Aunque en los logros del primer año de gobierno, Quirino Ordaz Coppel presume que se ha trabajado en estimular la participación ciudadana, contrasta con las propuestas de reformas constitucionales que ha impulsado y que califica como las más notables.

Dentro de sus logros, en el documento del Primer Informe de Gobierno subraya que se disminuyeron de 40 a 30 diputados locales, y de 233 a 153 regidores en los municipios. Al enviar la iniciativa de reforma, en la exposición de motivos hizo hincapié en la razones de ahorro al ejercicio del gasto público, pero la propuesta no estuvo enmarcada en la realización de convocatorias a foros, debates u otro ejercicio que propiciara escuchar las opiniones o puntos de vista de la ciudadanía sobre la reforma constitucional que compactó los cabildos y el Poder Legislativo

Ambas reformas fueron aprobadas ampliamente por la”vía fast-track” en el Congreso del Estado con el respaldo del Grupo Parlamentario  del PRI, a pesar del amplio rezago legislativo que tienen otras propuestas de reformas constitucionales, que incluso fueron presentadas desde la anterior Legislatura, como la de eliminar el fuero en Sinaloa, o la propuesta de que los regidores fuesen electos de manera independiente, sin formar parte de una planilla junto a los alcaldes.

“Al no tener este origen ciudadano toman decisiones girando alrededor del presidente municipal, es de un presidencialismo extremo la organización de los Ayuntamientos”, señaló en su momento la investigadora de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, Mercedes Verdugo López, al referirse a la reforma del Ordaz Coppel de reducir el número de regidores.

Con oportunidad, Francisco Higuera Castro, el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAS, cuestionó que las propuestas están muy cargadas a la lógica del ahorro: “¿A poco el principal problema de la distorsión y la poca eficacia en la aplicación de presupuestos públicos tiene que ver con el número de diputados y el número de regidores como la principal fuga del  erario público?”.

El también doctor en Derecho sentenció que la reforma era en realidad un señuelo, nada serio, mera pirotecnia. “Lo entiendo más como una intención de concentrar más el poder en la lógica de los intereses de una persona, sin tener que ver con avances democráticos”.

Otra reforma constitucional importante que no mostró el interés del mandatario en la participación ciudadana, fue cuando presentó al Congreso del Estado las reformas constitucionales para crear la Fiscalía General. En la versión original de la iniciativa no contemplaba la participación ciudadana en el nombramiento del fiscal general, pero la propuesta fue modificada por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la cual dictaminó que la elección sería con la participación del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

En la propuesta que creó la Fiscalía General del Estado no contempló la participación de la ciudadanía en el nombramiento del fiscal anticorrupción, sino que fuese una facultad del titular de la Fiscalía General. Fue ese un punto de controversia en el Poder Legislativo el día que se votó la reforma constitucional, ya que el PAN, PRD y Morena proponían que el nombramiento fuese mediante una convocatoria pública abierta, luego de la cual el Congreso del Estado propondría una terna para elegir al titular en una votación que requiriese las dos terceras partes de los legisladores.

La rendición de cuentas que no llega

Pese a que en el Primer Informe de Gobierno se reconoce que la Rendición de Cuentas y el Combate a la Corrupción es una asignatura importante para ejercer el poder público y acreditar mayor confianza, no existe ningún ex funcionario encarcelado ni obligado a restituir recursos públicos.

Días previos a la presentación del Primer Informe de Gobierno, la  Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas divulgó la inhabilitación de dos funcionarios de primer nivel de la administración de Mario López Valdez: José Luis Sevilla Suárez, quien estuviera a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, y Armando Villareal, ex secretario de Administración y Finanzas.

Desde el inicio de la administración estatal la atención estaba puesta en la revisión que haría el gobierno de Quirino Ordaz Coppel en las cuentas de López Valdez, pero el documento solo dedica un párrafo de cinco renglones para referirse a ese tema.

En el texto puede leerse que “el problema de la corrupción representa un alto costo para el desarrollo económico e incide negativamente en problemas sociales como la desigualdad y pobreza”.

“A todo”, presume, “contribuirán la reformas constitucionales que hicieron posible el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Fortalecimiento de la Auditoría Superior del Estado”.

No existen más logros en esta materia porque el sistema está inacabado y sin presupuesto. No se han nombrado, por ejemplo, dos piezas clave en el engranaje del Sistema Estatal Anticorrupción, como es el Fiscal Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana. Los propios titulares de la ASE, como de la Fiscalía General, han advertido al Poder Legislativo que ante las nuevas facultades y responsabilidades necesitarán un presupuesto adicional para contar con mayor personal y equipo.

En materia de rendición de cuentas el apartado está más orientado a lo que se hará o las intenciones, más que ha lo realizado. Por ejemplo entre las prioridades está el recuperar la confianza ciudadana en la autoridades, y vigilar los procedimientos de contratación, adquisición y arrendamiento.

Entre los puntos fuertes se enfatiza la realización de auditorías con la participación de testigos sociales en materia de obra y adquisiciones.

En los trabajos para sancionar administrativamente a funcionarios públicos, se registra que se han levantado 93 expedientes, pero sólo se han resuelto con sanción ocho, mientras que el resto siguen en proceso de resolución.

De las 262 quejas o denuncias ciudadanas que se han presentado por omisiones en el cumplimiento de la normatividad, sólo se han concluido 44 expedientes, de los cuales tan solo cinco fueron turnados a la Dirección de Responsabilidades Administrativas.

Pensiones: focos rojos

Aunque por el fuerte activismo político desplegado por el movimiento “Somos Más que 53” se aseguró que no había ningún proyecto de reforma a la Ley de ISSSTESIN, en el documento del Informe de Gobierno se asegura que se está consensuando con las representaciones formales de los trabajadores de la educación, así como con las bases magisteriales, para implementar posibles y necesarias reformas a la Ley del ISSSTESIN.

El propósito de la hacienda pública estatal ha sido en el primer año incrementar la recaudación y responder a las necesidades que demanda la ciudadanía. La estrategia le funcionó al gobierno estatal, ya que se prevé que los ingresos propios vía impuestos alcanzarán los 2 mil 252 millones de pesos al cierre de 2017, lo que representa un crecimiento real del 17.3 por ciento en relación al 2016; mientras que en los ingresos por concepto de cobros de Derechos se incrementó en un 25.7 por ciento.

Sin embargo, el gobierno estatal, con el argumento de reducción de recursos, recortó el Programa de Uniformes de Útiles Escolares Gratuitos a la mitad.

Con las reformas aplicadas a la tasa del Impuesto sobre Nóminas, la implementación de dos nuevos Impuestos, por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y el de Casas de Empeño, se espera logren recaudar al cierre del 2017 un total de  747 millones de pesos.

El cobro por tenencia no especifica el monto, sí el estímulo fiscal que significó exentar el pago del impuesto a 87 mil 133 propietarios de vehículos con valor factura de hasta 250 mil pesos, que a septiembre de 2017, representó un monto de 192 millones de pesos.