La línea fue aprobar todas las cuentas públicas, todas sin excepción, y así lo hizo la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la luz verde entraban, en primer lugar, la cuenta pública suspendida del primer semestre de 2016 de Mario López Valdez (Malova), que en el periodo anterior los diputados del tricolor habían votado en contra.  El segundo semestre de 2016 también tendría el voto aprobatorio, a pesar del discurso reiterado del gobernador actual Quirino Ordaz Coppel de un desmantelamiento financiero, de equipo y administrativo que le fue heredado por Malova.

Se indultaban también las cuentas públicas de los alcaldes panistas Carlos Felton en Mazatlán y Armando Leyson en Guasave, cuentas que días anteriores habían sido anunciadas por el presidente de la Comisión de Fiscalización, José Menchaca como suspendidas “para darle un toque a los panistas”.

La consigna de aprobación total de las cuentas públicas alcanzó también a los gobiernos municipales, algunas hasta con tres años de mantenerse suspendidas por falta de solventación de observaciones ante la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Entre las cuentas suspendidas, que había que aprobar, estaban las del municipio de El Fuerte del primer y segundo semestre de 2013; de Rosario del segundo semestre de 2013; de Navolato del segundo semestre de 2015; de Mocorito del primer semestre de 2016; y de Guasave del segundo semestre de 2015 y del primer semestre de 2016.

La explicación oficial de la bancada priista sobre el voto aprobatorio de todas las  cuentas públicas vino a través del diputado José Menchaca. Se trataba de un asunto de administración pública. Los municipios con cuentas públicas suspendidas estaban teniendo complicaciones para la gestión de recursos federales, ya que al no tener el finiquito otorgado por el Poder Legislativo a las cuentas públicas del municipio en cuestión, las autoridades federales les niegan el acceso a bolsas extraordinarias o recursos que pudiesen ser etiquetados para beneficio de sus municipios.

Aun cuando las cuentas públicas sean aprobadas, la ASE continuará con los procesos de auditoría correspondientes, y en caso de que existan elementos, se estarían interponiendo las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General, subrayó José Menchaca, quien había sido señalado de estar impedido de votar por un conflicto de interés, situación que fue exonerada jurídicamente por la Secretaría General del Congreso del Estado.

Entres la curules, la líder de Grupo Parlamentario del PRI, Irma Tirado, explicó que la ley alcanzará a quien tendría que alcanzar. Un día antes de las votaciones en el pleno, el análisis había sido junto con administradores de administración pública sobre los problemas para gestionar recursos no solo para los municipios, sino también para los organismos cuyas cuentas estaban contempladas para ser suspendidas.

El Partido Sinaloense (PAS) viró su voto del primer semestre de 2016 de Malova. Al igual que el PRI votó a favor de ahora sí aprobarla, porque consideraron se subsanaban las observaciones que la ASE había hecho.

En el segundo semestre de 2016 coincidió con el Partido Acción Nacional (PAN) de rechazar la cuenta, porque consideraban estaba llena de observaciones e irregularidades tanto financieras como de realización  de obras.

La decisión, sostuvo, no estaba basada en una circunstancia política, sino con la responsabilidad que la administración pública debe de tener.

En el dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización, la propuesta era suspender las cuentas del Fideicomiso Fondos de Fomento Agropecuario, del Hospital Civil de Culiacán, del Instituto de Pensiones, del Instituto de Vivienda, del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, de los Servicios de Educación Pública Descentralizada, de los Servicios de Salud, así como de las juntas de agua potable de Guasave y Ahome. En todos ellos la ASE consideró procedente iniciar procedimientos de responsabilidad para determinar y ejecutar sanciones.

“La administración pública es más complicada de lo que se puede pensar, y tomar decisiones lleva mucha responsabilidad, Por eso fue la reforma al artículo 37, para que el diputado no tenga derecho a tomar decisiones políticas en cuentas públicas, dijo, al defender el voto de su bancada pasista.

La decisión de la bancada del PRI de aprobar todas las cuentas públicas fue sorpresiva para los diputados del PAN, quienes llegaron al Salón del Plenos listos con los posicionamientos para hacer la defensa de las cuentas públicas del Ayuntamiento de Mazatlán bajo la administración de Carlos Felton.

A nombre de la bancada panista, Carlos Castaños acusó que el voto mayoritario de los diputados del tricolor a favor de las cuentas públicas de la administración de Malova correspondía a que se  había pactado complicidad entre el partido y el ex gobernador. “No  habrá castigos y no habrá devolución de dinero mal gastado o desviado. Sinaloa seguirá en la impunidad, mientras el juicio de la mayoría se suscriba a pactos como ese”.

Y advirtió que al PRI los ciudadanos se lo cobrarán en las urnas por cerrarles las puertas del Congreso y pretender legislar en lo oscurito.

Adentro, pese a las restricciones en los accesos del Congreso del Estado, aplicadas por el personal de seguridad, evitaron que ciudadanos entraran al recinto con mantas y carteles, en una  prolongada sesión en la que desde el graderío los asistentes gritaron a los diputados  ¡ratas!, ¡voten libres!, ¡voten por el pueblo!, ¡traidor!

Afuera, ciudadanos se hincaron y amarraron de la reja de acceso porque se les impidió el acceso a la sesión donde se votarían las cuentas públicas.