CNDH emite recomendación por ‘masacre de Allende’ en Coahuila

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a autoridades federales y de Coahuila por violaciones graves a derechos humanos que se dieron durante los días 18 a 20 de marzo de 2011 en el municipio de Allende, de esa entidad, cuando miembros del cártel Los Zetas irrumpieron en dicho territorio, privaron de la libertad al menos a 300 personas, a quienes al parecer ejecutaron, destruyeron 40 residencias y siete ranchos.

La Jornada informó que el organismo nacional determinó que para concretar esta llamada “masacre de Allende” los criminales habían contado con el apoyo de policías del municipio, además de que hay sospecha por diversos testimonios que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habrían presenciado los hechos sin hacer nada al respecto, por lo que en la recomendación se pide a la Procuraduría General de la República (PGR) indagar a fondo estos señalamientos.

La CNDH rememoró que fue gracias a diversas publicaciones periodísticas, difundidas entre enero, febrero y mayo de 2014, cuando este evento trascendió a escala nacional. Además que a partir de 2016, también gracias a los medios de comunicación, se dio cuenta del control que Los Zetas tuvieron del Centro Penitenciario Varonil en Piedras Negras, entre 2009 y 2012, también en Coahuila.

Diversos testigos protegidos por el gobierno de Estados Unidos, entre ellos algunos ex miembros de Los Zetas, han dado cuenta ante tribunales de aquel país de lo sucedido en Allende en aquel marzo de 2011. Hablan de una supuesta venganza de los entonces líderes del cártel, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, el Z40 y el Z42, quienes habrían sido delatados por miembros de la banda, cuyas familias vivían en esta ciudad.

La CNDH encontró que en informes emitidos por el Colegio de México, la Universidad de Texas y la Federación Internacional de Derechos Humanos, aparecen diversas imputaciones, en actas de procesos judiciales estadounidenses, formuladas por testigos protegidos del gobierno de ese país, en contra de servidores públicos federales, de Coahuila y de los municipios de Allende y Piedras Negras, respecto de sus vínculos con miembros de Los Zetas, “situación que, deberá ser valorada e investigada por las instancias de procuración de justicia respectivas, en razón de sus competencias”, determinó el organismo.

Las 300 personas privadas de la libertad y muchos de ellos desaparecidos desde entonces, fueron llevados según los reportes, al rancho Los Garza, donde de acuerdo a testimonios habrían llegado soldados del Ejército mexicano.

“De las constancias que la CNDH se allegó, obran dos declaraciones que mencionan que servidores públicos de la Sedena, presenciaron los hechos ocurridos del 18 al 20 de marzo de 2011, sin embargo, no se contó con mayores elementos que pudieran acreditar el dicho de los testigos; además se advirtieron imprecisiones en los informes relativos a la fecha y hora en la que elementos del Ejército mexicano se constituyeron en el rancho Los Garza. En consecuencia, este organismo nacional estima que la Procuraduría General de la República, deberá iniciar una investigación al respecto, y en caso de advertirse la comisión de algún delito, ejercer la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables.

Tras investigar los hechos, la CNDH acreditó diversas violaciones a derechos humanos:

A la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal derivado de las detenciones arbitrarias cometidas en agravio de 34 personas, así como de diversos pobladores de Allende, cuya identidad no fue posible establecer y la privación ilegal de la libertad de cinco menores de edad, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio.

A la libertad e integridad personal por la desaparición forzada de 38 personas, incluidos tres menores de edad, además de diversos pobladores de esa región, cuya identidad no fue posible determinar, imputable a personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, aceptaron pertenecer al grupo delictivo Los Zetas, quienes contaron con la autorización, apoyo o aquiescencia de elementos de la SSP municipal”.

A la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal derivado de la privación ilegal de la libertad de dos víctimas, atribuible a Los Zetas quienes tuvieron la tolerancia de los elementos de la SSP del municipio.

A la inviolabilidad del domicilio, derivado del allanamiento del rancho Los Garza, atribuible a Los Zetas, de acuerdo con las investigaciones ministeriales, “quienes contaron con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Allende, así como por la detención ilegal de una víctima en el interior de un local comercial, imputable a elementos de esa secretaría”.

Violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, derivado de los allanamientos, saqueos y daños a diversas casas ubicadas en Allende, atribuibles Los Zetas que tuvieron la autorización y/o apoyo de elementos de policías municipales.

“A la verdad, derivado de las imprecisiones en los informes proporcionados por servidores públicos de la PGR, en relación con la recepción del desglose de la averiguación previa que inició el agente del ministerio público del fuero común en Coahuila, con motivo de esos hechos de marzo de 2011.

A la debida procuración de justicia y a la verdad, por la omisión en la investigación de las conductas posiblemente constitutivas de delitos federales derivadas de esos eventos, atribuible a la PGR.

A la debida procuración de justicia y a la verdad, por el incumplimiento de la función persecutoria de los ilícitos cometidos en agravio de 14 personas, así como por la dilación e irregular integración de tres actas circunstanciadas y dos averiguaciones previas, iniciadas con motivo de la desaparición forzada de 39 personas incluidos tres menores de edad, imputable a servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila.

A la seguridad personal, lo que derivó en el desplazamiento forzado interno de diversos pobladores de Allende.

Por todo ello, la CNDH emitió la Recomendación 10VG/2018, dirigida a la PGR, al gobierno de Coahuila, a la Fiscalía General de esa entidad y a la presidencia municipal de Allende.

Al gobernador Miguel Riquelme y al presidente municipal de Allende Luis Reynaldo Tapia, la CNDH los insta a colaborar ampliamente con la PGR con motivo de la denuncia que el organismo nacional formulará contra los servidores públicos estatales y municipales, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada; que tomen las medidas necesarias para reparar de manera integral los daños a las víctimas indirectas, afectadas por la detención arbitraria y desaparición forzada de sus familiares, que contemple una disculpa pública institucional; y que realicen las diligencias a efecto de que las personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado interno, derivado de los hechos, de ser su deseo, puedan retornar a su lugar de origen.

A la PGR se le recomendó iniciar la carpeta de investigación, en contra de los servidores públicos De Allende y particulares involucrados con los hechos por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, así como en contra de quien o quienes resulten responsables de los hechos materia de la Recomendación; colaborar en la queja que se formule ante la Visitaduría General de la PGR, en contra de los servidores públicos involucrados en las imprecisiones en los informes proporcionados a la CNDH para realizar la investigación motivo de la recomendación.

Al gobernador también se le pide que en un plazo no mayor a seis meses, implemente acciones a través de políticas públicas adecuadas para solucionar y combatir los índices de violencia y criminalidad que imperan en la entidad; fortalecer, conjuntamente con las diversas autoridades estatales y municipales de la región fronteriza del estado; coadyuvar con las autoridades municipales de la región de la frontera para que en un lapso no mayor a seis meses se realice un proceso e selección, evaluación de las policías, se les profesionalice y se garantice la debida prestación del servicio público en materia de seguridad.

También se le exhorta a coordinarse con los ayuntamientos de la región fronteriza de la entidad para que en seis meses se haga un censo en el que se establezca el número total de personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado interno, derivado de los hechos del 18 al 20 de marzo de 2011, y se implementen las medidas necesarias para que puedan retornar a su lugar de residencia original.

Al titular de la Fiscalía del estado se le insta a continuar con la integración de la indagatoria iniciada con motivo de la desaparición forzada de 38 personas, incluidos tres menores de edad, a efecto de que se esclarezca su destino final; realizar las diligencias necesarias a fin de determinar la identidad de las víctimas de las 219 muestras biológicas susceptibles de análisis, que fueron encontradas en el interior del rancho Los Garza, a fin de deslindar las responsabilidades que correspondan y en su caso, se ejercite acción penal en contra de los presuntos responsables.

Asimismo, iniciar las carpetas de investigación por las conductas delictivas cometidas en agravio de otras 14 personas, incluido un menor de edad; cumplir a las órdenes de aprehensión giradas en contra de tres indiciados, involucrados en diversos hechos delictivos cometidos al interior del Centro Penitenciario Varonil en Piedras Negras, Coahuila; y colaborar con la presentación y seguimiento de la queja que se formule ante la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en contra de los agentes del ministerio público que participaron en la integración de tres actas circunstanciadas y dos averiguaciones previas iniciadas con motivo de los hechos ocurridos en Allende.

Al presidente municipal se le recomendó colaborar con la queja que se formule ante la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Allende, en contra de los elementos de Seguridad Pública de esa localidad, por su probable participación en los hechos que dieron origen al presente pronunciamiento.

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