Negociaciones en las altas esferas “gringas”

Luego de la liberación de Rafael Caro Quintero en agosto de 2013, el gobierno de Estados Unidos se fue con todo para recapturar al capo, ejerciendo para ello una gran presión hacia las autoridades mexicanas para que intensificaran la búsqueda en su territorio, además de instalar espectaculares en las garitas fronterizas del vecino país, que incluían fotos del narcotraficante, y una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quien diera información que ayudara a su localización, arresto, y eventual extradición.

No obstante, algo empezó a cocinarse muy calladamente en las altas esferas de la DEA puesto que, tras la liberación de Rafael Caro, el Departamento de Justicia de ese país misteriosamente redujo la sentencia a su hermano Miguel Ángel Caro Quintero, encarcelado en Estados Unidos y originalmente sentenciado por el Juez Phillip A. Brimmer a 17 años de cárcel en 2010. Sin embargo, Miguel Ángel está programado para salir en libertad el 12 de octubre de 2019; es decir, casi ocho años menos que la sentencia original.

¿Qué pudo motivar al USDOJ a tomar esa reducción en la pena?, es un misterio que nadie en el USDOJ pudo o quiso responder.

Más extraño es que mientras el Sistema Penitenciario de Estados Unidos (BOP) asegura que Miguel Ángel Caro Quintero se encuentra recluido en una cárcel de mediana seguridad en Victorville California, fuentes extraoficiales aseguran que éste vive en una casa de seguridad en Arizona, gracias a una serie de acuerdos hechos con fiscales estadunidenses, lo cual vendría a confirmar la teoría de que un gran número de capos sinaloenses se han unido al programa de testigos protegidos en su afán por reducir sus sentencias.

En este caso, Miguel Ángel parece ser el principal señuelo para atrapar a uno de los principales objetivos de la DEA: Rafael Caro Quintero.

El silencio                                                      

Cada vez que se cuestiona a funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ) sobre el paradero de Miguel Ángel Caro Quintero, extraditado a ese país el 25 de febrero de 2009, no hay respuesta, sólo silencio.

“Sin comentarios”, coinciden lacónicamente voceros del USDOJ en Arizona y Colorado, los dos Distritos que hicieron la solicitud de extradición a México.

Chris Burke, vocero del BOP, asegura que su oficina lo tiene, y para ello hace referencia a la ficha número 02921-748, que confirma el encarcelamiento de Caro Quintero en la prisión de Víctorville, en California Estados Unidos.

Eso sería, en teoría, todo lo que hay: una ficha. Nadie en el USDOJ puede precisar si el capo realmente está en prisión, aunque de no encontrarse encarcelado la pregunta obligada es ¿dónde está?

Según una investigación realizada por Ríodoce, ese caso no es aislado, ya que los nombres de narcotraficantes como Serafín Zambada Ortiz y Rodrigo Aréchiga Gamboa también aparecían hasta hace algunos meses en el sistema de prisiones de Estados Unidos, pero poco después de anunciarse que habían aceptado su culpabilidad, sus nombres fueron eliminados y según fuentes del BOP, ambos capos fueron removidos de sus celdas por agentes del US Marshals.

Se cree que fueron llevados a casas de seguridad donde cumplen sus condenas, gracias a que aceptaron someterse al programa de testigos protegidos.

Ríodoce solicitó al gobierno de Estados Unidos, mediante el acceso “FOIA” (Freedom of Information Act)-, detalles sobre los acuerdos que habrían hecho capos como Caro Quintero, Aréchiga Gamboa y Zambada Ortiz, pero el acceso fue negado argumentando que “violaba los acuerdos de privacidad de cada uno de esos individuos”.

Jenia Turner, profesora de leyes de la Universidad de Dedman, en Texas, dijo que ello obedecía a acuerdos muy secretos que hacía el gobierno de Estados Unidos, aunque había ocasiones en los que el acusado lograba muchos beneficios a cambio de información que habría de dar para que el gobierno llegara a otros capos, incluso, por datos como esos el acusado podía obtener inmunidad total.

“Lo cierto es que cada vez son más frecuentes los acuerdos entre narcotraficantes y el gobierno de Estados Unidos, y básicamente lo que ocurre es que el acusado se declara culpable y accede a testificar contra otros de la misma organización, o bien decide cooperar para que lleguen a otros capos más poderosos”, dijo la profesora Turner.

Actualmente, según ha reiterado la DEA, son dos sus principales objetivos: uno es Rafael Caro Quintero, a quien se acusa de haber ordenado matar al ex agente de la DEA, Enrique Camarena, y el otro es Joaquín el Chapo Guzmán, que en Chicago es considerado “enemigo Público Número 1”. Por cada uno el gobierno de ese país ofrece 5 millones de dólares.

Acuerdos secretos

Según los archivos judiciales número 90CR00130-PAB-01 y 09-CR-00367, a los cuales Ríodoce tuvo acceso, se explica sobre un acuerdo secreto entre la defensa de Miguel Ángel Caro Quintero y la fiscalía estadunidenses, el cual destaca que todo acuerdo puede ser alterado en cualquier momento, según sean los intereses de Estados Unidos.

También explica el acuerdo que, de ofrecer el acusado nuevos elementos de interés para la fiscalía estadunidense, la sentencia misma puede cambiarse, siempre y cuando su aportación sea más sólida y ello contribuya a la localización de otros delincuentes.

“En ese caso, la sentencia impuesta puede modificarse, pero de igual forma, si el acusado decide cambiar de parecer y se declara no culpable, el gobierno no estaría obligado a cumplir ningún acuerdo hecho anteriormente”, se lee en el documento.

Miguel Ángel Caro Quintero, quien fuera líder del Cártel de Sonora luego del arresto de su hermano Rafael, en Costa Rica, se había declarado culpable en octubre de 2009 de cargos por conspiración para distribuir mariguana en Arizona, y asociación delictuosa en Colorado.

Todo había sido parte del acuerdo que los abogados Walter Nash, Stephen Ralls y John Richilano, habrían logrado con los fiscales, quienes les habrían prometido una sentencia no tan severa, y para ello solicitaron al juez Brimmer que le impusiera una la pena mínima de 10 años, “por estar arrepentido por los daños que había causado en las comunidades de ese país”, sin embargo el juez, lo sentenció a 17 años, tres menos que la pena máxima, considerándole esos tres años por el tiempo que cumplió en una prisión mexicana por un cargo no relacionado con posesión de armas.

Al final, como posteriormente ocurriera con capos como Eduardo y Benjamín Arellano Félix, Héctor el Güero Palma Salazar, Osiel Cárdenas Guillén, entre otros, la compasión gringa nunca llegó.

Badiraguato: el ojo de la DEA

Y mientras el gobierno de Estados Unidos hace todo tipo de acuerdos para tarde o temprano atrapar a Rafael Caro Quintero, un alto funcionario de la DEA dijo recientemente que era el Chapo Guzmán quien podría encontrarse en Sinaloa, aunque según fuentes del USDOJ, es también posible que Caro Quintero se encuentre en ese estado.

A diferencia de la ciudad de México, en donde pueden verse patrullas con la foto del Chapo Guzmán y la leyenda de “se busca”, en la sierra de Badiraguato nadie parece buscarlo, aunque la misma fuente del USDOJ dijo que la búsqueda estaba ocurriendo vía satelital y con “drones” de alta tecnología, que sobrevolaban la sierra de Sinaloa.

Mario Valenzuela López, presidente municipal de Badiraguato, dijo a Ríodoce que esa búsqueda satelital era mejor a que el gobierno mexicano, acompañado de los gringos, entraran a la sierra a cometer todo tipo de abusos.

“Una cosa estoy seguro, no creo que ninguno de ellos (Caro Quintero y el Chapo Guzmán) estén aquí en la sierra, pero sobretodo, no quiero que por un comentario del director de la DEA, se deje venir el ejército a Badiraguato y ocurra otra operación Cóndor”, dijo el edil, en referencia a los abusos y violación a los derechos humanos que el Ejército mexicano cometió a finales de los 70 en esa zona.

Y agregó Valenzuela López: “Ni la Tuna ni ningún otro pueblo de Badiraguato tienen la culpa que se les haya escapado el Chapo o que hayan soltado al otro, y no sería justo que nuestra gente pague abusos por esa omisión, ahora bien, si tienen vigilancia satelital, como nosotros también hemos oído, que la utilicen; es mejor eso a que vengan con sus operativos violentos”.

Aunque tal vez nunca lleguen los grandes comandos militares que mantienen preparados a los residentes de la sierra, que a la primera señal alertaría a medio mundo de inmediato, sí se mantiene una vigilancia constante por parte de sus residentes, según pudo constatarse en una reciente visita que se hizo hasta la región conocida como “el triángulo dorado”.

Por ello es que cada vez que a las comunidades de la sierra se mira llegar a un extranjero o incluso, a cualquier extraño, se prenden los focos rojos en la gente que vigila esas zonas, y es cuando el resto de la población se mantiene arisca.

—¿Y porqué tanta desconfianza? —se le pregunta a un residente de San José del Llano, cuando se intentó entablar plática con él.

—Porque aunque ustedes dicen que son periodistas, bien pueden ser otra cosa —respondió.

—¿Qué otra cosa podemos ser que tanto les preocupe?

—Agentes de la DEA.