Es muy común, cuando tratamos de explicarnos nuestra realidad, acudir a las referencias… históricas, pero también inmediatas, las del día. Si vemos que en Brasil hay un expresidente de ese país en la cárcel por haber aceptado sobornos —Luiz Inácio Lula da Silva— y ahora mismo otro empieza a ser juzgado por las mismas razones —Michel Temer—, es obligado preguntarnos qué pasa en México, por qué aquí ex presidentes van y vienen en medio del escándalo y no pasa nada. Como no estamos hablando de un tema científico, sino de la sociología política, no se pueden tratar los casos con el mismo rasero. Y supongo que es mucho más complejo. Hay que tomar en cuenta muchas variables, casi siempre profundamente subjetivas.

Eso no exime a nadie de tomar posición. Cada quién, a partir de lo que ve desde su ventana, hace sus juicios y actúa o, por lo menos, opina. Lo hace el chofer del Cucas y el político encumbrado, el gran empresario y el abarrotero, el alumno y el maestro, el lector y el periodista.

En México, la llegada de la llamada Cuarta transformación nos da una oportunidad de oro para el análisis de temas como el poder, los partidos, las leyes y su aplicación bien o mal, la corrupción, la violencia y qué hacemos frente a ella…

El presidente Andrés Manuel López Obrador se desgañita todos los días acusando fraudes en la administración pública pero no hemos visto, hasta ahora, que tenga la intención de meter a nadie a la cárcel; se escuda en la bandera del “amor y paz” y de ahí nadie lo saca. Sale todos los días a buscar villanos hasta por debajo de las piedras, pero los villanos está ahí, a la vista de todos. El problema es qué hacemos con ellos. Lo más reciente es que está pidiendo que la investigación del crimen de Luis Donaldo Colosio sea reabierta porque “pudo tratarse de un crimen de estado”. Y tiene razón. Si hubo alguien más, un autor intelectual del asesinato del candidato presidencial del PRI en 1994, debe llegarse hasta él. Y castigarlo. ¿Y los demás crímenes de ese y otro tipo? ¿Y los relacionados con la corrupción? ¿Por qué diferenciarlos? ¿Con qué método? ¿Qué hacer con Enrique Peña Nieto, por ejemplo, y con todo su séquito de saqueadores del Tesoro del país? ¿Por qué el perdón y quién es él para otorgarlo?

Todavía antes de la elección de julio y a pesar de que todas las encuestas hablaban de un potencial triunfo holgado de Andrés Manuel, connotados analistas juraban que no lo dejarían llegar a la presidencia. Las dudas eran razonables en un país donde ya se había asesinado a un candidato presidencial y se había cometido, al menos, un fraude electoral —en 1988—reconocido por el mismo que lo ordenó, nada más ni nada menos que el presidente de entonces, Miguel de la Madrid Hurtado.

Este contexto tal vez explique por qué ahora el presidente no quiere tocar ni con el pétalo de una rosa a su antecesor. Es evidente que hubo un compromiso pero solo ellos lo saben y tal vez algún día uno de los dos lo reconozca, como lo hizo De la Madrid en sus memorias, cuando ya no se podía hacer nada y todo era historia. Nada puede justificar que en fraudes descomunales para los recursos del país impere la impunidad. Ninguna razón puede esgrimirse, ni siquiera aquella que apela a la retórica “transición pacífica”, menos al incierto “vamos mirando hacia adelante”.

Así que la responsabilidad absoluta de la impunidad que parece cobijará a decenas, tal vez centenas de altos funcionarios de casi todas las dependencias del gobierno federal anterior —por decir lo menos—, será de López Obrador y de nadie más. Creo que es un error el que se está cometiendo, que no se construyen instituciones sólidas con acciones tan confusas y basadas en preceptos morales y juicios personalísimos sobre la sociedad, la política, el gobierno, la historia y el porvenir.

No se trata de desatar una “cacería de brujas”, pero tampoco de perdonar ¿en nombre de qué? El perdón es una categoría moral, no política ni legal. Nelson Mandela la convirtió en una categoría política después de estar 28 años en prisión. Pero era Nelson Mandela y era otro, país, otra la historia y otro contexto.

Bola y cadena
EN SINALOA NO HA SIDO NECESARIO QUE haya una declaración formal en favor del perdón contra los que lucraron con recursos públicos; esto se da de facto a través de juicios turbios donde el que roba 100 millones negocia regresar el 5 por ciento y queda libre de culpa. Es el caso del ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría y puede ser también el de Armando Villarreal, ex secretario de Administración y Finanzas, los dos del gobierno de Mario López Valdez. Los dos acusados de corrupción o al menos de desvío de recursos quién sabe hacia dónde. Y la pregunta es: ¿no hay suficientes pruebas para enviarlos a la cárcel o no quieren hacerlo?

Sentido contrario
LA ADVERTENCIA FUE HECHA por los diputados locales de Morena a la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix, que si no lleva a los tribunales a los responsables de presuntos fraudes en Issstesin y otras dependencias, la quitarán del cargo. Esto, al comparecer el viernes en el Congreso del Estado.

Humo negro
ES EVIDENTE QUE LA DECISIÓN DE INSTAURAR LA REVOCACIÓN del mandato en nuestras leyes tiene una intencionalidad política inmediata, que es influir en las elecciones del 2021, cuando se renovarán la cámara de diputados y 13 gubernaturas. AMLO aparecerá en las boletas y si mantiene los niveles de aceptación que tiene ahora —más o menos—, seguramente Morena arrasará o al menos esa es la intención. Es, por eso, una machincuepa política que no debió ser y que podría tener costos muy caros para nuestra ajada democracia.

Columna publicada el 24 de marzo de 2019 en la edición 843 del semanario Ríodoce.