El matrimonio igualitario está en las primeras reformas que el Congreso realice y no falta mucho para que eso suceda, dijo Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política en el encuentro con la comunidad lésbico-gay.
En este encuentro estatal, la legisladora explicó a los participantes que el tema de matrimonio igualitario no ha sido dictaminado, no por un asunto de exclusión.
Están creando las condiciones para en lo inmediato avanzar y aprobar derechos que no deberían de regatearse, explicó.
Además de matrimonios igualitarios hay otros mandatos que el Congreso debe atender y la prioridad de esta legislatura, será en materia de derechos humanos, manifestó Domínguez Nava.
En el encuentro con la comunidad Lésbico, Gay, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual, participaron la senadora Imelda Castro Castro y las diputadas federales, Nancy Yadira Santiago Marcos y Merary Villegas Sánchez, así como la diputada local Yeraldine Bonilla Valverde.
Domínguez Nava mencionó que el objetivo del encuentro, se inscribe en el primero de los puntos del programa político que hizo suyo el pueblo de México en las elecciones de julio pasado, con el que se propuso luchar por construir un México plural, incluyente y solidario.
Un México fraterno donde la diferencia sea virtud y la diversidad riqueza, continuó la diputada en este encuentro donde también estuvo Juliana Araujo Coronel, en representación de José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
“El derecho a ser felices, comienza desde luego a nuestras condiciones de dignidad, con el respeto pleno a los derechos de igualdad, libertad, seguridad y solidaridad, derechos que tenemos todas las personas sin importar nuestra apariencia física, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra cosa, simplemente por el hecho de ser personas”, agregó.
El criterio antidiscriminatorio que garantiza el ejercicio de todos los derechos, está contenido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mencionó.
El artículo primero constitucional ordena a todas las autoridades, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y prohíbe cualquier discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas, recordó.
El Congreso del Estado está comprometido con el respeto de todos los derechos y ninguna autoridad debería regatearlos, menos cuando existen ordenamientos constitucionales expresos o sentencias del Poder Judicial que deben atenderse, continuó.
En este encuentro estatal, la legisladora explicó a los participantes que el tema de matrimonio igualitario no ha sido dictaminado, no por un asunto de exclusión.
Están creando las condiciones para en lo inmediato avanzar y aprobar derechos que no deberían de regatearse, señaló.
Además de matrimonios igualitarios hay otros mandatos que el Congreso debe atender y la prioridad de esta legislatura, será en materia de derechos humanos, manifestó Domínguez Nava.
