Dijo el gobernador que no habría cambios en su gabinete, porque el Congreso estaba a punto de evaluar su administración (se refiere al análisis y revisión de las cuentas públicas) y que sus funcionarios debían quedarse a responder por cualquier requerimiento. En realidad Mario López Valdez hará los cambios que considere necesarios de acuerdo a sus intereses —nunca por los intereses de los gobernados— en el momento que él lo considere conveniente, estén o no revisando las cuentas públicas. Si algo se ha observado en los tres años que lleva al frente de la administración es el encubrimiento sobre lo que han estado haciendo sus subalternos, señalados una y otra vez, públicamente a través de los medios de comunicación y con observaciones puntuales de la Auditoría Superior del Estado, por actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos.
Si a Malova le preocupara realmente que sus funcionarios rindan cuentas, para empezar les pediría que las rindan en primera instancia ante él, que es quien los nombró en el cargo. Obligaría, por ejemplo, al secretario de finanzas a que cumpliera la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que ha sido sistemáticamente violada por Armando Villarreal desde que ocupa el cargo, pues ha estado desviando recursos asignados a algunas secretarías, sin que se explique nunca hacia dónde va el dinero. La Secretaría de Educación Pública y Cultura, la Secretaría de Agricultura, la de Economía y hasta organismos independientes como la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, han estado padeciendo recortes ilegales en sus presupuestos asignados, sin que el Gobierno explique hacia dónde se ha ido ese dinero.
Hay secretarías, como la de Agricultura, a la cual le han recortado alrededor de la mitad de su presupuesto, a pesar de que es una de las más delicadas, debido a las contingencias climáticas, que han puesto en un predicamento a los productores y ante la necesidad de sacar adelante proyectos productivos y apoyos para el sector. En 2011 y 2l02, por ejemplo, le recortaron 200 millones cada año, de lo que había sido aprobado por el Congreso del Estado. Y lo mismo ocurrió en 2013, cuando de 894 millones de pesos aprobados, solo le entregaron 447 millones, es decir, el 51 por ciento del presupuesto, provocando la mutilación de programas y pleitos entre funcionarios del mismo gabinete que han provocado reuniones en donde el propio gobernador ha asumido el papel de réferi.
No hay justificaciones para estos desvíos porque los presupuestos se aprueban por el Congreso sobre programas y proyectos elaborados en las propias oficinas del Gobierno estatal, siempre con márgenes de maniobra que, se supone, le ayudan a resolver contingencias. Pero lo peor es que estas irregularidades, que tienen un impacto directo en los sectores económicos y sociales de la entidad, se encubren en el mismo palacio de Gobierno, pues ni el Congreso ha sido capaz de cuestionarlas.
Apenas el jueves pasado, el titular de la secretaría de Agricultura, Juan Guerra Ochoa, denunció que los programas de su secretaría están en riesgo, precisamente por estos recortes. El problema es que el perredista se ve hasta patético porque está haciendo una denuncia pública cuando tiene al responsable de los desvíos en la oficina de al lado. ¿Contra quién protesta? ¿A quién le reclama?
Pero si los desvíos pudieran “explicarse”, lo peor se encuentra en francos actos de corrupción que una y otra vez han estado siendo señalados por las auditorías de la ASE desde que analiza las cuentas estatales y que tienen que ver sobre todo con las compras, mediante la alteración de facturas, inflación de precios y licitaciones torcidas para favorecer algunos proveedores a cambio de jugosas comisiones.
Nada de esto ha combatido Malova en su gestión y, por el contrario, se ha convertido en cómplice consciente de las trapacerías cometidas por funcionarios de todos los niveles, a pesar de los señalamientos constantes y documentados que se han hecho. Lo cual evidencia también la soberbia y el cinismo con los cuales se gobierna.
Bola y cadena
LO GROTESCO DE LOS DESVÍOS de recursos es que hasta el dinero correspondiente al Congreso del Estado para el pago de la nómina de los propios legisladores esté siendo jineteado por la administración de Malova, pues hasta la fecha, a los diputados no les han pagado una sola quincena debido a que el Gobierno estatal no les ha hecho llegar la lana.
Sentido contrario
SE ANUNCIAN COMPARECENCIAS de algunos funcionarios estatales ante el Congreso y sería una buena oportunidad para cuestionar seriamente el rumbo de la administración, si no fuera porque todo se negocia previamente. Hasta las preguntas. Al menos esa ha sido una sucia tradición en las legislaturas locales: ya se verá si se rompe la cadena.
Humo negro
LA DETENCIÓN DEL Chino Ántrax en Holanda no hace sino evidenciar una vez más la corrupción de las autoridades policiacas locales, premiadas recientemente por el FBI debido a su “capacidad investigadora” pues ni un antecedente criminal tienen registrado de este personaje, a pesar de su inexplicable protagonismo en las redes sociales.
