Bart Simpson, el chico malcriado de la serie animada más exitosa de la televisión, expone en un capítulo la máxima de la vida que le permite sobrevivir en sus peligrosas travesuras. Debe asumirse de manera absoluta: Cuando yo llegué, ya estaba así. Aplica si está roto el jarrón, o si le robas el coche a Homero.

Durante los primeros seis meses, el gobierno de Quirino Ordaz recurrió invariablemente a la máxima de Bart.

En salud y en seguridad, en finanzas y economía, el pretexto era que cuando ellos llegaron ya estaba así el desastre. Que tenían que recoger el regadero de sus antecesores. Obras inconclusas, millones de pesos que debían estar en el fondo de pensiones pero no están, patrullas y camiones de basura rentados que debían devolverse, deudores reclamando el pago, empleados contratados para hacer nada, desmantelamiento informático, y un largo etcétera.

Las culpas atribuidas a los salientes malovistas, sin embargo, hasta ahora no se han transformaron en acusaciones o consecuencias. La suspensión de la cuenta pública del primer semestre del año pasado, y la muy posible suspensión de la cuenta pública del segundo semestre de 2016, son más un manotazo de estate quieto, una argucia política, que una posible consecuencia.

Aunque es claro que sí existen investigaciones a la administración de Malova, en salud y los programas federales están algunas, otras más en administración y finanzas y en obras públicas, pero no de un calado profundo que pudiera poner en riesgo a Mario López, Armando Villarreal, Ernesto Echeverría o Gerardo Vargas.

Quirino Ordaz y su gabinete no pretenden enfrascarse en un largo y desgastante pleito como andan otros gobernadores recién llegados a sus cargos, especialmente Miguel Ángel Yunes en Veracruz. En este país la comodidad mayor es dejar hacer-dejar pasar. Si a Malova y su equipo se les pasó la mano, se fueron de la raya, lo que hace Quirino es solo marcar distancia con ellos, buscar que los ciudadanos entienda que es diferente, que no forma parte de ellos, pero no provocar que se paguen las cuentas pendientes.

Esto último es lo que intenta clarificar Quirino Ordaz en el documento del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en una extraña página como declaratoria de principios, como una autodefinición, el gobernador de Sinaloa incluye un Decálogo.

Está en la segunda hoja del documento, después del escudo del Estado y del directorio. No es una declaratoria de principios para sus colaboradores ni un código de ética. Es una definición personal. El decálogo incluye, por supuesto, lo que el propio Quirino repitió en campaña de manera constante para que lo conocieran: sencillo, humilde, perseverante, echado pa´delante. Pero hay tres puntos del decálogo que refieren entre líneas esa diferenciación con los antecesores que quisiera dejar en claro Quirino: Honestidad, Congruencia, Integridad. Ahí dice: “No toleraré la impunidad ni la corrupción; quien quiera agarrar dinero ilícito que renuncie…Todo lo comprometido será cumplido, no tenemos nada que ocultar…mi gobierno se conducirá ante todo íntegro y respetable.”

Margen de error

(Tenemos un plan) El Plan Estatal de Desarrollo es más importante de lo que los ciudadanos pensamos, y aun más de lo que el mismo gobierno piensa de él. Debiera tratarse de una fuente básica para darle seguimiento a las acciones del gobierno, ponerle un marcaje personal a cada área administrativa para verificar el rumbo que llevan.

Sin embargo, lo hemos convertido en un libro de obligada publicación cada seis años, sin más valor que la obligación de elaborarlo y de echarse un rollo retórico. Bastaría con revisar los Planes de Desarrollo de cada administración estatal y luego compararlos con los indicadores que heredaron a sus sucesores y se vería el gran ejercicio mexicano de hablar por 400 páginas para no decir nada.

Mirilla

(Lucero) Ahora sabemos que el gobierno mexicano tenía muy poco contra Lucero Sánchez: La utilización de documentos falsos para visitar al Chapo y la relación sentimental —que en sí misma no es ningún delito. Era tan poco, que solo pudieron filtrarlo a los medios, retenerla por unas horas para interrogarla, y fincarle un proceso judicial atorado, que le permitía enfrentarlo en libertad.

Quienes sí tenían una investigación de fondo son los americanos. Le siguen la pista desde antes de que PAN y PRD la convirtieran en candidata a una diputación local en Cosalá, Sinaloa, en 2013. Es decir, ambos partidos respaldaron una candidatura de quien ya formaba parte de investigaciones de lavado de dinero y tráfico de drogas en los Estados Unidos.

Y no solo ella, según el documento de la acusación que Ríodoce presenta en este número, también su hermana Caro aparece en la investigación. Ambas llegaron al Congreso de Sinaloa en la pasada legislatura a la bancada del PAN. Lucero como diputada local de mayoría y Caro como su asistente.

La acusación de los estadunidenses contra Lucero Sánchez y su hermana es de peso, se trata de conspiración para tráfico de 5 kilogramos o más de cocaína y lavado de dinero para el cártel de Joaquín Guzmán.

Según el documento oficial se tienen conversaciones telefónicas de Lucero —que utilizaba el alias de “Piedra”, “Maico” y “Tere”— con operadores de la organización Sinaloa y en alguna de ellas está cobrando una deuda pendiente de 100 mil dólares.

Lucero Sánchez, como el Chapo, estará revelando en Estados Unidos información que sería relevante en México para conocer los vínculos de la política con las organizaciones criminales. Pero eso no le importaba al gobierno mexicano, la quería lo más lejos posible y eso fue tan cerca como la garita de Otay.

Deatrasalante

(Dos años después) Hace dos años exactamente, en junio de 2015, tres renglones cifrados en la columna de Joaquín López-Dóriga le cambiaron la vida a Lucero Sánchez. El mensaje encriptado, sin nombre ni referencias, no necesitaba explicación en Sinaloa: “Será un escándalo cuando se conozca el nombre de la panista que visitaba a El Chapo Guzmán en el penal federal…”

Hoy, Lucero Sánchez, aquella diputada que llegó a ser la más joven de la legislatura en 2013, está recluida en California. Atrás, en Sinaloa, quedó pendiente revelar quiénes fueron los padrinos que promovieron su candidatura en el PAN y PRD, quienes desde México igualmente protegieron y cobijaron su lanzamiento. Aunque a esta altura queda claro que la candidatura de Lucero y su arribo al Congreso, se protegió desde el más alto nivel del gobierno de Sinaloa, con la anuencia de encumbrados panistas (PUNTO)