En el Estado de México, un hospital nuevo y caro, construido por las empresas que ganaron las licitaciones en Sinaloa, con carencias de hospital viejo

Francisco Sarabia 

Ixtapaluca, Estado de México.- El de Ixtapaluca estaba programado para ser un hospital de tercer nivel; y no era para menos. El nosocomio  administrado por el consorcio Privado GIA+Asignia y Eductrade, liderado en México por Hipólito Gerard Rivero, propietario de la Constructura Gia+A y que pretende adjudicarse la construcción de los dos hospitales generales en Culiacán y Mazatlán, tuvo un costo de 75 millones de euros, es decir, la suma de  mil 360 millones de pesos.

De este total, el 80 por ciento lo financió con el Banco Nacional de Obras (Banobras) en tanto que los inversionistas privados del consorcio solo aportaron el 20 por ciento restante.

Con recursos de Banobras erogados por los contribuyentes mexicanos en su mayoría, se construyeron —según el proyecto inicial— 37 mil 500 metros cuadrados de lo que hoy es el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, distribuidos en cuatro plantas equipadas con tecnología médica de vanguardia que según el ex-presidente Felipe Calderón sería el hospital más grande construido durante su administración” y  una gran obra “para beneficio de la gente más pobre”.

La obra está bajo las órdenes de un grupo de empresarios que explotarán la concesión por un lapso de 25 años y lucrarán con la salud de la población mexicana hasta el año 2035, según lo revela el organismo Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria de Ixtapaluca (DOIHI).

A dos años de inaugurado, el proyecto empresarial de Ixtapaluca, que abre el proceso para privatizar la salud pública en México, arrastra una secuela de irregularidades y contubernios que advierten una observancia rigurosa en la adjudicación de obras y proyectos programados en Sinaloa y otras tantas entidades, donde los gobiernos estatales tienen instrucciones claras de favorecer al que consideran uno de los empresarios consentidos del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Las denuncias sobre irregularidades en la adjudicación y operación de los proyectos de obras y servicios en contra del consorcio GIA+A, Assignia y Eductrade, y que han sido documentadas  con la construcción del Hospital El Salvador en Chile y el de Ixtapaluca en el Estado de México, dan cuenta del poder que ostenta este grupo empresarial representado en México por Gerard Rivero, un empresario con un “linaje” que le da autoridad para someter poderes locales serviles y en decadencia, sin la menor dificultad.

Para documentar las irregularidades y denuncias que pesan en contra de GIA+A , y de las deficiencias con que supuestamente opera el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Riodoce constató el hermetismo con que se maneja el personal administrativo del nosocomio al negar todo tipo de información.

El Coordinador de Comunicación Social del nosocomio,  Iván Romero, señala tajante que no se proporciona ningún tipo de datos, salvo una autorización previa de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud.

Por consiguiente, deberá entregarse previamente un cuestionario de preguntas y enviarlo a la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría. Esas son las instrucciones de la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, confirma Marisol Martínez,  quien dijo no tener cargo alguno y ser “administradora” de comunicación social.

En el mismo sentido, médicos y enfermeras abordados al interior de las instalaciones señalan que tienen estrictamente prohibido dar información que ponga en duda “la eficiencia” en los servicios de salud que proporciona el HORAEI, al grado de que existe la amenaza latente de prescindir de sus servicios ante cualquier violación a esta regla.

Sin embargo, los testimonios aportados por familiares de pacientes que aguardan en la sala de espera  y en el estacionamiento y fuera del hospital confirman la cauda de errores y deficiencias.

La mayor queja del personal operativo y de pacientes del Hospital Regional de Alta Especialidad se enfoca en la evidente  falta de personal que repercute en la calidad de los servicios de atención y cobertura.

Hay áreas del Hospital que desde su apertura permanecen cerradas por falta de personal. Otras como Pediatría y la de Adultos, que solo funcionan parcialmente porque la empresa responsable de contratar profesionales de la salud argumenta que no es necesario.

Uno de los médicos que labora desde la apertura del hospital apunta que el personal médico y de enfermería es el más escaso. En contraparte, hay un  exceso de personal administrativo y de confianza.

Esto dice que todas las áreas, sin exclusión de alguna, operan con severas limitaciones y esto repercute en la calidad de la atención.

Una médica que ofrece sus servicios como pasante coincide que el área de urgencias con que se dispone no fue acondicionada  para un hospital con esa dimensión. Es muy reducida. No tiene áreas de curación específicas porque no están destinadas y, por tanto, no puede atender muchos pacientes a la vez porque no cuenta con los espacios propios de un hospital de segundo nivel.

Por separado, los familiares de pacientes que solicitan internarse mediante la cobertura del Seguro Popular, denuncian que son frecuentes los casos de personas que son retenidas en las instalaciones porque no tienen para cubrir los gastos derivados de medicamentos, que en su mayoría no son cubiertos por esta modalidad de derechohabiencia.

Los estudios socioeconómicos se aplican bajo la discrecionalidad del personal  de Trabajo Social, que pareciera laborar bajo la consigna de que por todo servicio de atención, pobres o ricos “tienen que pagar”.

Desabasto: un mal crónico

El abasto de medicamentos e insumos sigue siendo un mal crónico desde que comenzó a operar, dicen los médicos y enfermeras, quienes estiman que para subsanar estas deficiencias se recurre con frecuencia  a los familiares de pacientes para que adquieran los medicamentos, sobre todo los que están en áreas críticas y donde el faltante es mayor.

El problema se complica sobre todo en pacientes de escasos recursos, porque al no poder adquirirlos tienen que recurrir a organismos altruistas como Cáritas y otros que les surten las recetas con medicamentos donados por la comunidad.

Aun así, ha habido casos de pacientes con seguro popular que han pospuesto sus tratamientos  porque sus médicos deciden no aplicarlos con la excusa de que no son los indicados en la receta,  aunque solo cambie el nombre comercial o la empresa farmacéutica que lo distribuye.

Las mismas enfermeras exponen la insensibilidad de algunos médicos que ordenan a los pacientes comprar antibióticos de los más caros, porque en las ventas de los mismos está asegurada una atractiva comisión para los galenos.

Médicos y enfermeros del nosocomio consideran que el suministro de medicamentos y otros insumos  debe estar garantizado por la Secretaría de Salud. Esta sugerencia ha sido llevada a las Juntas de Gobierno del hospital, pero no hay respuesta porque la dependencia destina la mayor parte de sus recursos a cubrir el pago de la renta de instalaciones a la empresa proveedora de insumos y servicios, DOIHI —que también es propiedad de Gerard Rivero— y lo poco que queda se ejerce en la cobertura de gastos primarios del hospital.

Al parecer ninguna de las partes —gobierno y empresa— se interesa por dar una solución integral al problema, que lo mismo afecta la relación laboral de los trabajadores que la atención de los pacientes.

Transparencia México, tras sus pasos

Ante los constantes señalamientos de que han sido objeto las licitaciones adjudicadas a GIA+A, por su oscuro historial que obligó al Gobierno de Chile a cancelar contratos de hospitales debido a los elevados costos que representaba para el  erario de ese país, Transparencia Internacional Capítulo México hizo una petición solicitando los contratos de obra federal con el actual gobierno desde el inicio de sexenio.

Esta solicitud permitió conocer que la constructora tiene a su cargo cinco obras en proceso, que en total suman un monto de superior a los mil millones de pesos. Entre las obras está la  “construcción de terracerías, estructuras, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento vertical y horizontal, obras inducidas y obras complementarias de diversas  carreteras en distintas entidades de la República”.

El “consorcio” y sus redes

A la sombra de su cuñado, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard Rivero ha posicionado a GIA+A entre las doce más importantes del país, según lo señala el diario Milenio. Pero sus lazos consanguíneos le han abierto espacios en el entramado del poder político y económico del país, por su parentesco con el club de industriales regiomontanos y hasta con los dueños de Televisa.

Hipólito es hijo de Hipólito Gerard Butler, otrora socio del banquero Carlos Abedrop en múltiples empresas, y además es nieto de Bertha Azcárraga Vidurrreta, hermana de Emilio, Rugiero y Gastón, y del industrial de origen neoleonés, Enrique Rivero.

Ha trabajado desde 1996 al 2013 más de 550 proyectos relacionados con el ramo de la infraestructura carretera, arquitectura y construcción pesada, acumulando una cuantiosa fortuna que le permiten facturar cerca de cuatro mil millones de pesos al año, según su reporte anual del 2013.

Sus operaciones de inversión dentro y fuera del país son compartidas en sociedad con las empresas Assignia Infraestructura  S.A. y Eductrade, S.A. Con el contrato de Participaciones Público Privadas (PPS) se formó un consorcio constituido por las empresas Constructora y Edificadora, GÍA+A, S.A. de C.V., Assignia Infraestructuras, S.A. y Eductrade, S.A.

Assignia Infraestructuras es una empresa española subsidiaria o perteneciente al gigante Essentium, que se adjudicó  contratos millonarios para perforar pozos a Pemex, así como el mantenimiento de los ferrocarriles de la ruta Buenavista–Cuautilán, la concesión para la prestación de servicios en el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca y la modernización y ampliación de la Carretera Federal # 2, tramo Sonoyta-Río Colorado, entre otros.

Essentium es un corporativo español internacional dedicado “a la construcción, la infraestructura y la prestación de servicios.