Sin ningún compromiso concreto, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel contestó las seis exigencias planteadas por el semanario Ríodoce, al cumplirse un mes sin avances en la investigación por el homicidio de Javier Valdez Cárdenas.

A través de un documento firmado por el secretario general de gobierno, Gonzalo Gómez Flores, se da lectura uno a uno a los puntos enlistados por Ismael Bojórquez Perea, director de Ríodoce, el pasado jueves 15 de junio, al terminar la Marcha por la Justicia y la Paz que se llevó a cabo en Culiacán.

En el primer punto, en el cual Ríodoce exigió que las Fiscalías, tanto la local como la federal, decidan quién llevará la investigación por el homicidio, el gobierno de Sinaloa dijo que le ha pedido a la Fiscalía General del Estado que sea ésta quien entable comunicación con la FEADLE y ellas den una respuesta.

“Hemos planteado su petición al Fiscal General para que se decida lo más inmediato posible, cuál fiscalía asumirá totalmente la investigación. Para ello la Fiscalía General ha iniciado contactos con la FEADLE para tratar este tema y llegar a una decisión”, indica el documento.

Al segundo punto, en el que Ríodoce exigió se informe a la opinión pública los avances en la investigación, entre ellos la identificación de los presuntos autores materiales e intelectuales del asesinato, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel indicó que son las Fiscalías las únicas competentes para dar esa información.

“Los contenidos solicitados son sumamente especializados y ligados a la médula de la investigación ministerial del caso y como lo comentamos en la respuesta al punto 1, son ambas fiscalías autónomas las encargadas de las investigaciones y de sus avances”.

En la tercera solicitud, que pide al gobierno estatal apegarse al Mecanismo de Protección a Periodistas, con objetivos claros y cuantificables, se respondió que se llevará a cabo una reunión con organismos especializados en defensa de los derechos de periodistas como Artículo 19, CPJ y Reporteros Sin Fronteras, la cual se realizará, según se dijo, el 27 de junio en Culiacán.

Ríodoce demandó en el cuarto punto que el Gobierno de Sinaloa se comprometa a rectificar su estrategia de seguridad en lo inmediato. En respuesta, el documento refiere la presentación del Plan Estatal de Desarrollo y la elaboración del Programa Sectorial de Seguridad Pública.

También se informó que la solicitud de Ríodoce será presentada ante el Grupo de Coordinación de Seguridad Pública para que sea analizada.

Sobre la entrega de un diagnóstico claro de las condiciones del sistema de cámaras de videovigilancia en todo el estado, se dijo que recientemente se adquirieron mil 300 cámaras y se encuentran en proceso de instalación.

Al sexto y último punto, en el cual Ríodoce exigió que se impida que grupos delincuenciales transiten impunemente en vehículos con personas armadas en zonas urbanas y rurales, el gobierno de Ordaz Coppel mencionó que la presencia del Ejército en las calles ha dado “golpes significativos a los delincuentes”.

“No obstante admitimos que el fenómeno de las armas aún está ahí y nos preocupa, por ello, con el auxilio de las fuerzas armadas y las corporaciones estatales y municipales intensificaremos los patrullajes e incrementaremos los puntos de revisión y vuelos de reconocimiento en todo el estado”.

El documento fue entregado personalmente en las oficinas del periódico, por el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, Jesús Soto y el director de Derechos Humanos, Ernesto Gaxiola.