Proctólogos, políticos y familiares de gobernantes
Entre el 60 y 70 por ciento de las empresas constructoras en Sinaloa están en situación crítica, inactivas o a punto de la quiebra, debido a que el gobierno de Mario López Valdez no realizó mucha obra durante los tres años que lleva su administración y esta fue acaparada por allegados, confirmaron dueños de negocios de esta industria.
“El Gobierno estatal no sacó suficiente obra y de ahí dependíamos nosotros, y la poca que ha sacado la han acaparado unos cuantos, hay mucha voracidad”, manifestó uno de los entrevistados, quien pidió mantener el anonimato por temor a represalias.
Muchas de las obras asignadas a los privilegiados de este gobierno, agregó, no son constructores, sino tienen negocios de otros giros, como el comercio, e incluso sus propietarios se dedican a actividades profesionales que no tienen nada qué ver con el sector, entre ellos médicos especialistas o de otros oficios.
Otro de los constructores entrevistados está en una inactividad peligrosísima y no tiene liquidez para mantener el negocio, aunque este no ha sido declarado formalmente en quiebra. Su negocio sumaba alrededor de 12 empleos directos y de planta, aunque hubo temporadas de gran actividad que llegó a sumar entre 50 y 60.
“En mi caso, que no puedo ventilarlo con mi nombre ni con el de mi empresa porque de por sí me ha ido muy mal y estamos ante un gobierno represor, la llegada de este gobierno, el de Malova; he sido víctima del acaparamiento de la obra y por eso apenas logramos sobrevivir los primeros dos años de esta administración y con muchísimas dificultades. En este tercer año, ya de plano no pude”, explicó.
Hasta el momento, añadió, no tiene manera de seguir pagando el Seguro Social ni las cuotas de Infonavit, aunque quisiera mantener su planta laboral a pesar de que no tiene obra, para darles certidumbre a los empleados.
Lamentó que la corrupción que impera en esta actividad, ya que los funcionarios encargados de asignar la obra —estatales y municipales—, con el circo de las licitaciones en las que todos saben quién va a ganarlas, cobran al menos el 10 por ciento de comisión.
“Pero eso no es todo, uno tiene que soportar los altos precios de los productos que usamos y los bajos precios de las obras, y además lo que se tardan a uno en pagársela”, sostuvo.
En su caso, pasó de realizar un promedio de diez obras al año y de ejercer alrededor de 20 millones de pesos, a no tener absolutamente nada.
“Políticos y funcionarios estatales tienen toda la obra, tienen sus constructoras y se autoasignan la obra. Se sabe que Gerardo Vargas Landeros (secretario general de Gobierno) está metido, igual que familiares de José Luis López Montiel (titular de la Unidad de Inversiones), de Armando Villarreal (titular de la Secretaría de Administración y Finanzas) y del mismo gobernador López Valdez. Son ellos, sus parientes, su gente”.
Fuentes extraoficiales confirmaron que el alcalde Aarón Rivas es dueño de al menos seis constructoras, entre ellas Haggen Construcciones, Constructora Ararat, Constructora Jaarmi y Trevelec Construcciones, que también han sido beneficiadas con obras locales y del Estado.
Exiliado
Él lleva tres años fuera del estado, porque sencillamente fue marginado de la obra municipal y estatal: “Toqué puertas en el Ayuntamiento y en el Gobierno del Estado y nada. He dedicado alrededor de veinte años de mi vida a la construcción de escuelas, pero la obra empezó a ser acaparada desde el gobierno de Jesús Aguilar Padilla y ahora con este gobierno es peor porque antes había cierto juego y repartían una pequeña parte, y ahora nada”.
Señaló que ha tenido que refugiarse en otras regiones del país y empezar a trabajar obras de dependencias federales, porque “el acaparamiento en Sinaloa está provocando cierre de negocios y una crisis tan complicada que coloca a muchos en riesgo de quiebra”.
Para sobrevivir, aseguró, muchos constructores se someten a la subcontratación por los que están siendo privilegiados con obras, para soportar la carga administrativa, mantener por lo menos a parte del personal y seguir en el negocio.
Dijo que llegó a tener hasta cuatro obras por año y ahora ni una sola. Lamentó que entre los beneficiados en este giro industrial haya diputados, políticos, servidores públicos, proctólogos y cirujanos plásticos que no tienen nada qué ver con el sector pero que entraron porque son allegados a los gobernantes.
—Y ante todo esto, ¿sirve de algo la Cámara?
—Yo digo que no. ¿A mí la Cámara para qué me ayuda?… Para nada. Si son cursos o cuotas, hay que pagar 5, 7 mil pesos, y si no tengo trabajo, cómo lo voy a pagar. Es un panorama muy jodido, la verdad.
