El Gobierno del Estado de Sinaloa no tiene preciso el número de población desplazada. Mientras que el secretario de Seguridad Pública, Genaro Robles Casillas, aseguró que existen 755 familias en sus registros, la secretaria de Desarrollo Social, Rosa Elena Millán Bueno, señaló que son 230 familias.

La disparidad en las cifras sobre el número de desplazados fue evidente durante la reunión de trabajo que realizaron los funcionarios estatales ante diputados de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, a donde acudieron para informar sobre la situación en que se encuentra la población desplazada en Sinaloa por la violencia.

La falta de concidencia en las cifras que señalada, en la sesión de preguntas y respuestas, por el diputado del PANAL, Crecenciano Espericueta, quien lamentó la impunidad de los casos de maestros que han muerto en poblaciones serranas.

Al final de la reunión de trabajo, tras escuchar a los diputados, Rosa Elena Millán Bueno justificó que la diferencia de cifras se debe a que sus registros obedece al censo que realizan conforme los apoyos que entregan, ademas de la dificultad que implica contabilizar a los desplazados por la movilidad que realizan, algunos de los cuales prefieren mantenerse en el anonimato.

Robles Casillas, en su intervención, se disculpó por la discordancia en las cifras, pero explicó que las cifras corresponden a población flotante y a los número que proporciona las policías locales. “Son detalles de coordinación, que para lo subsecuente tendremos cuidado de que no vuelva a suceder”.

Sobre las tareas realizadas, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública aseguró que están trabajando intensamente en los caminos de la serranía para abatir la presencia de la delincuencia organizada, pero lamentó que tienen ubicados a sus integrantes, nada pueden hacer porque no existen denuncias en su contra.

Puntualizó Millán Bueno que hace falta legislación que dé sustento constitucional para la aplicación de políticas públicas a favor de los desplazados, el fenómenos debe de ser reconocido legalmente y generar la acción coordinada para que se garantice el pleno ejercicio de sus derechos, pero ello no debe de ser un obstáculo para reconocer el problema.

La titular de Desarrollo Social Bueno precisó que el papel de las autoridades es claro, se deben de garantizar los derechos de las víctimas, investigar los motivos del desplazamiento y diseñar estrategias de combate al fenómeno, y sostuvo que existen condiciones favorables para la creación de proyectos productivos que brinden desarrollo económico importante en lugares en los que hoy existen casos de desplazamiento forzado interno.

Millán Bueno recordó que según datos de 2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Sinaloa se encuentra entre las cuatro entidades con mayor número de desplazados.