¡Adiós a las armas!

Una noticia que está en las primeras planas de la prensa europea es la disolución de la organización guerrillera Euzkadi ta Askatasuna (ETA), la última guerrilla urbana, marxista paradójicamente nacionalista e independentista en el llamado mundo desarrollado.

Esta organización fundada en 1959 por un grupo de jóvenes que tenían como objetivo poner fin a la dictadura de Francisco Franco y alcanzar la independencia del País Vasco —no se olvide que la vasca es una región que abarca parte del norte de España y el sur de Francia—, y para ello asesinan en la calle Claudio Coello de Madrid al almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno español post-franquista, cuya muerte sería un factor clave en la transición de la dictadura a la democracia.

Ya en democracia la estructura organizativa de ETA evolucionó hacia un modelo leninista con un brazo político y otro militar. Así, en distintos momentos llegó a estar en las instituciones democráticas políticas vascas y españolas mientras sus soldados realizaban acciones violentas contra las fuerzas de seguridad del Estado español. Cómo no recordar la máxima delirante de que entre más militares muertos se pusieran sobre la mesa, más fácil sería la negociación de la independencia.

Se calcula que ETA causó más de ochocientos crímenes y dejó a cientos de heridos, en contrapartida cientos, quizá miles de sus militantes, murieron, fueron a la cárcel o viven hasta el día de hoy en el exilio y la clandestinidad.

Sus objetivos estratégicos no se lograron y luego de una reflexión colectiva en 2011 iniciaron el proceso de desmantelamiento de la organización. La semana pasada, en un texto leído por Josu Ternera, uno de los históricos que ha vivido en la clandestinidad desde 2002, informó a la opinión pública que ETA llega a su fin y ahora cada uno de sus miembros decidirá lo que tiene que hacer en la vida política.

Ahora bien, desde que ETA da a conocer sus planes de disolución en España, se ha abierto un debate sobre si para la normalización de la vida pública cabe el perdón, el punto final, o no y cada uno de los militantes debe continuar purgando condenas.

Hasta ahora la posición que gana es la dogmática de que “en democracia el que la hace la paga” y las posibilidades del perdón y la incorporación a la vida política es casi imposible, las familias de las víctimas algunas del corazón del ejército pesan enormemente en las decisiones que viene tomando el gobernante Partido Popular.

Y el caso vasco, comparado con lo ocurrido en Irlanda, donde se desmanteló el Ejército Republicano Irlandés (ERI), o más recientemente la desaparición de la guerrilla más antigua de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y su conversión en partido político, es poco o nada lo obtenido por los etarras hasta ahora. Ni siquiera la demanda añeja y humanitaria de que sus presos dispersos sean reubicados en las prisiones vascas para estar cerca de sus familias y amistades.

No obstante, la decisión de los etarras es firme de decir adiós a las armas, no volver a actuar armados contra las instituciones españolas y han pedido perdón a las familias de las víctimas. Sin embargo, les queda un camino largo que recorrer y será tarea de los intermediarios políticos convencer que es mejor tener a los conversos en las instituciones que fuera de ellas. Nos guste o no, todo cese al fuego significa ceder algo de cada parte.

Viví en el Madrid más castizo como estudiante de doctorado de 1991 a 1993, supe de los atentados con bomba que cometían los comandos etarras, incluso en una ocasión estuve cerca de uno de ellos, en los accesos al cuartel que está al lado del Palacio Real, a unos pasos de la Plaza del Sol, la Gran Vía, el populoso barrio La Latina y de la escuela primaria cosmopolita Vázquez de Mella, en la calle Bailén donde asistían mis hijos. Me sacudió el estruendo sofocado por muros antiguos y vi cristales rotos, cuerpos y vehículos militares destrozados. Era una imagen dantesca en medio de la histeria de los vecinos y soldados que nunca he olvidado.

Pese a mi interés por entender el conflicto vasco más allá de las razones históricas y la llamada autodeterminación de los pueblos, no termino de aceptar la guerra en democracia. España con todos sus defectos tiene una democracia consolidada y eso permite que las tentaciones separatistas, legítimas por esa razón histórica, puedan canalizarse por la vía de las instituciones.

Así ocurre hoy en Cataluña, donde el independentismo que es mayoría electoral ha declarado en diciembre pasado la independencia y aunque el gobierno central ha echado atrás la decisión por inconstitucional, la lucha continúa por la vía política. Nada se ha roto. Espero, como muchos otros, la reconciliación de ese gran pueblo multicultural que en los años setenta logró conciliar a los enemigos de la guerra civil. Hay que dar oportunidad a una paz justa.

Artículo de opinión publicado el 13 de mayo de 2018 en la edición 798 del semanario Ríodoce.

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