“¡Estamos hasta la madre!”, vociferaron los ciudadanos inconformes, cara a cara a los diputados, sin ningún pudor ni mediar ningún respeto. Una y otra vez les levantaron la voz para decirles que están hartos de sus excesos y dispendios en gastos, mientras que la población sufre con el incremento a las gasolinas y sus efectos en cascada.

“¡Diga sí o no!”, les habían exigido en un encuentro con los diputados, formados en una especie de línea de fusilamiento, cuando los acorralaron para que respondieran si estaban dispuestos a bajar sus ingresos un 60 por ciento.

Enarbolando una bandera ciudadana, sin filiación partidista, más que su hartazgo, el movimiento contra el gasolinazo llegó ruidoso a la sede del Poder Legislativo, lanzando epítetos, consignas e insultos de todo tipo a los diputados. No han sido más de más dos centenares los ciudadanos que han acudido, pero con su presencia en dos sesiones han trastocado la vida del Congreso.

En un primer momento provocaron que el Poder Legislativo aprobara por unanimidad que los 40 diputados renunciaran a los apoyos que reciben por concepto de gasolina y ayuda de transporte.

La medida, que pretendió convertirse en una especie de válvula de escape de la creciente inconformidad social, representará un ahorro de siete millones 200 mil pesos por concepto de pago de combustible para los diputados en un año, y 6 millones por gasto de ayuda a transporte, lo que significará  en total que los legisladores no recibirán 13 millones 200 mil pesos para esos gastos.

En el presupuesto de 2017, los diputados se habían aprobado 15 mil pesos mensuales para cada uno por concepto de ayuda de combustible, y 12 mil 500 por transportación mensual, cantidades similares a las que recibieron los integrantes de la legislatura anterior.

“La solidaridad” de renunciar a sus ingresos por gasolina y transporte, así calificada por diputados de la actual legislatura al movimiento en contra del incremento de las gasolinas, representa una ínfima cantidad, si se compara con el volumen de crecimiento en el gasto que ha tenido el Congreso del Estado en las últimas cuatro legislaturas.

De acuerdo con una estadística de gastos de entes públicos en Sinaloa, el Poder Legislativo ocupa el segundo lugar de crecimiento en subsidio en los últimos 12 años, al incrementar su gasto en un 143 por ciento, una proporción de 2.4 veces. Mientras que en el sexenio de 2005 a 2010 el Congreso del Estado costó 849.3 millones de pesos, para el sexenio de 2011 a 2016, el gasto llegó a los 2 mil 064 millones de pesos.

Las crecientes prestaciones de los legisladores  en apoyos de gasolina, transporte, pero también en contratación de asesores, la creación de un doble fondo de gestoría social, bonos diversos, creció el tamaño del gasto  del Poder Legislativo en los últimos años.

En la sesión del martes 10 de enero, el Grupo Parlamentario del PAN y el PRI presentaron puntos de acuerdo por separado para renunciar a los ingresos por concepto de gasolina en el caso de Acción Nacional, y de gasolina y ayuda de transporte por la bancada del Revolucionario Institucional. Luego de un proceso de negociación que duró cinco horas,  la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Hacienda acordaron un punto de acuerdo para que todos los integrantes de la actual Legislatura renunciaran a esos gastos, para ser canalizados al Hospital Pediátrico, al Fondo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Sinaloa y a educación.

Antes de la presentación de esos puntos de acuerdo, se habían planteado desde el inicio de la actual legislatura otras propuestas e iniciativas para la definición de una política de austeridad, sin que se hubiesen resuelto o votado por el pleno hasta el momento.

“¿Quiénes son ahora los populistas?”, expresó la diputada de Morena, Merary Villegas Sánchez, al recordar que cuando ella al inicio de la actual legislatura anunció que los diputados de su partido renunciaban al 50 por ciento de sus sueldos, la calificaron de populista.

Tras el anuncio realizado en los primeros días, los medios de comunicación le preguntaron que si esa renuncia al 50 por ciento contemplaba todos los ingresos que los legisladores reciben del Congreso del Estado, como gastos de combustible, transporte, gestoría social, y otros,  a lo que la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena especificó que se trataba sólo del sueldo.

Así, entonces la coordinadora de Morena en realidad había renunciado al 50 por ciento de los 52 mil 369 pesos que reciben los diputados como dieta mensual, pero no a otros ingresos como los 30 mil mensual por concepto de un fondo de ahorro, ni al fondo de gestoría social de 70 mil pesos mensuales, ni a otras percepciones extras, como los 10 mil pesos mensuales por ser integrante de la JUCOPO, ni el bono extra de 20 mil mensuales por ser coordinadora de un Grupo Parlamentario, tampoco al uso de una partida de 69 mil pesos que cada diputado tiene para la contratación de asesores.

Ahora, los diputados de Morena piden se legisle a la brevedad posible para eliminar los privilegios  de los diputados como el combustible y el gasto de transportación, para que no sea el acuerdo solo para la presente diputación.

Los diputados de Morena, Merary Villegas y Jesús Rendón, presentaron una iniciativa para crear una Ley de Austeridad, en lugar de la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

Su propuesta contemplaba no solo el legislativo, sino todos los gastos del estado, y estimaba un ahorro de dos mil 113 millones de pesos: dos mil millones en seguros de gastos médicos mayores, salarios y otras percepciones; 100 millones en gastos de oficina, y 13 millones en comunicación social.

La iniciativa de reforma contempla eliminar el seguro privado de gastos médicos mayores de todos los legisladores, el gobernador, los altos funcionarios de Gobierno y el Poder Judicial, y en caso de ser necesario se atendieran en las clínicas del ISSSTE.

La propuesta incluyó la reducción del 50 por ciento del salario de los altos funcionarios, estableciendo adicionalmente un tope a las percepciones adicionales como bonos y compensaciones no mayores al 50 por ciento del salario.

Los legisladores de Morena proponen además que los gastos de servicios de servicio, mantenimiento, equipo de oficina, viáticos,  no aumenten si tampoco hay un incremento en los programas y las metas.

En los puntos de la iniciativa de Ley de Austeridad se solicita que los viajes de los servidores públicos sean en clase turística o económica. En gastos de publicidad en televisión, radio y prensa que realice el Gobierno del Estado no  rebase el 0.30 por ciento del presupuesto de egresos.

La propuesta pasó a formar  parte de la congeladora legislativa.

En forma individual los diputados de Morena anunciaron que renunciaban a los gastos de servicios médicos mayores. Durante las semanas siguientes han anunciado públicamente su decisión de renunciar a esta prestación los diputados panistas, Sylvia Treviño, Juan Pablo Yamuni y Roberto Cruz Castro, presidente de la Mesa Directiva.

Los integrantes de la bancada priísta, encabezados por Irma Tirado Sandoval, han calificado que los anuncios de renuncia a los gastos médicos mayores es tan solo un recurso mediático, ya que la contratación de las pólizas fueron pagadas en paquete y cubren a los 40 diputados, independiente de su declinación pública.

También el diputado del PRD, Efrén Lerma, presentó el pasado 20 de octubre, una iniciativa de ley para instituir un nuevo ordenamiento en gastos de servicios personales, servicios generales y adquisiciones, viáticos, pasajes y el establecimiento de un plan anual de ahorro y austeridad.

La iniciativa, que no ha sido puesta a consideración del pleno ni siquiera en primera lectura, busca se aplique a todas las entidades públicas no solo al Poder Legislativo, bajo el nombre de ley de ahorro y austeridad del estado.

En materia de austeridad, el diputado panista Juan Pablo Yamuni Robles presentó una iniciativa el pasado 10 de noviembre  para disminuir el número de diputados que integran el Congreso del Estado de Sinaloa, para pasar de 40 legisladores a un total de 27 (17 de mayoría y 10 de representación proporcional).

Su propuesta para reformar la Constitución Política y la Ley de Procedimientos Electorales de Sinaloa, argumenta que en Sinaloa cada diputado representa 74 mil 158 habitantes, mientras que la media nacional es de 106 mil 629.

En su exposición de motivos señaló que entidades con un tamaño similar en habitantes tiene menor cantidad de diputados locales, como los casos de Coahuila (25), Hidalgo (30) y Sonora (33).

La propuesta que no ha recibido todavía ninguna lectura del pleno expone que no solo debe privilegiarse el ahorro interno presupuestal, ni la valoración de la sobrerepresentación, sino el actual número de legisladores desde una óptica organizacional.

De acuerdo con un presupuesto autorizada para el Poder Legislativo de Sinaloa en 2017 de 242 millones 453 mil pesos, el cual es similar al de 2016, por cada diputado se tiene un total de 7 millones 311 mil pesos  anuales.

Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizado en 2016 sobre el costo de los legislativos locales, señala que Sinaloa destinada el 59.6 por ciento de su presupuesto al pago de servicios personales, el 24.1 por ciento a servicios generales, el 8.2 por ciento a materiales y suministros, el 5 por ciento a subsidios y ayudas, y el 3.2 por ciento a otros gastos

En su última visita los activistas del movimiento contra el “gasolinazo” provocaron suspender la sesión ordinaria del Congreso del Estado en medio de coros del himno nacional y gritos. “¡Vamos a volver”!, les habían dicho el jueves anterior. Promesa, ahora con sabor a amenaza, para la siguiente sesión del martes.

LOS ENTES QUE MÁS CUESTAN AL ESTADO*

*Datos en millones de pesos con datos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.