El Secretario de Salud recibe pago mensual de 60 mil pesos por alquilar oficinas al Estado
En un evidente conflicto de interés y posible tráfico de influencias, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel mantiene contratos de arrendamiento de inmuebles con uno de sus secretarios de gabinete, un diputado local, una directora de instituto y hermana del subsecretario de gobierno, un funcionario de la Conagua y la hermana de un ex alcalde priista.
Los contratos de arrendamiento que se firmaron, en su mayoría, durante el sexenio de Mario López Valdez, continuaron en el primer semestre de Ordaz Coppel, a pesar de que algunos de estos arrendadores ya habían tomado protesta como funcionarios públicos.
Por ejemplo el secretario de Salud, Alfredo Román Messina, quien además de su sueldo como funcionario, recibe un pago mensual de 60 mil 914 pesos por la renta de las oficinas del Tribunal Contencioso Administrativo en Mazatlán.
Violentando el artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que prohíbe que los funcionarios tengan contratos de arrendamiento, servicios u obras públicas, estos funcionarios cobran sus rentas y además su sueldo como funcionarios.
El doctor arrendador
Alfredo Román Messina, conocido cirujano mazatleco, propietario de una clínica de renombre en el puerto, fue uno de los secretarios del gabinete de Ordaz Coppel que se negó a hacer pública su declaración patrimonial.
Pero lo que sí es público son las facturas y contratos por la renta de un inmueble que Román Messina tiene con el gobierno de Sinaloa desde 2007 y que continuó en 2017, una vez que ya había sido nombrado Secretario de Salud del Estado.
El contrato de 2007, pactado en diciembre de ese año, fue firmado precisamente por su hoy jefe, Ordaz Coppel, quien en ese entonces era subsecretario de Administración y Finanzas en el gobierno de Jesús Aguilar Padilla.
En dicho contrato se estableció que Román Messina obtendría un pago mensual de 51 mil 750 pesos mensuales, desde el 7 de diciembre de 2007 hasta el 30 de diciembre de 2010.
El arrendamiento continuó a lo largo del sexenio de López Valdez y se refrendó en el gobierno de Ordaz Coppel con Román Messina ya en un cargo público.
De acuerdo con una de las facturas por el servicio de arrendamiento, disponibles en el portal de transparencia del gobierno estatal, en febrero de 2017 el actual Secretario de Salud facturó al gobierno de Sinaloa 60 mil 913 pesos por la renta de las oficinas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Mazatlán, ubicadas en la colonia López Mateos del puerto.
Según precisó el propio titular de la secretaría de Salud, su contrato fue renovado hasta mayo de 2018.
No hay conflicto: Román Messina
Sereno y confiado, Alfredo Román Messina aseguró que no incurre en un conflicto de interés y que tampoco viola la ley al arrendar un inmueble al gobierno y al mismo tiempo trabajar para él.
El Secretario de Salud defendió que su contrato tiene una antigüedad de once años y que cuando lo firmó por primera vez no era funcionario público.
A Román Messina se le leyó en voz alta un párrafo del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, pero él insistió: no hay conflicto.
“No hay contradicción en lo que está sucediendo, no hay ningún conflicto de interés”, enfatizó.
—¿Cuándo lo invitaron a ocupar este cargo, en algún momento se analizó la existencia de este contrato?
—Se lo expresé al señor secretario de finanzas (Carlos Ortega Carricarte), él lo paso al departamento jurídico y me dictaminaron que no existía un conflicto de interés.
—¿Hay un documento oficial que valide eso?
—No, lo que tengo es la renovación del contrato firmado por las autoridades pertinentes.
—¿Cuándo fue esa renovación?
—Se renovó en 2017
—Secretario, ¿cómo explicarle a la ciudadanía que esto no representa un conflicto de interés, pues usted es un funcionario público de primer nivel y al mismo tiempo le presta un servicio al gobierno del Estado?
—Bueno, póngase en mi lugar, si yo tengo una propiedad que le rento al gobierno sin ser funcionario desde hace años, no tengo porque recibir una afectación en mi patrimonio por aceptar un cargo público.
—¿Nunca pensó dejar este contrato para poder ocupar el cargo público?
—Tendría yo que correr al Tribunal del edificio y ellos seguramente lo objetarían, tienen derecho a estar ahí, es un bien necesario para la ciudadanía.
—¿No piensa desistir de este contrato?
— La única razón para que ese contrato deje de ser procedente es que el Tribunal decida ya no renovarlo.
La hermana acomodada
Con su hermano, Antonio Castañeda Verduzco, en la subsecretaría General de Gobierno, Blanca Castañeda Verduzco fue nombrada, a principios de 2017, directora del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA).
Y además, el gobierno de Ordaz Coppel le renovó sus dos contratos de arrendamiento con el Estado, a pesar de que ya fungía como funcionaria.
Castañeda Verduzco le renta al gobierno de Sinaloa las oficinas donde se ubica el Instituto de Pensiones del Estado y las oficinas de la Secretaría de Agricultura en Culiacán.
Mensualmente, por ambos contratos, la directora del ISEA recibe un pago de 78 mil 386 pesos.
En 2012, cuando su hermano era dirigente del PRI en Culiacán, Blanca Castañeda obtuvo el contrato de arrendamiento para las oficinas del IPES. Este contrato, por el que recibe 44 mil pesos mensuales, fue refrendado en abril de 2016 y se alargó su duración hasta el 31 de marzo de 2019.
La Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos le prohíbe a Castañeda Verduzco mantener dicho contrato. Pero también en este caso, la ley ha sido letra muerta.
Castañeda Verduzco también le factura al gobierno de Sinaloa un monto de 34 mil 015 pesos mensuales por las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Beneficiados por la política
Y aunque no son funcionarios en turno, también destacan arrendadores que en algún momento tuvieron una relación con la política que podría haberlos beneficiado.
Como el caso de Graciela Duarte García, hermana del ex alcalde priista de Ahome, Arturo Duarte, quien obtuvo un contrato de arrendamiento con el gobierno del Estado en 2015, cuando el también ex subsecretario de Finanzas gobernaba el municipio cañero.
Graciela Duarte firmó su contrato de arrendamiento el 15 de diciembre de 2015 y desde entonces cobra una renta mensual de 97 mil 809 pesos por el inmueble que ocupan las oficinas de la Dirección de Fiscalización y de la Dirección de Vialidad y Transporte en Los Mochis.
El gobierno de Ordaz Coppel le refrendó su contrato en 2017.
También es arrendador del Estado, el ex delegado de la Conagua en Sinaloa, José Rosario Peñuelas, quien recibe una renta mensual de 13 mil pesos por la renta de las bodegas para la Agencia del Ministerio Público en Guasave.
Diputado y ex líder sindical: pensión de lujo y rentas con gobierno
Apenas comenzaba a difuminarse el escándalo por la mega pensión que recibe el diputado y ex líder sindical del SNTE 53, Silvino Zavala Araujo, cuando su nombre aparece de nuevo, pero ahora en las listas de arrendadores del gobierno del Estado.
Comenzaba su periodo como dirigente sindical en 2012 cuando Silvino Zavala obtuvo su primer contrato de arrendamiento con el gobierno de Mario López Valdez, en lo que podría tratarse de un posible tráfico de influencias, un delito que ya está tipificado en el Código Penal de Sinaloa.
El ex líder sindical, quien además de su sueldo como diputado que alcanza los 155 mil pesos, recibe una pensión de 93 mil 575 pesos mensuales, también le cobra al Estado por la renta de dos locales que ocupan las supervisiones escolares 002 y 009 en la colonia Centro de Culiacán.
Según una de las facturas más recientes, Zavala Araujo ha recibido mensualmente un pago de 40 mil 109 pesos como arrendatario del estado.
De acuerdo a la información disponible en el portal web del gobierno de Sinaloa, el bien que arrenda Zavala Araujo se seguirá rentado de forma indefinida.
¿Qué dice la ley?
ARTÍCULO 15.— Todo servidor público, tendrá los siguientes deberes: Abstenerse en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de autorizar pedidos o celebrar contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte.
No hay irregularidad, defiende SAYF
El secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, defendió que no existe conflicto de interés en los casos de arrendamientos de inmuebles entre funcionarios públicos y el gobierno de Sinaloa.
Aunque sin especificar el sustento legal, Ortega Carricarte dijo que su área jurídica analizó el tema y descartó la violación a la ley, debido a que los contratos se firmaron cuando el arrendador aún no era servidor público. Una vez que asumieron el cargo, los contratos sólo se renovaron.
Defendió que las condiciones económicas de los contratos tampoco cambiaron, por lo que no existe un beneficio adicional para los funcionarios.
Al cuestionarle si independientemente de lo jurídico, el tema representa un conflicto ético, Ortega Carricarte justificó que cancelar los contratos y buscar otros edificios significaría una situación muy complicada para el Estado y un gasto oneroso.
Dijo que los contratos no se cancelarán, a menos que se encuentre una opción de renta en mejores condiciones que las actuales.
