Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).– Durante el primer año de la gestión de los jefes delegacionales de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza hubo una falta de control interno en esas demarcaciones, lo que propició irregularidades en contrataciones de obra pública, de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2013, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La revisión del máximo órgano fiscalizador, presentada el pasado 18 de febrero, corresponde al primer año del actual gobierno federal, que empata también con el primero de la administración local en el Distrito Federal, tanto en su gobierno central como en sus 16 delegaciones políticas.

Aunque en lo que compete a entidades federativas, la ASF únicamente fiscaliza las aportaciones federales a estados y municipios o delegaciones, sus señalamientos al auditar el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal refieren una ausencia de mecanismos de control y supervisión en al menos siete delegaciones, así como la inexistencia de procedimientos administrativos que permitieran verificar el cumplimiento de sus metas y de reducir los riesgos de actos de corrupción.

Mas no se trató sólo de omisiones administrativas: la ASF detectó que hubo irregularidades en varias contrataciones, entre ellas que no se acreditó la realización de obras, se destinaron recursos a proyectos no contemplados en el Fondo, se pagaron obras que no se hicieron o no se cumplió con toda la documentación requerida para autorizar una obra y aún así se hizo.

Algunas de esas irregularidades ya fueron solventadas por las administraciones delegacionales, pero hay otras pendientes. En las delegaciones Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza –todas gobernadas por integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD)– quienes tendrán que atender y dar respuesta a la ASF serán los funcionarios que quedaron como encargados de despacho.

Y es que en todos los casos referidos, los delegados -quienes estaban a cargo al momento en que ocurrieron las irregularidades detectadas- dejaron sus puestos el 18 de enero pasado para buscar candidaturas a diputaciones locales, de cara a la elección del próximo 7 de junio.

El pasado fin de semana, para todos ellos quedó materializado ese proyecto, al resultar elegidos como candidatos del PRD a diputados locales por el principio de mayoría relativa.

De acuerdo con la lista de candidatos emitida por el PRD local, Leonel Luna Estrada (delegado con licencia de Álvaro Obregón) buscará ser el representante del distrito XVIII en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), mientras que Victor Hugo Romo Guerra (de Miguel Hidalgo) hará lo propio con el distrito VIII. A la delegada con licencia de Gustavo A. Madero, Nora Arias Contreras, le corresponderá contender por el distrito I, a Leticia Quezada (de Magdalena Contreras) el disteito XXXIII y el delegado con licencia de Venustiano Carranza, Manuel Ballesteros, tendrá que ganar en las urnas el distrito XI.

En el caso de Iztapalapa, el ex jefe delegacional Jesús Valencia Guzmán renunció al cargo el pasado 16 de enero, para “no entorpecer” la investigación de la Contraloría General del Distrito Federal por el posible conflicto de interés con la empresa Amexire, que se reveló cuando en diciembre de 2014 chocó una camioneta, propiedad de la empresa, contratista de la delegación y del gobierno capitalino.

Valencia Guzmán fue designado como candidato a una diputación federal por el principio de representación proporcional. El jefe delegacional de Benito Juárez, el panista Jorge Romero Herrera, también fue designado por su partido como candidato por la vía plurinominal.

Es decir que ninguno de ellos dos tendrá que someterse al escrutinio ciudadano en las urnas, pues su puesto como legisladores estaría garantizado. El 20 de febrero pasado, el ex líder del PRD, Jesús Zambrano, dijo que pediría al Consejo Nacional de su partido revisar la candidatura del ex delegado y considerar que hay una averiguación en proceso.

Cuando 12 de los 14 delegados perredistas anunciaron que abandonarían sus cargos para buscar candidaturas en su partido para otro cargo de elección popular, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México y la Arquidiócesis Primada de México, llamaron, por separado, a no votar por candidatos “chapulines”, como se refirieron a los servidores públicos que abandonaban sus cargos inconclusos para buscar otros.

“Hemos decidido que no nos gustan los bien llamados chapulines, por considerar que no se les puede tomar en cuenta como posibles servidores públicos de confianza y que han abusado de la ciudadanía al generar, sin vergüenza, un comercio burdo por alcanzar nuevas prebendas político-económicas, por encima del compromiso adquirido con los electores”, expresó entonces la representación del sector empresarial capitalino.

“Desecharán sin más, un trabajo para el que fueron elegidos por la ciudadanía y a la que deberían responder hasta el último día de su cargo”, agregaba el comunicado emitido por la Coparmex.

Tras la salida masiva de los delegados perredistas, durante los nueve mesesque restan hasta el término de los periodos de gobierno, las jefaturas delegacionales son ocupadas por los directores general de Jurídico y Gobierno a fin de continuar con los servicios, obras y programas respectivos.

Al revisar cómo las siete delegaciones referidas habían utilizado los recursos transferidos del Fondo –cuyo objetivo es “fortalecer el desarrollo y la inversión en infraestructura urbana”– la ASF descubrió las mayores irregularidades en las delegaciones Benito Juárez, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo.

En el primer caso, la única delegación gobernada por el Partido Aacción Nacional (PAN), se destinaron 65 millones 85 mil 700 pesos a rubros no contemplados en el Fondo.

De éstos, 56 millones 189 mil 300 pesos fueron para adquirir materiales de construcción, “que no se acreditó que correspondieran a obras ejecutadas por administración directa”, mientras que 3 millones 68 mil 900 pesos se destinaron a pagar el proyecto ejecutivo de la construcción de un polideportivo, cuyo contrato es el DBJ-LPO-037-13.

Otros 5 millones 592 mil 200 pesos fueron para mantenimiento de banquetas y 235 mil 400 pesos se dispusieron para un estudio de mecánica de suelos. En ningún caso, señala la ASF, existió evidencia de que el gobierno capitalino hubiera autorizado el uso de recursos para esos fines.

Por estas irregularidades la ASF planteó un probable daño o perjuicio al erario por 65 millones 85 mil 702.53 pesos, más intereses.

Algo similar ocurrió en la delegación Gustavo A. Madero, donde se gastaron 2 millones 778 mil 800 pesos para retirar juegos infantiles y bancas de fierro y sustituirlos por módulos de juegos infantiles, columpios y bancas y módulos de basurero, nivelar plazas, andadores y parques, y colocar guarniciones de concreto y pisos de concreto hidráulico.

Dado que ninguna de esas obras se considera en las disposiciones del Fondo, la ASF también consideró un probable daño o perjurio a las arcas públicas.

Además, el órgano fiscalizador señaló un probable daño por 434 mil 195 pesos por trabajos de obra de tres contratos que no se habían realizado y otro por 244 mil 519.86 pesos por luminarias que no funcionaban.

En esa delegación también se establecieron dos contratos cuyos montos originales se redujeron, sin que se formalizaran los convenios modificatorios que daban cuenta de tales disminuciones presupuestales.

En otros cinco contratos no se presentaron a la ASF las actas de recepción física de las obras, mientras que en dos contratos las actas de recepción no cumplían la normativa respectiva y en tres contratos más las actas se habían formalizado posteriormente al plazo establecido en los contratos de obra pública.

Respecto a la rehabilitación de una alberca ubicada en el Centro Social Miguel Hidalgo, la ASF refirió que dicha obra no estaba operando.

Además, la delegación no proporcionó evidencia documental sobre la autorización y evaluación del gobierno capitalino de las obras de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa. Como la delegación tampoco presentó evidencia del calendario de ejecución de las obras, la ASF no pudo verificar si las había realizado conforme a los plazos programados.

Por todo lo anterior, la Auditoría concluyó que la demarcación “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo, apegada a la normatividad que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.

En la delegación Miguel Hidalgo, que este trienio fue recuperada por el PRD tras estar en manos del PAN, la ASF detectó irregularidades por 4 millones 251 mil 700 pesos. La Auditoría detalla que en dos contratos se estimaron y pagaron volúmenes de obra con precios superiores a los contratados, mientras que en la construcción de la alberca semiolímpica en el deportivo “Plan Sexenal” se pagaron 2 millones 385 mil pesos en 66 conceptos de obra no considerados en el catálogo respectivo, mientras que por otros tres conceptos de obra que no fueron realizados se erogaron 101 mil 900 pesos. También se pagaron 34 mil 424.8 pesos extra para la supervisión de trabajos de reencarpetado.

En el caso del reencarpetado, además, la delegación no proporcionó documentación para justificar 5 millones 610 mil 100 pesos, había estimaciones del contrato sin firmas y no había evidencia de que se hubieran realizado trabajos de supervisión.

Además, por el monto de la obra, ésta debía contratarse mediante licitación pública nacional, pero se adjudicó por invitación restringida.

Otro caso donde la ASF detectó irregularidades fue en la rehabilitación del andador “José María Vigil”, que tuvo un costo de 6 millones 855 mil 900 pesos. Mas la delegación no presentó los estudios y proyectos que justificaran la elección de losas de concreto hidráulico, del relleno fluido de concreto hidráulico y el mejoramiento del relleno de excavación.

Tampoco presentó las propuestas técnica y económica de los contratistas a los que se les adjudicaron la rehabilitación de la alberca del deportivo “Plan Sexenal” (contrato DMH-LPFO-092-13) y del andador “José María Vigil” (contrato DMH-ADO-128-13).

De acuerdo con información pública de la delegación Miguel Hidalgo, las contratistas son, respectivamente, Camposeco Constrycciones, SA de CV, y Berum Empresas, SA de CV.

En ambos casos, además, no se proporcionaron a la delegación fianzas por vicios ocultos ni se formalizaron las actas de entrega recepción (al menos hasta cuando la ASF realizó su revisión).

En otro contrato, para pavimentación en la colonia Lomas de Sotelo (contrato DMH-LPFO-091-13) se pagaron 2 millones 386 mil pesos adicionales sin que se justificaran debidamente esas modificaciones.

En el caso de Iztapalapa, la delegación no presentó las fianzas de anticipo, cumplimiento de contrato y vicios ocultos de dos contratos. En otros cuatro contratos no se presentaron las actas de entrega-recepción de las obras. De tres de ellos no se mostraron las bitácoras de obra y la restante no fue cerrada al concluir la obra.

En Álvaro Obregón se habían hecho pagos por 406 mil 713.2 pesos por trabajos relacionados con una obra, pese a que éstos no se habían realizado.

Lo anterior implicaba un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, por el monto de más de 400 mil pesos más los intereses generados.

Respecto a la delegación Magdalena Contreras, a la que le fueron transferidos 32 millones de pesos del Fondo, la ASF no detectó irregularidades en una o varias obras en particular, mas sí identificó que no cuenta con mecanismos de supervisión y monitoreo de control interno.

Asimismo, apuntó el órgano fiscalizador, “no se resuelven oportunamente las deficiencias identificadas, ni las vinculadas con el análisis de los reportes emanados de los sistemas de información; los hallazgos de auditoría y de otras revisiones tampoco son oportunamente atendidos”.

La delegación Venustiano Carranza realizó un pago por 266 mil 100 pesos por servicios de un Director Responsable de Obra, concepto que no corresponde al objeto del contrato, además de que no presentó evidencia documental de que la obra se hubiera realizado. Además, señaló la ASF, la demarcación no ha integrado 239 mil 912. 28 pesos a la Tesorería de la Federación, que corresponden a saldo a favor del Fondo (61 mil 149 pesos) y a penalizaciones (178 mil 762 pesos).