Acusan a 2 Ministerios Públicos Federales de robar 1.7 mdp confiscados

Los encargados de investigar los delitos también los cometen.

En juzgados federales de Culiacán hay dos procesos penales contra Agentes del Ministerio Público (MP) de la Federación por peculado.

En la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) se perdieron 88 mil 200 dólares y 55 mil pesos decomisados en dos operativos.

La fiscalía de la nación acusa que el efectivo se lo quedaron Agentes del MP encargados de la investigación iniciada tras los decomisos.

Los responsables de resguardar el dinero, en un caso simularon haberlo depositado en la cuenta del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE); y en el otro haberlo depositado en la bóveda de la Agencia de Investigación Criminal.

El engaño se descubrió cuando en una de las investigaciones, la fiscalía tenía que devolver 86 mil dólares a la persona que se lo habían asegurado y no lo hallaron; y el otro cuando el Juez que tenía a su disposición a un imputado por lavado de dinero solicitó los 2 mil 200 dólares y 55 mil pesos mexicanos que habían decomisado.

La PGR inició las averiguaciones previas en 2015 y en 2013, pero hasta este año ejercitó acción penal.

 

El depósito inexistente

El 20 de febrero de 2013 se levantó el aseguramiento de 86 mil dólares y se ordenó su devolución al propietario, por lo que la PGR giró oficio al administrador local del SAE para que regresara el efectivo, pero el dinero no estaba en las cuentas.

El Ministerio Público que lo aseguró tenía una ficha de depósito a la cuenta del SAE, pero realmente ese dinero nunca ingresó.

Los dólares habían sido decomisados por elementos del Ejército que integraban la BOMU Norte el 22 de enero 2008, cuando marcaron el alto al conductor de una camioneta Yukon en Culiacán.

El Ministerio Público de la Federación dio fe de tener a la vista 697 billetes de 100 dólares, 100 billetes de 50 dólares y 600 billetes de 20 dólares.

El detenido fue puesto a disposición de un Juez de Distrito por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En octubre de ese mismo año el MP informó al Juez que depositó el dinero al SAE y envió una ficha de depósito.

En febrero de 2013 se levantó el aseguramiento y se ordenó a la PGR devolver el dinero, por lo que la Fiscalía solicitó al SAE el efectivo, organismo que no localizó ningún depósito por esa cantidad en sus cuentas y pidió al banco HSBC proporcionara la fecha en que se acreditó el depósito por 86 mil dólares.

El banco tampoco lo localizó y en mayo notificó al SAE que no había registro de un depósito por esa cantidad.

Hasta mayo de 2015 la PGR inició una averiguación previa por el delito de peculado y los que resulten contra quien o quienes resulten responsables.

Peritos de la fiscalía determinaron que la dependencia sufrió afectación económica por un millón 760 mil pesos, equivalente el tipo de cambio.

La PGR obtuvo los testimonios de oficiales del MP y uno de ellos dijo que el agente involucrado lo había mandado a la bodega por el dinero, que sacó el efectivo en un sobre y luego se lo entregó al representante social.

La Fiscalía ejercitó acción penal contra el agente y en mayo de este año fue vinculado a proceso penal.

El imputado ha buscado amparos contra la vinculación a proceso pero no lo ha logrado.

“La conducta del quejoso, además de ser constitutiva de la figura típica descriptiva del ilícito por el que se le enjuició, resulta antijurídica, en virtud de que, con su actuar puso en riesgo el bien jurídico tutelado, que es la honradez que deben tener los servidores públicos”, señaló el Juez.

“La conducta ilícita no fue realizada bajo el supuesto error de tipo o prohibición, dado que el quejoso cuenta con capacidad de discernimiento, pues se dijo, al momento de los hechos delictivos era mayor de edad, se trata de perito en derecho y sobre todo, encargado de las acciones delictivas, lo que evidencia el conocimiento de lo ilegal de su acción, por ello se estimó que el quejoso tuvo conocimiento de que al actuar como lo hizo, sabía que su conducta es prohibida por la ley; por lo que se considera que tenía plena conciencia y conocimiento del ilícito atribuido”, menciona el documento.

El mes pasado un Juez de Distrito negó el amparo contra el auto de vinculación a proceso.

 

El dinero que nunca ingresó

En agosto de 2008 detuvieron a un hombre en posesión de 2 mil 200 dólares y 55 mil pesos mexicanos y fue puesto a disposición de la PGR.

El Agente del MP lo consignó ante un Juez de Distrito por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Supuestamente el 20 de agosto mandó guardar a la bóveda el efectivo: 5 billetes de 20 dólares, 100 billetes de un dólar, 100 billetes de 200 pesos mexicanos y 70 billetes de 500 pesos.

El juez dictó auto de libertad al imputado por lo que pidió la devolución del dinero y el 11 de diciembre se decretó procedente la solicitud.

El encargado de la bóveda notificó que no había registro de esa cantidad por lo que se inició una averiguación previa.

“No consta que esos billetes hayan sido entregados en la bóveda de la Policía Federal Ministerial, pese a que el propio inculpado suscribió un oficio mediante el que supuestamente mandó guardar esos billetes en dicha bóveda, empero, tal comunicado no cuenta con sello de recepción”.

El agente del MP fue llevado ante un juez y en febrero pasado vinculado a proceso penal. Fue dado de baja de la PGR en 2011 después de que le abrieron un proceso administrativo por abandono de empleo.

La PGR notificó al propietario del dinero que estaba imposibilitada para devolver el efectivo ya que había un proceso penal contra el funcionario público que lo tenía bajo su resguardo, por lo que el afectado solicitó un amparo.

El Juez de amparo ordenó a la fiscalía devolver el dinero, independientemente de que se siga un proceso penal contra el responsable ya que la dependencia tiene la obligación de resarcir al ciudadano el daño que ocasionó su servidor público.

Artículo publicado el 7 de octubre de 2018 en la edición 819 del semanario Ríodoce.

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