El robo y comercialización de combustible extraído de los ductos de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) por una red organizada de “huachicoleros”, coludidos y protegidos por la más alta autoridad de México en los últimos 30 años, descubre la podredumbre y el descrédito de una clase política que amasó fortunas en un negocio que es apenas la punta del iceberg, en un proceso para desmantelar a Pemex y dejar la política energética en manos del poder trasnacional.

En su conferencia del pasado viernes 11 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a reprochar a las firmas trasnacionales petroleras con sede en Estados Unidos: “Mi mayor condena al sistema económico y político neoliberal es el desmantelamiento de Pemex, porque bajo este régimen comenzó a abandonarse la industria petrolera”.

El mandatario mexicano dijo que desde hace cuatro décadas, la paraestatal —que fuera la más rentable y estratégica en el crecimiento económico del país por los altos rendimientos en la producción de petróleo—, comenzó su desplome al dejar de invertirse en infraestructura para el refinamiento de combustibles e iniciar el desmantelamiento gradual, hasta convertirla en una actividad con infraestructura obsoleta, rezagada y en condiciones para entregarla a manos privadas, como ocurrió con todas las empresas paraestatales propiedad de la Nación.

Las alarmas se encendieron el pasado 18 de diciembre cuando personal de Pemex detectó una derrama exagerada de combustible en la red de ductos que transportan la gasolina desde las refinerías hasta las plantas de almacenamiento en el país. La reducción de la presión en los oleoductos detectó puntos masivos de ordeña en siete entidades del centro del país, principalmente donde se extraían de forma ilegal millones de litros de gasolina que diariamente eran transportados en unas 2 mil 100 pipas a depósitos y bodegas clandestinas construidas en las cercanías de los ductos.

Al declararse formalmente el combate al “huachicoleo”, el presidente López Obrador responsabilizó a los gobiernos panistas y priistas, que lejos de proteger los intereses y el patrimonio de la Nación, se dedicaron a fungir como facilitadores del saqueo ordenado desde el vecino país del norte.

Acusó particularmente a los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes sabían de esta red de ladrones de combustible al mayoreo, porque se trataba de un pacto para favorecer a empresarios y políticos cercanos a su círculo de poder.

Era evidente que estos personajes sabían sobre este saqueo. Tan sabían, dijo, que el sistema de información sobre este delito lo encontraron establecido.

El robo de combustible era tan grande dijo, que tan solo el año pasado los “huachicoleros” obtuvieron ganancias aproximadas de entre 250 y 300 mil millones de pesos. Este robo al patrimonio de los mexicanos obligó a tomar un control férreo de las instalaciones de Pemex, desde refinerías, plantas de almacenamiento y sobre todo la red de ductos donde se abrían válvulas y se conectaban para transportar el combustible robado hasta los depósitos clandestinos construidos sobre los mil 600 kilómetros de oleoductos. Alrededor de 4 mil elementos del Ejército fueron desplazados para custodiar las refinerías en funciones, plantas de almacenamiento y ductos donde encontraron instalaciones conectadas directamente desde refinerías como la de Salamanca, o del ducto Tuxpan Azcapotzalco que surtía los depósitos clandestinos de gasolina robada.

Tan pronto se cerraron las fuentes de suministro del hidrocarburo, las redes sociales anunciaban la escasez de gasolina en siete estados del centro y el altiplano, donde un número importante de gasolineras registraban problemas de abasto.

En su acostumbrada conferencia matutina, López Obrador asume la responsabilidad de que el cierre provisional de los ductos es la causa de la escasez de gasolina en algunas ciudades del país, con la aclaración de que no se trata de un desabasto del combustible.

Ni un paso atrás

López Obrador afirmó que no dará marcha atrás en su lucha contra el robo de combustible porque era una de sus promesas de campaña declarar un combate frontal contra la corrupción y la impunidad.

“Seguiremos implementando las medidas necesarias para acabar con este flagelo al reforzar la vigilancia y cuidado de nuestras instalaciones, así como en los mil 600 kilómetros de los seis ductos principales del país. Asimismo, continuaremos ejecutando el plan alternativo de distribución con pipas hasta que se regularice el suministro”, indicó Pemex en un comunicado.

La petrolera aseguró que las refinerías y Terminales de Almacenamiento y Despacho continúan surtiendo diariamente los 800 mil barriles de gasolina para asegurar el cumplimiento de la demanda requerida en el país, haciendo hincapié en que se están importando 600 mil barriles porque el país apenas logra cubrir 200 mil de la demanda total diaria de combustibles.

“Exhortamos a las comunidades por donde pasan los ductos a que colaboren, con la empresa que es de todos los mexicanos, con su denuncia y que no sean cómplices de estas actividades ilícitas”, pidió AMLO.

El mandatario reconoció el apoyo que brindan los ciudadanos ante las nuevas medidas implementadas en la logística de abasto de combustible y agradeció a todos los trabajadores de Pemex, sobre todo a los transportistas, que todos los días, desde que se implementó el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas, han hecho un esfuerzo excepcional y colaboran con agilizar el suministro de combustible.

“El Gobierno de México, sus instituciones, la sociedad y los trabajadores de Pemex acabaremos con la corrupción y la impunidad, no seremos cómplices del robo de hidrocarburos”, les dijo y convocó a los afectados actuar con prudencia, serenidad y tranquilidad para evitar caer en compras de pánico o hacer caso de información alarmista o tendenciosa de quienes están a favor de un régimen corrupto que está a punto de acabarse.

A mitad de la semana, el desabasto de combustible en la Ciudad de México y nueve entidades del país llegó al Congreso de la Unión, donde se citó a los funcionarios del gabinete para explicar lo ocurrido, hecho que confrontó a las fracciones opositoras al gobierno de López Obrador, que argumentaron el impacto negativo a la población y las actividades productivas.

El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, criticó el cierre de ductos en aquellos estados donde el problema no es importante. Más conciliador fue el coordinador de la bancada panista, Juan Carlos Romero Hicks, quien ofreció el apoyo de su partido para resolver el desabasto en los nueve estados, aduciendo que el Gobierno por sí solo, no puede.

El diputado del PRI Héctor Yunez, declaró que es lamentable el escenario de crisis que está generando el desabasto de combustible, solo por enfrentar el problema con una estrategia fallida.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo que Pemex cuenta con suficientes pipas para mover el combustible: “Pemex se preparó antes con las 74 terminales de abastecimiento y distribución que hay en el país, haciendo hincapié en que hay producto suficiente almacenado”.

Una encuesta realizada por el periódico Reforma revela que el 73 por ciento de los mexicanos respaldan las medidas implementadas por Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de combustible y solo un 18 por ciento dijo no estar de acuerdo.

Artículo publicado el 13 de enero de 2019 en la edición 833 del semanario Ríodoce.