El costoso amasiato de Quirino con los militares

Fue un acuerdo en Ciudad de México: siendo gobernador, Quirino Ordaz Coppel trataría de contener la violencia, una de las demandas más sentidas de la población durante su campaña, con el apoyo de los militares. Dos razones se impusieron: una, la masacre de la madrugada del 30 de septiembre de 2016 donde perdieron la vida cinco elementos castrenses y que desató una airada respuesta verbal —pero solo verbal— del general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos y, dos, la relación íntima de Ordaz Coppel, casi familiar, con el propio Cienfuegos Zepeda.

A pesar de que el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, desplazó de tareas centrales contra el narcotráfico al ejército, dándole altas facultades a la Armada de México sobre todo en operaciones especiales, en algunos casos, como Sinaloa, les permitió tomar las riendas de la seguridad estatal, no solo copando todos los mandos medios y superiores de las policías, sino enviando tropas militares para que en gran medida suplieran a las corporaciones en las tareas de vigilancia.

De pronto llegaron a Sinaloa alrededor de 2 mil elementos de la llamada Policía Militar y fueron montados en patrullas civiles para vigilar la ciudad, dando un espectáculo extraño y a veces hasta cómico, porque la propia reciedumbre que debe caracterizar a un militar se perdía solo con el hecho de verse trepado en una vieja patrulla de la policía municipal.

Pero, además, bajo el pretexto de acuerdos oficiales con el gobierno federal, el nuevo gobernador impuso mandos militares a las policías de los 18 ayuntamientos. Ningún alcalde se opuso porque la creyó una directriz —y así lo fue— que venía desde el centro del país, y tampoco nunca se atrevieron a cuestionar el sustento legal.

Cuestionado el gobernador sobre qué papel jugarían los militares y en qué marco legal se basaba para desarrollar esta “estrategia”, siempre se defendió con que había con la Defensa Nacional convenios de colaboración. Pero resulta que no era así, o no lo es todavía. Ríodoce publicó en junio pasado un reportaje de la reportera Nelda Ortega, que dejó enevidencia que los argumentos del gobernador fueron falaces y que la decisión de incorporar a los militares a labores de vigilancia no tenían un fundamento legal ni un acuerdo específico entre el gobierno de Sinaloa y el Ejército Mexicano.

Aparte de eso, con la vuelta de las semanas y los meses nos dimos cuenta que los militares no estaban resolviendo y no han resuelto la incidencia delictiva ni los crímenes de alto impacto en Sinaloa, porque a partir de que llegó el nuevo gobierno los homicidios dolosos se incrementaron notablemente y, lo peor, que ellos, los militares, volvieron a ser objeto de ataques y emboscadas donde varios de elementos murieron. Es decir, no solo ilegales, sino también ineficaces y, por si fuera poco, víctimas.

Esa es la primera vuelta del problema; Quirino Ordaz acaba de entregar su primer informe y parece que los muertos no existen. No hay, por supuesto —nunca existe en estos documentos— la mínima autocrítica o, al menos, el reconocimiento de que lo que se ha hecho no ha sido suficiente.

La segunda vuelta es como la cereza del pastel: el gobernador anunció que se construirá en Culiacán una guarnición para albergar a la Policía Militar con recursos del gobierno estatal. Lo dijo en agosto durante una sesión del Consejo Estatal de Seguridad y habló de una inversión de 300 millones de pesos. Pero la semana pasada, en una entrevista con el diario Noroeste, afirmó que la inversión sería de 700 millones y que ya había entregado al Ejército 85 millones.

La pregunta es de dónde sacó ese dinero si, aparte de que no hay —según la queja de todos los días—, no estaba presupuestado. Parecen “acuerdos de compadres” cuestionó el senador Manuel Cárdenas Fonseca y tiene razón. A la ilegalidad de los operativos militares se suman ahora las dudas sobre un proyecto que no estaba contemplado como obra y por lo tanto no presupuestado ¿de dónde sacó la plata? Solo que lo explique.

El propio gobernador, al anunciar la obra en agosto, previó los riesgos: que la guarnición quedara como “elefante blanco” una vez que se fuera Salvador Cienfuegos, cuando se vayan los militares o cuando termine él su mandato.

Y entonces, con mayor razón, el gobernador le debe una explicación a los sinaloenses. Si realmente está combatiendo la corrupción y promoviendo la transparencia, que saque sus chiras del ropero y les pegue una oreada. Tal vez haya quien tenga una opinión distinta.

Bola y cadena

Y QUE NO SE EQUIVOQEU EL GOBERNADOR; que recuerde que su mandato es apenas de cuatro años diez meses y que no tiene mucho tiempo para experimentar y dar resultados. Un año es suficiente para evaluar. Y si su estrategia no dio resultado, buscar opciones. No hacerlo, aferrarse a una idea en este tema, sería igualmente criminal.

 

 

Sentido contrario

DESPUÉS DE TANTO AMPARO la pregunta es si el propio ex gobernador, Mario López Valdez, acudió o acudirá a un juzgado para buscar también la protección de la justicia federal ante las investigaciones que se están haciendo de su administración. Y otro personaje que ha estado con el pico cerrado: Gerardo Vargas Landeros, aspirante a senador por el PRI pero que ha preferido en esta ola de inhabilitaciones para la función pública, arrestos y amparos, mantener un “bajo perfil”. A güevo.

Humo negro

GRACIAS A JAN JARAB y a su equipo por el homenaje ofrecido a Javier Valdez. Gracias por esa mirada a Sinaloa, ese calor a un periodismo amenazado por el sicariato y la impunidad. Gracias por ese aliento en tiempos de soledad y apatía. Javier se hace más presente ahora, y esa es otra de sus victorias.

 

Un comentario en “El costoso amasiato de Quirino con los militares

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