IGUALA, Gro. (apro).- Luego de la masacre y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, registrada hace más de dos meses en esta ciudad colapsada por la narcoviolencia, el gobierno federal admitió que en la región de la Tierra Caliente existen territorios completos controlados por la delincuencia.
Es por ello que anunció la puesta en marcha de un operativo policiaco-militar en 36 municipios de los estados de Guerrero, Michoacán, México y Morelos.
También se informó que elementos de la Policía Federal División Gendarmería asumirán el control de las labores de seguridad en el puerto de Acapulco, donde policías y agentes de tránsito municipal mantienen un paro de labores desde abril de este año.
Al respecto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que de esta manera pretenden revertir los efectos de la narcoviolencia generada por la corrupción e indolencia oficial en la región de Tierra Caliente, con el fin de garantizar que la ciudadanía pueda transitar libremente por las vías de comunicación de esta zona.
Osorio Chong dijo que para el puerto de Acapulco la Gendarmería desplegará acciones enfocadas en mantener este balneario como “el polo de desarrollo y fuente de ingresos” para el estado de Guerrero.
Lo anterior, durante un acto oficial realizado en la cima del cerro del Tehuehue, donde se encuentra el asta, sitio emblemático de la ciudad de Iguala conocida también como “La cuna de la bandera”.
No obstante, el evento se caracterizó por la ausencia de alcaldes de la zona norte y la región de Tierra Caliente de la entidad, así como del presidente del Congreso guerrerense, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, todos ellos señalados por sus presuntos nexos con el narco.
Sobre este tema, Osorio Chong dijo que el gobierno federal está investigando a los políticos guerrerenses donde “tienen elementos para investigar”, aunque advirtió que se actuará cuando se tengan los datos suficientes para detener, consignar y procesar.
“No vamos a llevar una acción donde no tengamos elementos suficientes. La PGR va a seguir adelante con las investigaciones y, donde estemos seguros de que no se va a caer un proceso, donde un alcalde detenido salga en libertad por falta de elementos, entraremos en un proceso serio y transparente”, ofreció el funcionario federal entrevistado sobre el tema de la narcopolítica que desató una crisis de vacío de autoridad e ingobernabilidad en la entidad tras el caso Ayotzinapa.
Ello a pesar de que desde diciembre pasado el gobierno federal tiene abierta una investigación en contra de más de una decena de ediles y políticos que han sido exhibidos públicamente por sus presuntos nexos con el narco, pero a la fecha sólo ha sido detenido el exalcalde perredista de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino, en abril de este año, y el defenestrado expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez , luego de la matanza y desaparición de los normalistas de Ayotzoniapa.
El lugar donde se realizó el acto oficial prácticamente fue sitiado por policías federales y soldados, no obstante en el acceso principal una veintena de habitantes de Iguala se manifestó portando pancartas para exigir al gobierno federal que no reintegre a los policías municipales, pues éstos fueron acusados de participar no sólo en la campaña de exterminio de normalistas de Ayotzinapa, sino también en la desaparición de decenas de personas en este lugar considerado como un cementerio clandestino por el número de fosas encontradas durante la búsqueda de estudiantes.
Por su parte, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, explicó que el operativo especial en la región de Tierra Caliente abarca 36 municipios de los estados de Guerrero, Michoacán, Estado México y Morelos.
Las fuerzas federales se van a desplegar en 22 municipios de Guerrero; ocho del Estado de México; cuatro de Morelos y dos de Michoacán donde operan varias bandas delincuenciales que han exhibido “la debilidad institucional”, admitió.
Rubido García explicó que luego de la masacre de Iguala, 16 de los 22 municipios guerrerenses anunciados ya estaban bajo control de las fuerzas federales, es decir, sólo seis fueron incorporados al operativo federal.
El funcionario federal también destacó que la llegada de la Gendarmería al puerto de Acapulco pretende establecer condiciones de seguridad permanente y, de manera particular, en la temporada vacacional de diciembre.
En el operativo especial en la Tierra Caliente participarán al menos 2 mil agentes federales y la coordinación de la estrategia federal recae en el Ejército, indicó Rubido.
En Guerrero, los municipios bajo control de la Federación están ubicados en las regiones Tierra Caliente y Zona Norte: Iguala, Taxco, Teloloapan, Eduardo Neri, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Apaxtla de Castrejón, Pungarabato, Coyuca de Catalán, Argelia, Tlalchapa, Buenavista de Cuellar, Zirándaro, Pedro Ascencio de Alquiciras, Pilcaya, Tlapehuala, Cuetzala, Cocula, General Canuto A. Neri, Ixcateopan, Cutzamala de Pinzón y Tetipac.
Del Estado de México son Tlatlaya; Tejupilco, Amatepec, Ixtapan de la Sal; Tonatico, Zultepec, Zacualpan y Zumpahuacán.
De Michoacán: Huetamo y San Lucas.
Finalmente, de Morelos: Puente de Ixtla, Amacuzac, Coatlán y Tetecala.
En el acto oficial estuvieron los gobernadores de Michoacán, Salvador Jara Guerrero; de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu; del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, quien en su discurso volvió a ofrecer diálogo al movimiento conformado por padres de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes y organizaciones sociales, entre ellas el magisterio disidente.
“Lo que hoy vivimos en Guerrero es una crisis social y política, por eso yo ofrezco diálogo, diálogo y diálogo, así como flexibilidad y tolerancia al extremo”, expresó el mandatario interino que se ha caracterizado por la falta de operación política para destrabar el conflicto que tiene paralizados ayuntamientos y oficinas de gobierno estatal.
De manera paralela, en Chilpancingo integrantes del magisterio disidente volvieron a salir a las calles para irrumpir nuevamente en la sede del Poder Ejecutivo, donde desalojaron el edificio y quemaron los bustos de los exgobernadores en la entrada principal del inmueble.
Los manifestantes advirtieron que no permitirán que burócratas y autoridades estatales laboren en este inmueble que alberga la estructura administrativa del gobierno de Guerrero.
