PRI y Verde votaron por un país en guerra, nosotros elegimos la paz: opositores

Sin siquiera discutir las modificaciones que unas horas antes le hiciera el Senado tras las fuertes críticas lanzadas por legisladores opositores, y desoyendo todas la recomendaciones hechas por instituciones y organismos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, diputados del PRI y el Verde Ecologista —y algunos del PAN— avalaron con 262 votos a favor y 25 en contra la minuta de la Ley sobre Seguridad Interior, que anuncia y legitima la militarización de la seguridad pública del país.

La Ley que amenaza los derechos y la integridad de los mexicanos que estorben a los intereses político-económicos del Estado, fue enviada el viernes pasado a Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atrás quedaron los gritos y aplausos de diputados priistas y del Verde ecologista que celebraron con júbilo su aprobación en el Pleno.

La oposición por su parte, anuncia que recurrirá a la presión de los tribunales y los tratados internacionales para dejar sin efecto esta ley que aseguran, multiplicará las muertes y desapariciones de civiles y pondrá al país “de cabeza” en materia de derechos humanos.

“Hoy tenemos que elegir entre la paz y la guerra”, decía en la Tribuna el senador panista Raúl Morón Orozco, refiriéndose al Pleno del Senado. “Aprobar esta ley es como votar por la Guerra porque esta Ley ayudará a perpetuar esta crisis que cobra ya más de 100 mil muertes al país, por eso, aquí no hay de otra señores senadores: o votamos por la guerra o elegimos la paz. Yo elijo la paz para mi familia”, remarcaba-

Pero ni las recomendaciones del Parlamento Europeo, ni las voces en contra que expresaron con insistencia los Relatores de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, La Comisión Nacional del ramo y las de otros Estados, rectores universitarios, organizaciones civiles en México y el exterior, bastaron para que el PRI y sus aliados frenaran —o por lo menos aplazaran— la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que intensificará la “pesadilla” que enfrenta el país ante tantos desaparecidos, aseguró el senador por Guanajuato,  Juan Carlos Romero Hicks.

Relatores de la ONU

Dos días antes de la aprobación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México exhortó al Gobierno Mexicano para que el Senado se abstenga de aprobar la ley y se abra un diálogo nacional con miras a proponer un modelo de seguridad que sin desestimar la legítima actuación del Estado, permita preservar y garantizar los derechos de las  personas.

Tanto la  ONU y la CIDH alertaron que la Ley contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, y no aportaría soluciones reales al problema de seguridad del país.

Entre los argumentos que expone la ONU, plantea con insistencia  su profunda preocupación y pidió frenar la ley porque su contenido es una amenaza latente contra los derechos humanos.

Entre los 14 puntos que señala, destaca la ambigüedad de conceptos que pudieran favorecer una aplicación discrecional de la misma; papel indebido de las Fuerzas Armadas; sometimiento de la autoridad civil al mando militar; ausencia de controles y de políticas de fortalecimiento de las instituciones; indebida regulación del uso de la fuerza e indebida protección y garantía de los derechos humanos.

De manera especial destaca las afectaciones a la protesta social y considera que ésta debe tener en cuenta que el derecho a la protesta social también es un derecho individual que debe preservarse incluso en presencia de acciones violentas por parte de algunas personas. La acción violenta en un contexto de protesta social sólo podría ameritar la acción pública en contra de las personas que están cometiéndola, pero no una actuación global contra la protesta y las personas que están actuando de manera pacífica.

La participación de las Fuerzas Armadas en movilizaciones, aunque no sean pacíficas, es en detrimento del empleo proporcional y gradual de la fuerza y podría favorecer el empleo de una fuerza excesiva, lo cual contraviene los principios internacionales sobre la materia. Se establece una diferenciación artificial e innecesaria entre la protesta en razón de su motivación, lo cual es ilegítimo.

Expone el organismo internacional que esta ley solamente contempla a un derecho como objeto de exclusión de los alcances de la norma, lo que permitirá entender que otros derechos como podrían ser la libertad de expresión, el derecho de asociación o el derecho de huelga, sí serían materia de sus alcances.

En el mismo sentido se pronunciaron contra la Ley, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones Estatales del ramo en Jalisco; Yucatán; Oaxaca; Veracruz; Nuevo León; Aguascalientes; Baja California y la Ciudad de México, así como más de 250 organismos ciudadanos de distintas regiones del país, pidiendo un dialogo nacional incluyente en torno a la seguridad en México.

Votación por consigna

Desde el miércoles que se turnó al Senado la polémica ley, manifestantes acordonaron las instalaciones de la Cámara Alta y realizaron marchas y una velada masiva para ejercer presión contra su posible aprobación.

Fue hasta las tres de la tarde del mismo jueves que se inició la discusión en el pleno y tras diez horas de discusión, no hubo argumento que convenciera a los priistas para atender siquiera la recomendación de aplazarla. Con algunas modificaciones leves, terminaron aprobándola sin contar con el quorum legal y en la madrugada del viernes se turnó a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.

Solamente una docena de diputados en su mayoría de Morena argumentaron contra el dictamen. Los legisladores del PRI defendieron la ley que al entrar en vigor regulará la participación de las Fuerzas Armadas en estados y municipios cuando sean rebasados por el crimen organizado, mediante protocolos y mecanismos de temporalidad y gradualidad en el uso de la fuerza.