La absolución resuelta del exsecretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, es un caso que puede sentar un precedente delicado en la vida pública y una invitación a la corrupción, aseguró la presidenta de la Diputación Permanente, Graciela Dominguez Nava.
La afirmación fue hecha luego que la diputada de Morena, Flor Emiia Guerra Mena, presentara un punto de acuerdo a la Diputación Permanente para solicitar que la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, rinda un informe sobre la participación de la ASE no sólo en la investigación al funcionario, sino también en el proceso acusatorio ante la Fiscalía,
La propuesta suma además la necesidad de conocer el punto de vista sobre la absolución resuelta, después que el funcionario pagó en abonos, la mitad del daño causado al erario.
En el punto de acuerdo propuesto se incluiría un informe a la ASE sobre la magnitud de los daños causados por el funcionario “absurdamente absuelto”.
En el proceso de aclaraciones la diputada de Morena mencionó también la necesidad de que acompañe al Poder Legislativo, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, a quien le pedirán confirme si los siete millones de pesos, fueron “cubiertos presuntamente” por Echeverría Aispuro, fueron efectivamente depositados en la Tesorería del Estado y no representan otro acto de simulación.
“No es posible que si fue acreditado que hubo un desvío o un mal uso de más de 14 millones, al exsecretario de Salud del gobierno de Malova, se le dispense y perdone, regresando solamente retresando al errario público siete millones”, manifestó Domínguez Nava.
La también líder de la bancada de Morena, consideró que no es solamente que esté fallando el sistema de justicia penal, sino que es un asunto en el que no pueden quedarse callados y es un problema de quienes imparten la justicia.
La diputada del PRI, Gloria Himelda Félix, propuso que en el punto de acuerdo debería de agregarse también la solicitud de un informe a la Auditoría Superior del Federación ya que la mayoría de los recursos administrados por la Secretaría de Salud provienen del gobierno federal.
La legisladora del PRI argumentó la percepción del no castigo se deriva del difícil tránsito de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal.
La propuesta del punto de acuerdo fue turnado para su estudio y análisis a la comisión permanente de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana.
