Va Morena por legalizar austeridad en todos los poderes


Antes de votar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 2019, el Grupo Parlamentario de Morena buscará expedir la Ley de Austeridad del Estado de Sinaloa para apretar el gasto de todos los poderes, los municipios y órganos autónomos.

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La racionalización del gasto está centrada en el recorte a tres ramas: servicios personales y generales, en vehículos automotores, y en comunicación y publicidad oficial.

De entrada, la nueva ley obligaría a todos los poderes y entes públicos a elaborar durante los primeros 30 días del ejercicio presupuestal de cada año, un Programa de Reducción y Ahorro en todas sus áreas, particularmente en los rubros de servicios telefónicos, consumos de electricidad, agua potable y combustibles, servicio de internet, fotocopiado, papelería, materiales y suministros en general.

En servicios generales, el proyecto de ley prevé la eliminación de partidas presupuestales para el pago de servicios médicos privados para el personal de mandos medios y superiores y sus dependientes económicos. Sólo considera que en casos extraordinarios, cuando peligre la vida del servidor público y no se cuente con la especialización médica o tecnológica que se requiera, podrá autorizarse el pago de gastos médicos particulares.

La iniciativa de ley señala como “expresamente prohibidos” los gastos de representación de los servidores públicos, elimina la creación de nuevas plazas de mandos medios y superiores, y sólo considera la autorización en áreas operativas de salud, educación, seguridad pública y protección civil.

La ley limita además al mínimo indispensable los gastos para la contratación de personal eventual y de honorarios, mientras que la otorgación de licencias sindicales con goce de sueldo sólo procederá bajo convenios sindicales y contratos colectivos.

En cuanto a los gastos de vehículos automotores, se eliminarán la utilización de recursos públicos para financiar planes de crédito para la adquisición de cualquier tipo de vehículos propiedad de los servidores públicos.

Para los vehículos oficiales, la nueva normatividad señalaría que sólo podrán sustituirse si tienen al menos seis años de uso y más de 200 mil kilómetros recorridos. Los vehículos sólo podrán darse de baja cuando tengan más de 12 años de uso, siniestros que declaren pérdida total o cuando por sus condiciones pongan en riesgo la integridad física de sus usuarios o de terceras personas.

Estaría prohibido el uso particular o familiar de los vehículos asignados a los servidores públicos, como una medida que garantice el público y racional uso de los vehículos y el consumo de combustibles.

La iniciativa de Ley de Austeridad señala específicamente que el gobierno estatal, los Ayuntamientos y todo ente público, deberán limitar los gastos de comunicación y publicidad exclusivamente al presupuesto asignado, el cual no deberá ser mayor al 1 por ciento de los ingresos propios.

Serán eliminados del presupuesto de medios de comunicación, los gastos con motivo de onomásticos, cumpleaños, condolencias o cualquier otro evento o celebración que se relacione con los servidores públicos o los particulares.

Dentro del marco de austeridad, se contempla además la extinción de fideicomisos que no justifiquen sus fines públicos.

 

Contra el “ofensivo derroche”

La nueva ley, la cual Morena espera pueda ser aprobada en los siguientes días, especifica que ningún Poder del Estado, gobierno municipal, ni organismo autónomo, podrá realizar ningún gasto que no esté previsto en el presupuesto del ejercicio en curso, salvo en algunas excepciones previstas en la misma ley.

La prohibición de no ejercer más de lo presupuestado, está basado en un análisis realizado a las finanzas de Sinaloa en los últimos 17 años. En la exposición de motivos de la iniciativa de Ley de Austeridad se señala que del año 2000 al 2017, suman más de 50 mil millones de pesos el gasto registrado por encima del autorizado por el Poder Legislativo.

“Muestra en el mejor de los casos, la ausencia de planeación para el uso de los recursos públicos y en el peor, un ofensivo derroche”, se lee en la iniciativa firmada por los diputados del Grupo Parlamentario de Morena.

Un dato específico que se señala en la exposición de motivos de la iniciativa, es el creciente presupuesto al gasto corriente, el cual se ha triplicado en los últimos 15 años. Así, mientras que en 2004 era de 12 mil 819 millones de pesos, para el 2018 ya se destinaron al gasto corriente un total de 37 mil 678 millones de pesos.

Otro dato llamativo en el análisis destacado por los legisladores de Morena es la aplicación del concepto de Servicios de Comunicación Social y Publicidad, ya que en 2011 era de apenas 110 millones de pesos, pero para el año 2017 fue de 365 millones de pesos. Advierten los legisladores de Morena que para el 2018, el gasto por este concepto ya supera los 261 millones de pesos, aunque existen compromisos de pago que alcanzan los 369 millones de pesos, lo que implicará que se cerrará el año con doble de presupuesto ejercido en 2017.

“Con los más de 2 mil 300 millones de pesos que en siete años y medio se han destinado al concepto de Comunicación Social y Publicidad, el Gobierno del Estado habría construido tres hospitales pediátricos, como el que anunció el gobernador Quirino Ordaz el 12 de septiembre pasado, con 700 millones de pesos en Culiacán”, argumenta la iniciativa.

Un foco rojo que quiere apagar Morena es el gasto en la partida de servicios generales. Durante 2017 se ejercieron 124 millones de pesos por gastos de servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios. En este mismo rubro se cubre honorarios profesionales y asesorías. “En las críticas a este gasto en el Congreso del Estado, se le ha identificado con el pago de aviadurías y favoritismos en materia de contrataciones”, señalan los legisladores en el documento.

De 2013 a 2017, el gobierno estatal ha gastado un total de 580 millones de pesos por este concepto de servicios profesionales, científicos, técnicos y otros, y durante el primer semestre de 2018 ya contabilizaba un ejercicio de 42 millones de pesos.

Artículo publicado el 23 de diciembre de 2018 en la edición 830 del semanario Ríodoce.

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