El sábado pasado, dos días después que la Asamblea General de la ONU votara un texto de repudio contra la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, el gobierno de Estados Unidos anunció un recorte de 285 millones de dólares en sus aportaciones al presupuesto general de la ONU para el año entrante.

“La ineficiencia y el sobregasto de las Naciones Unidas están bien conocidos. Ya no dejaremos que abusen de la generosidad de los estadunidenses”, sentenció Nikki Haley, la representante de Estados Unidos ante el organismo internacional, quien calificó el recorte de “gran paso hacia la dirección correcta”.

Aunque Haley presentó este recorte como una medida para “mejorar” el gasto de la ONU, la decisión ocurrió días después de una serie de amenazas proferidas desde Washington contra los países que se opondrían a la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, e incluso en contra de la propia ONU.

El mismo Trump amenazó con recortar “miles de millones de dólares” de ayuda internacional a los países que apoyarían la resolución –finalmente aprobada con 128 votos a favor, 35 abstenciones y 9 en contra–, y Haley aseveró que su gobierno “tomaría los nombres” de los países que “faltarían al respeto” de Estados Unidos.

El día de la votación, la diplomática reiteró sus amenazas, al recordar que Estados Unidos es el primer aportador al presupuesto de la ONU –al que contribuye en un 22%–, y planteó: “Pagar por el privilegio de no ser respetado es un dudoso privilegio”.

Durante su campaña presidencial, Trump anunció que su gobierno disminuiría sus aportaciones a los organismos internacionales que no sirvieran de manera directa los “intereses” de Estados Unidos. Utilizó entonces la misma retórica: aseveró que los demás países “abusan” de la “generosidad” de los contribuyentes estadunidenses.