El cadáver ya estaba descarnado. Los brazos, el rostro y las piernas eran puro hueso. Solo el tronco tenía restos de carne.  Los rancheros que encontraron el despojo humano pensaron que estaba calcinado, pero un estudio forense reveló que no, que en realidad estaba deshidratado y putrefacto, por tantos días expuesto al medio ambiente.
La autoridad no tenía la identidad, ni sabía si era masculino o femenino, ese montón de restos de algún mortal.
En el lugar, en un monte que circunda al poblado El Naranjo, en El Fuerte, pegado a la carretera El Fuerte-El Carrizo, se encontró un moño rosa, ya desteñido por el sol.
Sólo en la plancha, los investigadores forenses  determinaron que eran los restos de una mujer, pero lo que quedaba del cuerpo les tenía otra sorpresa, peor aún que la primera: eran los de una niña, menor a 15 años, que murió a golpes.
El moño daba una pista de su identidad, pues había una denuncia penal por la desaparición de una niña de 13 años de edad, estudiante, residente de la sindicatura de Mochicahui, El Fuerte. Era María Fernanda Cota Valdez, que 10 días atrás desapareció cuando esperaba la llegada de sus padres, a las afueras del pueblo. Había salido de su casa a realizar una tarea escolar. Cuando la terminó, habló con sus padres y reportó que los esperaría en el camino. Nunca apareció.
El celular fue encontrado estrellado, por el camino al ejido El Carricito, también de El Fuerte.
María Fernanda estaba desaparecida.
Su familia se movilizó, marchó, buscando encontrarla. Rastreó la zona, pero nada encontró. Demandaron justicia y movilización policial para localizarla, pero sólo recibieron promesas y más promesas como respuesta.
No se desmoralizaron y continuaron con su búsqueda. Pero siempre se toparon con la burocracia.
Apuntaron más alto. Al gobernador, Mario López Valdez, que sabían estaría en el puerto de Topolobampo para encabezar un acto en donde podría lucirse a sus anchas y hablar…
La familia de María Fernanda se unió a las más de 6 mil personas que se congregaron en el malecón a esperar al Gobernador. Nunca lo vieron, pero fieles a su plan se apostaron en el pórtico y mostraron su reclamo, escrito en cartulinas y con la fotografía de María Fernanda.
Ahí, el procurador general de justicia, Marco Antonio Higuera Gómez los atendió, protegido por sus guaruras. Cómo sabe hacerlo, los escuchó. Los padres, tíos y amigos de María Fernanda se desahogaron, y reclamaron movilización policial, como en otros casos. Pero Higuera no movió un músculo. Su rostro era inexpresivo, aunque ya caliente por el sol, que le pegaba de frente.
Los padres de la menor desaparecida sólo obtuvieron una escuálida respuesta. “Voy a enviar a un grupo para investigar su caso”. Y luego condiciona la respuesta oficial, “pero quiten su manifestación, levántenla”. Ellos acceden.
La exigencia de Higuera fue secundada por otro sujeto, alto, blanco, de mezclilla y gorra: “Si, quiten su protesta porque el Gobernador está adentro. Esto lo molesta y es un acto para lucirse”.
Para él era más importante que el gobernador hablara como siempre habla que atender el desespero de una familia con una hija desaparecida, y que para entonces, para ese día en que el gobernador Mario López Valdez daba consejo a la muchedumbre sobre armarse de valor para denunciar los hechos delictivo, y que lo mismo demostraba ignorancia de la geografía del puerto
Higuera ya tenía la noticia de que era una niña la encontrada muerta en El Naranjo, Sinaloa, pero no dijo nada. Cuando los familiares de María Fernanda enrollaron sus cartulinas, ya el Procurador caminaba hacia el cobertizo. Y ahí, en el patio respondía preguntas.
Aseguraba que los homicidios en Sinaloa van a la baja, aunque con un repunte en los crímenes asociados a la “rivalidad delincuencial”, frase acuñada en la Conferencia de Procuradores para referirse a las ejecuciones por narcotráfico.
Y el repunte, aseguraba, se daba en el norte y sur de la entidad por pleitos entre delincuentes y no entre personas de bien. Y luego extendía su oferta: “se enviarán a grupos especiales para atender esos casos, porque todos los homicidios deben investigarse”.
Se negó a establecer entre quienes eran la rivalidad delincuencial y si esa lucha se daba por reacomodos internos. No acuñó respuesta alguna. Y su rostro se tornó, otra vez, inexpresivo.
Y de la delincuencia común, la que afecta a las familias, como el caso de María Fernanda, aseguraba que los asesinatos registrados tanto en Elota como En El Fuerte no eran nada que preocupara a la autoridad, que no había alarma ni focos rojos encendidos, porque no eran significativos.
No obstante, ofreció una respuesta a esos hechos: “enviaremos a un grupo para investigar”.