Cuando ya todo había pasado, el comandante “Julio” se encerró en un pequeño cuarto de descanso que hay en las instalaciones de la Unidad Especializada Antisecuestros. Estuvo dos o tres horas solo. Atrás habían quedado diez días de pesquisas sobre un secuestro con un saldo que no estaba en sus planes. Habían detenido a seis y dos de los secuestradores perdieron la vida en un enfrentamiento que él propició. Pero, lo peor: el empresario secuestrado había quedado muerto en la casa de San Carlos, donde había estado en cautiverio.
Pidió que no lo molestaran. Lucía abatido. Sabía que se había equivocado. La orden de atacar la casa de seguridad fue de él. De nadie más. Cuando detuvieron al primer involucrado, poco después del mediodía del lunes 20, en el sector de La Isla, éste les dijo dónde tenían a Ernesto Valdez Solano.
Decenas de elementos de la UEA perpetraron el ataque, con el apoyo logístico de la Policía Ministerial, el comandante “Julio” al frente. Luego de más de tres horas de refriega, un sabor amargo invadía a los elementos del grupo antisecuestros. Habían muerto dos secuestradores, sí, había seis detenidos, sí. Pero el empresario no fue rescatado con vida. Dos disparos en el pecho acabaron con él. Su cuerpo ensangrentado quedó tirado en el baño. Y entonces, el objetivo principal de la UEA en estos casos, en todos, rescatar con vida a la víctima, fue un fracaso.
Hay una pregunta que ni “Julio” ni nadie de la procuraduría de justicia han respondido con convicción ¿por qué decidieron atacar a los secuestradores cuando el proceso de negociación no se había cerrado? ¿Por qué “reventar” la casa cuando no tenían la certeza de que el empresario estaba muerto? ¿Cuál fue el cálculo del hombre que tomó la decisión?
El procurador de justicia, Marco Antonio Higuera Gómez, tratando de justificar el yerro dijo que este grupo siempre mata a sus víctimas, pero la propia historia por él relatada lo desmiente. Tampoco ha mostrado prueba científica de su afirmación de que una hora y media antes del ataque policiaco el empresario había sido asesinado. Nadie de la policía sabía con certeza que Ernesto Valdez estaba muerto cuando decidieron atacar. Y es elemental, de kinder, que si se ataca a un grupo de esta naturaleza se pone en riesgo la vida de la víctima.
El ciclo del comandante “Julio” al frente de la UEA se ha terminado, pero ese es problema de él y de sus superiores, no tanto de la sociedad, que debiera reclamar una policía más eficaz a la hora de investigar y enfrentar estos casos.
Del sacrificio absurdo de un cocodrilo en Ahome hasta la exposición criminal de un empresario secuestrado, pasando por el asesinato de una jovencita en Guasave y por el ataque animal de un grupo de niños futbolistas en Bamoa, por parte de policías “certificados”, se dibuja un conglomerado policiaco mostrenco y criminal que debe, con urgencia, ser puesto a revisión, desde la base de la pirámide hasta sus más altos mandos.
No debiera tomarse el “ya perdonamos” de los familiares de Ernesto como un fin de capítulo. Ya perdonaron a los secuestradores y a la policía, eso están diciendo. Pero el expediente principal debiera seguir abierto. ¿Consultaron a la familia, —que sostenía en compañía de la UEA negociaciones con los secuestradores para pagar el rescate— antes de atacar la casa? ¿Quién se hará responsable del asesinato del empresario? Y, más aún ¿Puede la procuraduría de justicia demostrar científicamente que al empresario lo mataron los secuestradores?
Sinaloa está entrando en una etapa —fin de sexenio— donde es común que se suelten los demonios. La misma estructura de los grupos criminales está entrando en crisis por muchas razones y es posible prever niveles de violencia todavía peores y cuyos signos empezamos a ver de unas semanas a la fecha.
Lo anterior ocurrió en el sexenio de Juan Millán Lizárraga, cuando el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes destapó la gran cloaca en que estaba convertida la Policía Ministerial; pasó con Jesús Aguilar Padilla, cuando los índices de violencia se dispararon a niveles históricos y, si no se toman las previsiones pertinentes, puede apostarse a que el fin de sexenio de Mario López Valdez será tan violento como éstos.
Bola y cadena
UNA PREGUNTA QUE SE HACE en algunos círculos tiene que ver con las posibles motivaciones del ataque a la casa donde tenían al secuestrado. El grupo de investigadores sabía que entre los autores había gente de la familia Carrillo. No que fuera Eduardo Quevedo Gastélum —tiene los apellidos de la mamá porque así quiso su padre, Rodolfo Carrillo Fuentes, que fuera registrado—, pero sí, que eran Carrillo. ¿Fue por eso que decidieron atacar con todo?
Sentido contrario
SE SUPONE QUE LA FUNCIÓN DE UN secretario de Gobierno, cargo que ahora ocupa en Sinaloa Gerardo Vargas Landeros, es hacer política para disminuir tensiones, vigilar, resolver conflictos. ¿No previó el mochitense lo que se le vendría con los productores de maíz? ¿O fue él mismo quien propició los bloqueos para generarle un conflicto al gobierno federal? Como sea, sus credenciales, con miras al 2016, están cada vez más desgastadas.
Humo negro
LA VIDA DA MUCHAS VUELTAS. En 1991, siendo diputado federal, Juan Guerra Ochoa realizó, junto con un grupo de líderes campesinos, una huelga de hambre para exigir al gobierno federal mejor precio a las cosechas. La semana pasada, con un problema similar, Juan fue más bien intermediario, desde su calidad de secretario de Agricultura estatal. Pero sin la eficacia aquella, porque todo el mundo se regresó con las manos vacías.
