Si por cada víctima de asesinato en Sinaloa acudiera un solo deudo o familiar a reclamarle a la Fiscalía General su incompetencia, se juntarían al mismo tiempo mil 200 en la puerta del edificio. Si a los mil 200 familiares de las victimas de lo que va de 2017 se les unieran las del año 2016, se duplicaría el número. Si además acudieran la madre o el padre, la hermana o la hija de los desaparecidos, de nuevo tendría que multiplicarse por dos. Juntos, uno por cada víctima, bloquearían por completo el edificio sede del órgano encargado de investigar los delitos, y sus calles aledañas. Esa soledad callada se convertiría en tumulto ruidoso. Si luego se les sumaran las víctimas de los robos de automóviles, llegarían otras 3 mil 200 personas más, por este año y otras tantas por el pasado. Si luego llegaran las 108 víctimas de violaciones sexuales registradas en 2017…

El número de sinaloenses víctimas de delitos graves, sin contar a quienes les arrebatan la bolsa y les tocó ser testigos de crímenes y asaltos, podrían llenar el estadio de beisbol de Culiacán en una sumatoria básica y en un instante. Sin exageración.

La magnitud de la violencia que enfrenta Sinaloa y el nivel de reclamo ciudadano no corresponden. Los sucesos que se reportan diario y su impacto, sumados a muchos otros que se van revelando con el tiempo o de los cuales nunca se saben como parte de otra violencia soterrada, contrastan con la indolencia ciudadana. No solo están ausentes los reclamos, marchas y protestas correspondientes a los sucesos, sino que la situación empeora cuando no hemos sabido articular un movimiento civil que incida en los pobres resultados en seguridad pública.

Los tocados por la violencia, de manera directa y con el pago de sangre correspondiente, son una mayoría abandonada a su suerte. La condición de víctima aísla. No es un asunto de la última década, cuando los crímenes se cuadruplicaron con respecto a la década anterior, así se vive en el estado desde mediados del siglo pasado. La convivencia diaria con la violencia fue normalizándolo todo.

A cuatro meses del asesinato de Javier Valdez, y aun arropados por cientos de ciudadanos de a pie que mantienen la exigencia viva, es posible entender la gran dificultad para soportar la indolencia. Ya ni siquiera es el miedo la razón de inmovilizar a toda una sociedad, se trata de la ausencia de dolor, como esas zonas de la piel que dejan de sentir el frío o el calor y pueden quemarse o congelarse y no sentir.

Pero muchos ahí siguen, con un megáfono de viejas luchas pero aun potente, gritándole al fiscal Juan José Ríos Estavillo que no necesita escribir un libro, le bastaría con una página de dignidad donde estén los nombres de los asesinos de Javier Valdez.

Margen de error

(Casa cerrada) La Fiscalía —y antes la Procuraduría— es una institución cerrada por completo. No solo en Sinaloa sino en todos los estados y la federal. Se trata de una institución construida por parcelas. Un Ministerio Público concentra poder y se siente poderoso, igual que un Policía Ministerial, un poco menos un perito y un secretario, pero igualmente mantienen demasiada incidencia en una investigación y una casi nula obligación de rendir cuentas.

Cualquiera de nosotros que sea víctima de un delito, o familiar de una víctima, su margen para conocer a fondo lo que hace la autoridad es casi nulo. Los mecanismos actuales para participar en coadyuvancia en una carpeta de investigación o conocer los expedientes y las pruebas, se convierte en un infierno dentro del infierno. Los caminos se le cierran, la institución se enconcha.

Lo primero que urge en el esquema institucional de las fiscalías es una mayor vigilancia. Nos hemos preocupado por el nombre del Fiscal, cuando la verdadera problemática está en el diseño institucional que está viciado de origen.

El mejor ejemplo es Sinaloa. Ríos Estavillo llega a una institución débil, donde el diseño impide una autonomía porque por décadas se promovió justamente lo contrario, la dependencia. Muchos expertos están ya tratando de girar la discusión a lo importante: el poder desorbitado de los Ministerios Públicos, la Fiscalía obesa que tiene a su cargo a policías y peritos —y a los Ministerios Públicos, por supuesto— pero no puede controlar a ninguno.

En vez de discutir quién es la cabeza de las Fiscalías, lo que urge es un modelo de institución audaz, que termine con este terror interno que padecen sus miembros.

Primera cita

(Cómplices) Impávidos los dos fiscales a cuatro meses del asesinato de Javier Valdez. La comodidad que brinda el debido proceso y la imposibilidad a ponerlo en riesgo, les permite a Ríos Estavillo y Ricardo Sánchez del Pozo, la comodidad del silencio cómplice.

Deatrasalante

(Se vende residencia) ¿Cuál era la prisa de Mario López Valdez por vender la Casa de Gobierno de Culiacán? ¿Cuál es la prisa de Quirino Ordaz por vender la Casa de Gobierno? De repente se vuelve en un tema de prioridad, como en el sexenio pasado lo fue con Malova. ¿Las finanzas necesitan los 40 millones de pesos en que la venderán? ¿Urge derrumbarla por los tantos fantasmas que viven ahí? ¿Quieren poner un Oxxo, un café, una lavandería?

Todo es demasiado extraño para no estar enredado. Primero dice Carlos Ortega, el Tesorero, que están pagando mucho de rentas y que concentrarán oficinas en un edificio de reciente adquisición, ahora ponen uno de los pocos bienes que le quedan al Estado en venta. Incomprensible.

Es un asunto de transparencia en el fondo. El gobernador debe vivir en una casa donde los ciudadanos sepan su dirección. Donde los ciudadanos sepan si les estamos pagando el agua que bebe, la comida que come, la luz eléctrica, la jardinería. Cuánto y a quién le pagamos. Casa de Gobierno no debe ser diferente a cualquier otra casa.

Si no vive ahí un gobernador, entonces será imposible saber cuánto se le paga, o la seguridad de que no usa dinero público para el internet y el supermercado (PUNTO)