Para que exista mayor transparencia, participación ciudadana certera, pertinencia, menos corrupción en los procesos de asignación y ejecución de obras públicas en Sinaloa, un grupo integrado por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, presentaron la iniciativa ciudadana de reforma a la Ley de Obras Públicas del estado de Sinaloa.
La iniciativa, la cual fue entregada a Graciela Domínguez, presidenta de la Junta de Coordinación Política, comprende una serie de cambios, derogaciones y propuestas que se realizaron con base en un análisis exhaustivo y estudios a la legislación estatal actual en materia de obra pública durante un periodo de cinco meses y en el cual se logró la sinergia de ciudadanía y diferentes organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema.
“Venimos con una iniciativa que lo que busca es que haya más transparencia, menos corrupción y mayor participación ciudadana, más vigilancia de la ciudadanía. Esta propuesta, entre otras cosas Diputada, es un documento que trabajamos arduamente entre los que aquí suscribimos durante aproximadamente cinco meses hicimos análisis comparativos, consultas, hicimos revisiones legales y también hicimos una revisión ardua de la ley actual, de las propuestas, incluso de los constructores y pues generamos una nueva iniciativa”, señaló, Silber Meza, director de Iniciativa Sinaloa A.C.
Destacó que uno de los puntos principales de esta iniciativa de reforma a la ley es la figura de los testigos sociales, ciudadanos comunes, pero con conocimientos demostrados que tienen acceso a los procesos de obra, los cuales aseveró, deberán ser ciudadanos y no estar privados a un gremio en específico.
Marlene León, Investigadora de Iniciativa Sinaloa A.C. enumeró algunas de las reformas propuestas, siendo algunas de ellas la ampliación del número de documentos a transparentarse vía Compranet Sinaloa.
Entre ellos destacan la relación de las obras en proceso, las inconclusas y las complementarias; Proyectos Ejecutivos, incluyendo Proyecto Arquitectónico y Proyecto de Ingeniería; Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda. Así como también las propuestas técnicas y económicas; las estimaciones; bitácora de la obra; catálogo de conceptos; acta de entrega recepción; acta de exención de derechos y obligaciones, y fianza de vicios ocultos.
“Con esta ley vamos a buscar estar no de lado de los constructores o contratistas, sino encontrar un punto medio donde podamos avanzar tanto la sociedad civil como contratistas y constructores y gobierno en general, esperamos un apoyo de la sociedad”, dijo Alan Pérez Ramos de Movimiento Interdisciplinario de Estudiantes y Egresados de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Por su parte David Moreno Lizárraga, presidente de Parlamento Ciudadano, sostuvo que es de suma importancia poder tener un diálogo directo con el Congreso, constructores y demás actores interesados porque si bien, cree en que son necesarias buenas leyes, estas son inútiles si no se logran ciudadanos que estén comprometidos para exigir su cumplimiento.
Luis Angel González, coordinador de Mapasin, indicó durante su participación que conocer sobre las obras públicas, permitirá a la ciudadanía conocer también la pertinencia de las mismas y detalló que entre las reformas se encuentra que para la realización de las obras deben tomarse en cuenta los atlas de riesgo de las ciudades y los sistemas de planeación estratégica, pues será así que se contará con mayor participación ciudadana.
La iniciativa fue presentada por las y los ciudadanos David Moreno Lizárraga y Nubia Yazmín Puentes Llanos, y las organizaciones civiles COPARMEX Sinaloa, Iniciativa Sinaloa, A.C., MAPASIN, Movimiento Interdisciplinario de Estudiantes y Egresados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y Observatorio Ciudadano de Mazatlán.
