El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, señaló que los cargos de peculado y enriquecimiento ilícito, le fueron “fabricados” por el gobierno de Graco Ramírez, debido a su postura crítica.
A través de una carta fechada el 16 de noviembre de 2017, y que se hizo publica a través del portal de la institución educativa, el directivo denunció que todo forma parte de una “campaña política” para evitar que pueda contender por un cargo público.
“Acompañado de una propaganda mediática, se me fabricó el delito de peculado y, recientemente, a mí y a mi esposa se nos fabricó el delito de enriquecimiento ilícito. En ambos casos, se integraron carpetas de investigación que se judicializaron sin darme el derecho de conformidad con el debido proceso, a conocer y desvirtuar las falsas imputaciones”, acusa.
“Lo más preocupante es que en, relación con el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, a mí y a mi esposa, se nos giró una orden de cateo y una de aprehensión la madrugada del pasado sábado 11 de noviembre, y en esta semana se ha sugerido, en algunos medios, que podría existir un delito más por lavado de dinero debido a que, dicen, los ingresos registrados en nuestras cuentas bancarias no se corresponden con nuestras percepciones salariales… esto con el propósito de anular mis derechos políticos para contender por un cargo de elección popular en las próximas elecciones”.
En la misiva señala como responsable directo de la persecución en su contra, al Fiscal Juan Salazar Núñez, quien dice “es una autoridad de facto que debería ser sancionada penalmente por violentar la Constitución”, pues “su nombramiento fue anterior a las disposiciones legales en la materia en el contexto nacional”. Por ello, asegura que la designación del Fiscal Anticorrupción en Morelos es “ilegal e ilegítima”.
Aclara que su patrimonio se compone de una vivienda, dos departamentos y un vehículo compacto modelo 2016, que en conjunto suman la cantidad de 8 millones 907 mil 500 pesos, de los cuáles todavía adeuda 3 millones 635 mil pesos, además de 500 mil pesos ahorrados en cuentas bancarias de los académicos.
La casa “que habitamos” en Paraíso Country Club, en Emiliano Zapata, Morelos, donde ocurrió el cateo la madrugada del sábado pasado, fue adquirida, según el documento, en diciembre de 2016, por un monto de 6 millones 400 mil pesos, de los cuales se pagó un enganche de 2 millones 560 mil pesos “con recursos provenientes de la venta de nuestra anterior vivienda; el resto, lo estamos pagando a la inmobiliaria en mensualidades con nuestros salarios”.
Está también un departamento ubicado en Cuautla, adquirido en agosto de 2013 por un monto de 850 mil pesos, “mismos que empezamos a pagar con nuestros salarios desde el 1 de agosto de 2011, ya que lo adquirimos en preventa. Actualmente se encuentra en venta para ayudarnos a pagar las mensualidades de nuestra vivienda”.
El otro departamento está ubicado en Cuernavaca, donde actualmente viven sus hijas, fue adquirido en octubre pasado por un monto de un millón 425 mil pesos, que fue comprado usando un crédito del Infonavit. Finalmente está un vehículo Seat Ibiza, de dos puertas, “que adquirí por un monto de 232 mil 500 pesos, con un crédito que ya fue liquidado”.
Respecto de las insinuaciones de que las cuentas bancarias de ambos académicos reflejan depósitos que no corresponden a sus salarios, Vera Jiménez aclara: “son producto de las operaciones crediticias y de compraventa, legalmente efectuadas y de las cuales tenemos toda la documentación que las sustenta”.
Para tener este patrimonio, dice el rector de la UAEM, “no es necesario participar en actividades ilícitas. Mi activada laboral de 30 años y la de mi esposa, de 25 años de trabajo, que trasciende a los cargos que actualmente desempeñamos como funcionarios en la universidad, es la única fuente de nuestro ahorro y patrimonio”, lo cual dijo, puede demostrar fácilmente.
“Espero y confío que esto ayude a aclarar que no soy un delincuente, que no me he robado nada y que no he deshonrado mi compromiso como universitario y como ciudadano”, pero además, dice que este documento “ayude a esclarecer que el problema financiero de la institución que represento no es producto de un deslfaco, como de manera dolosa se quiere hacer creer, sino de problemas estructurales no atendidos por el estado”, concluye la misiva.
