Decenas de organizaciones de la sociedad civil exigieron al presidente Enrique Peña Nieto en una carta la revocación del nombramiento de Arturo Escobar al frente de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana al considerar que él y su partido, el Verde Ecologista, representan “la cultura de la ilegalidad, la corrupción, el clientelismo, el oportunismo, la simulación y el deprecio por la vida, la justicia y la libertad”.

Al insistir en que Escobar de la Vega no cuenta con el perfil que requiere la dependencia, once de la organizaciones que manifestaron su inconformidad anunciaron además la ruptura del diálogo con el funcionario.

En conferencia de prensa, representantes de la sociedad civil, leyeron un pronunciamiento dirigido a Peña Nieto y al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el que recuerdan que en los últimos tres años hubo avances en esta dependencia que están en riesgo con el ingreso de Escobar y Vega, impulsor de la pena de muerte, medida anticonstitucional y contra los tratados de derechos humanos firmados por México.

En la misiva dada a conocer hoy, las organizaciones describen al excoordinador del Verde en la Cámara de Diputados, ex vocero de su partido y exrepresentante del mismo ante el Instituto Nacional Electoral (INE) durante las elecciones pasadas, como un político que “no conoce la materia y no practica los principios éticos necesarios para impulsar la prevención social de las violencias y la participación ciudadana”.

Tras hacer un recuento del desastre social derivado de la “guerra contra el narcotráfico” heredada por Felipe Calderón, las organizaciones admitieron que al inicio de la gestión de Peña Nieto “fue una grata sorpresa” que se aceptara la implementación de “una política y un programa de Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia”.

Resaltaron que durante esos tres años, en que fungió como subsecretario Roberto Campa Cifrián, ahora subsecretario de Derechos Humanos, algunas organizaciones con experiencia colaboraron en tanto que otras que tenían “influencia en la política de seguridad ‘dura’ empezaron a transitar hacia el paradigma de prevención social”.

Para las organizaciones la gestión anterior fue de “aprendizajes”, tiempo en el que “recuperó esfuerzos anteriores y empezó a crear herramientas para enfrentar algunos obstáculos” que las mismas agrupaciones ya habían advertido.

A Peña Nieto le aseguraron que habían trabajado tan bien con Campa que esperaban encontrar la clave para “ revertir la expansión de la cultura de la guerra, de la violencia, de la corrupción, de las complicidades y de la impunidad”.

Sin embargo, recalcaron, Peña decidió echar atrás lo andado con el nombramiento de Arturo Escobar como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, a quien consideran capaz de “destruir lo que con tanto esfuerzo se había venido construyendo y después seguramente se dedicará a impulsar medidas autoritarias como la pena de muerte, la cadena perpetua, la reducción de la edad penal, la criminalización de la juventudes”, entre otras.

Las organizaciones firmantes advirtieron a Peña Nieto que por los antecedentes de Escobar y Vega como dirigente del PVEM, al encabezar la fraudulenta y sancionada campaña electoral de ese partido, podría “utilizar los recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) para pagar complicidades, crear clientelas, aprovechar de manera patrimonial los recursos y principalmente, posponer por varios años la posibilidad de realmente avanzar en la prevención social de las violencias y la delincuencia”.

Los firmantes insistieron en que Escobar y su partido representan “la cultura de la ilegalidad, la corrupción, el clientelismo, el oportunismo, la simulación y el desprecio por la vida, la justicia y la libertad”.

Las organizaciones que decidieron romper con el funcionario son once agrupadas en el Espacio Social para el Diálogo Estratégico, entre ellas Acción para el Bienestar Ciudadano con Derechos Humanos y Democracia, la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, Católicas por el Derecho a Decidir, Cauce Ciudadano, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social), Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, Organización Popular Independiente, Ririki Intervención social, Sin Fronteras y Spatium Libertas.

A la exigencia por la revocación del nombramiento de Escobar se sumaron decenas de organizaciones, entre ellas Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, Asamblea Popular de Familias Migrantes, Casa del Migrante de Saltillo, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Estudios Ecuménicos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, así como personalidades como Alberto Athié, Alberto Aziz Nassif, Clara Jusidman , Elena Azaola, José Merino, Jesús Cantú, entre otros más