Las inaceptables amenazas de muerte en la política

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DIPUTADA FLOR ISELA MIRANDA. Llamada a tiempo.

Hace unos días, durante la discusión en el Congreso del Estado de un punto de acuerdo en torno a las cuotas que organizaciones campesinas cobran a los ejidatarios sin justificación legal alguna, la diputada de Morena, Flor Isela Miranda Leal, recibió por teléfono amenazas de muerte. Fue el jueves 29 de noviembre, minutos antes de que la diputada subiera a tribuna para exponer el tema y más tarde lo denunció durante una conferencia de prensa. El hecho fue condenado por varios de los diputados del Congreso y se sabría días después que no solo ella, sino cuatro o cinco legisladores más, de diferentes partidos, han recibido esta clase de amenazas cuando se han discutido otros temas.

Lea: Denuncian amenazas de muerte contra diputados de Morena https://bit.ly/2ryf78c

El asunto no es menor. En una entidad donde más del 90 por ciento de los delitos no se castiga y una cantidad similar ni siquiera se investiga, una amenaza de muerte constituye en sí misma un crimen de suma gravedad y debe ser castigado. Apenas en el proceso electoral pasado fueron asesinados más de 120 personajes políticos, entre candidatos, alcaldes, regidores, dirigentes de partidos… En Sinaloa algunos candidatos se retiraron de la contienda ante amenazas recibidas. Y hay pleno conocimiento de que muchos operadores electorales, de diferentes municipios y distritos, fueron forzados a retirarse bajo amenazas de muerte. Y si nos vamos un poco más allá, tenemos el caso del diputado sinaloíta del PAN, Saúl Rubio Valenzuela, masacrado en mayo de 2005, en pleno uso de sus funciones.

La derrota histórica del PRI, la caída abrupta del PAN, el descalabro del PAS y el arribo atónito de Morena al poder, han provocado en Sinaloa, sobre todo en el Congreso del Estado, acciones que están muy lejos de la civilidad política y de una transición tersa, como sí está ocurriendo en otros ámbitos de la vida política nacional. En particular, sectores del Partido Revolucionario Institucional han estado irrumpiendo en el Congreso durante la discusión de diferentes temas con el fin de sabotear las sesiones e impedir que se tomen acuerdos que no van en la línea de sus intereses.

Esto puede entenderse —no justificarse ni aceptarse— por la gran frustración que les produjo la derrota. Tenían décadas gobernando la entidad y utilizando las instituciones a su antojo y beneficiándose de ellas en todos sentidos, incluido el económico a través de ese gran monstruo que ha sido la corrupción. Quitarle la mazorca a un puerco no es fácil y puede ser que en el intento pierda dos dedos. La metáfora es genial pero en nuestro caso no debe provocar hilaridad, sino preocupación, porque estamos hablando de un tema que debe quedar claro si no es que mañana tengamos que lamentar una tragedia.

La diputada interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y trascendió después que se han interpuesto otras por la misma razón. Así que no hay pretexto ni razón para que estos casos no se investiguen; sean quienes sean los responsables, materiales e intelectuales, deben ser castigados. Mario Rafael González Sánchez, diputado del Partido del Trabajo y presidente de la comisión de seguridad del Congreso, dijo que de los denunciantes, ninguno es del PRI. Y este elemento no es concluyente de nada, pero tampoco nos chupemos el dedo. Menos la Fiscalía.

Pero hay otro caso y es el de la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benítez, quien denunció al alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno de haberla amenazado —puede inferirse— de muerte a ella o a alguien de su familia. Angelina es del partido Morena y Chapman del Partido del Trabajo.

“…Llévate de tarea mis palabras en tu cabeza yo soy quien tiene el poder, quien manda en el municipio y si no caminas pues atente que algo malo te puede pasar a ti, o algún miembro de tu familia, recuerda que tienes esposo e hijos, asimismo a tus colaboradores más cercanos de trabajo…”

Esto fue lo que el alcalde le dijo a la funcionaria, según la denuncia presentada ante la Fiscalía y recibida el 26 de noviembre pasado. Y si esto es cierto, el agua se envenenó para todo el trienio.

Bola y cadena
EL PODER ES EL PODER Y ENFERMA LO QUE TOCA. Si en el primer caso podemos buscar explicaciones en la frustración de quienes ven perdidos los privilegios que tuvieron durante generaciones. Pero, de ser cierto lo que afirma la síndica procuradora ¿cómo explicar el caso? ¿Por qué esta reacción del alcalde con su compañera de viaje en un triunfo histórico de la izquierda? ¿En qué consiste aquí la llamada “cuarta transformación”? ¿En qué parte de la propuesta “constitución moral” caben estas actitudes?

Sentido contrario
EL GOBIERNO DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR lleva ocho días y ya fueron asesinados dos periodistas, uno en Nayarit, el mismo día que rindió protesta y otro en Ecatepec, Estado de México. Mucho se fustigó a los dos gobiernos anteriores por la ola de violencia contra los periodistas y no será distinto con el que acaba de llegar si no cesan las agresiones y si no se castiga a los culpables de los crímenes. Acabar con la impunidad es una de las claves y, por ello, investigar a fondo estos crímenes, será vital.

Humo negro
EL 5 DE DICIEMBRE, LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA de la Secretaría de Hacienda presentó ante la PGR una denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero. Es la primera que se presenta en el gobierno de López Obrador y fue enderezada contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta medida pudiera estar marcando una nueva pauta contra el crimen organizado al enfocar las baterías del gobierno contra la parte financiera que tanto le duele. Pero hay que esperar. Esto apenas inicia.

Columna publicada el 9 de diciembre de 2018 en la edición 828 del semanario Ríodoce.

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