
