A fin de evitar que se “diluya la responsabilidad” del esclarecimiento del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, el diputado federal Manuel Clouthier Carrillo presentó ante la Cámara de Senadores un punto de acuerdo para que se defina si la investigación del caso la llevará la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) o la Fiscalía de Sinaloa.

El punto de acuerdo, presentado con el carácter de urgente resolución, contempla que el Congreso de la Unión exhorte también al Fiscal General del Estado de Sinaloa para que informe detalladamente el porqué sólo funciona el 9 por ciento de las cámaras de videovigilancia en Culiacán, donde Valdez Cárdenas “fue asesinado a plena luz del mediodía en el centro de la ciudad el pasado 15 de mayo”, así como de las acciones inmediatas para revertir esa situación.

El documento presentado ante el Senado, pide que la Fiscalía establezca una estrategia policíaca legal para inhibir con inteligencia el tránsito de civiles con armas de fuego, algunas de uso exclusivo del Ejército, tanto en zonas urbanas como rurales de Sinaloa, donde “desde décadas atrás la impunidad, corrupción política y narcotráfico encontraron el lugar para coexistir y desarrollar un modelo imitable del maridaje perverso”.

En un tercer punto, se plantea que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Secretario de la Defensa Nacional para que de información sobre el número de elementos castrenses que están desarrollando tareas de policía militar en Sinaloa, en qué municipios, así como los resultados de dicha labor, de enero de 2017 a la fecha.

Ante el senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se pide que se exhorte al gobernador Quirino Ordaz Coppel, para que se comprometa a implementar en conjunto con las asociaciones de periodistas, un mecanismo de protección a su labor e integridad para garantizar el derecho de información de los sinaloenses.

“El derecho a la libertad de expresión y a la información, desde hace mucho tiempo no está siendo garantizado ni protegido… las agresiones a periodistas y medios de comunicación han continuado en Sinaloa; se mantiene porque el estado no tiene el interés de que cesen, y eso es debido a que no los ha esclarecido”.