Servicios de Protección… a malandros

La detención de un presunto operador del Cártel de Sinaloa, ahora Rubén Genaro Roacho Aros, Genaro Payán Aros o como se llame, vuelve de nuevo a salpicar al Gobierno del Estado.

La Marina Armada de México solo dio un pellizco al cártel más poderoso del mundo, pues el detenido es un operador de poca monta, pero también aprehendió a tres de sus custodios, que son policías activos de la Secretaría de Seguridad Pública, adscritos a la Dirección de Servicios de Protección (DSP), organismo que vende servicios de seguridad a empresas y personas.

Así que el golpe (¿sin quererlo?), fue más para el Gobierno estatal que para el Cártel de Sinaloa, entidades, una y otra, que se entrecruzan en diversos momentos y ámbitos desde hace lustros.

Detienen a Joaquín Guzmán Loera en un edificio de condominios en Mazatlán, y resulta que ahí mismo tiene un departamento un operador del Cártel, Antonio Mandujano Eudave, que meses después es detenido en España. Luego sale a la luz que el gobierno estatal le había vendido a este mismo personaje un terreno en el Parque Bonfil, donde el “empresario” construyó unas bodegas.

La semana antepasada detiene la Marina a Mauricio Gaxiola Hernández en Isla Paraíso, operador financiero del mismo cártel, y se tiene que en esa misma torre tienen condominios varios funcionarios estatales o, al menos, reconocido por ellos mismos, es uno de sus lugares para descansar. Demasiada coincidencia en un mundo tan desconfiado.

Desde hace muchos años la Dirección de servicios de Protección se ha visto involucrada en actividades turbias, no solo relacionadas con el ámbito estrictamente policiaco, sino también administrativo, denunciadas en su tiempo ante el Congreso del Estado, evidenciando al manoseo de los dineros que ingresan a esta dependencia por los servicios que presta.

El primer aviso de la oscura relación entre esta dependencia y el narcotráfico ocurrió en el sexenio de Juan Millán Lizárraga, cuando fue asesinado el narcotraficante Víctor Portillo, un hombre oriundo de Los Sitios, Badiraguato, que había hecho “empresa” en el centro de Sinaloa, fundando, entre los negocios que se le conocieron, la “Agrícola Portillo”.

Al narcotraficante se le daban las relaciones públicas. Se unió familiarmente con más de algún prominente miembro de la clase política y fue de los primeros en obtener beneficios del Gobierno estatal, a través de la Dirección de Servicios de Protección, algo que al final no le sirvió de gran cosa. Una mañana fue levantado junto con dos escoltas que pertenecían a esta dependencia. Los tres aparecieron muertos ese mismo día.

Había adquirido, en el mismo sexenio de Juan Millán, múltiples propiedades en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, que quedaron a nombre de su esposa e hijos. En una de ellas construyó un edificio de departamentos ubicado por el bulevar Francisco Labastida, a unos metros del puente Morelos.

Y quién sabe si sea mera casualidad, pero durante años Juan Sigfrido Millán Lizárraga tuvo en el tercer piso de ese edificio un departamento que usaban él y su hermano Enrique.

No hay pudor. Cuando Mario López Valdez ganó la gubernatura, el mismo departamento le fue prestado por el ex gobernador al actual secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, quien estuvo viviendo ahí ya como funcionario público, hasta que encontró acomodo en otro lugar.

 

***

 

La Dirección de Servicios de Protección nunca ha sido cuestionada como tal, por su   existencia misma, sino, en algunas ocasiones, por la turbiedad con que se ha manejado sus operaciones. Ni por el Congreso del Estado. Los empresarios que se dedican a vender seguridad tampoco, aunque pudieran alegar, por lo menos, competencia desleal. Y es que, en su mayoría, muerden de una y otra forma la reglamentación que las rige, compensadas sus fechorías con sobornos a la Secretaría General de Gobierno.

Tenía poco de haber asumido la gubernatura Jesús Aguilar Padilla, cuando otro hecho alertó sobre la mugre que habitaba la DSP. El 13 de julio de 2005, cuando circulaban por la avenida Álvaro Obregón, entre Constitución e Ignacio Ramírez, en Culiacán, fue muerto el narcotraficante Julio César Beltrán Quintero. Lo acompañaban cuatro elementos de esa Dirección quienes también fueron asesinados. Pero salvo el cambio de director, Juan Manuel Zarco, no hubo ningún cambio. Un año después el Ejército detendría a cuatro policías de la misma dependencia custodiando un camión con 35 kilogramos de “cristal” y dos de cocaína. En otro hecho tempranero del sexenio, agentes de la DSP fueron involucrados en la fuga de nueve reos del penal de Culiacán, cuando se introdujeron, dizque a una revisión. Los reos salieron vestidos de policías.

 

Bola y cadena

HAY MUCHOS ELEMENTOS MÁS para cuestionar la existencia de la corporación. El 20 de agosto de 2010 fue muerto a tiros Jorge Murillo Espinoza, director de la DSP. Lo masacraron a él y a sus tres escoltas, cuando circulaba por la avenida Lázaro Cárdenas, a solo tres cuadras de la Unidad Administrativa. Nunca se explicaron los móviles del atentado y menos se castigó a los responsables.

 

Sentido contrario

EL VERBO DE MODA EN SINALOA es “destapar”, por aquello de los llamados destapes y autodestapes, que han caído como una plaga en la vida política de la entidad, bochornoso espectáculo en un momento en que los políticos debieran mostrar, aunque sea por mera pose, un poco de pudor. Los métodos son ahora irrisorios y hasta extravagantes, como esas tarjetas de descuento de la diputada Francisca Corrales. ¿Qué sigue?

 

Humo negro

POR LO PRONTO, EL PARTIDO SINALOENSE afirma sin rubor que su único candidato a la gubernatura es desde ahora su líder, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Falta mucho para que esto se defina. Lo que parece ya un hecho es que el PAS, si va en alianza, podría convertirse en 2016 en el fiel de la balanza.

 

 

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