Aunque expresamente la Constitución local no señala dentro de las obligaciones o facultades del diputado la entrega de apoyos económicos o en especie a los ciudadanos, el Congreso del Estado ha gastado en las últimas dos legislaturas un promedio de 33 millones 300 mil pesos cada año en tareas denominados de “gestión social” y “gestoría social” de los 40 legisladores en turno.

Sinaloa forma parte de las 25 entidades en donde el Poder Legislativo invade las tareas del Poder Ejecutivo con la aplicación de este gasto, de acuerdo a un estudio nacional sobre los Congresos locales, elaborado por el Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO).

“La ley no los habilita a dar despensas o juguetes, ni ofrecer fiestas o ayudas económicas, y tampoco a construir obra pública”, señala en sus conclusiones el organismo en el “Informe Legislativo 2018”.

Entre las 62 facultades del diputado que se establecen en la Constitución local figuran como actividades sustantivas la expedición de leyes o reformas, y la fiscalización de cuentas públicas, pero no se contempla la entrega de apoyos en económico ni en especie.

La Ley Orgánica del Congreso del Estado señala la obligación de representar los intereses de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, pero no señala expresamente que el diputado deberá entregar ayudas económicas a los ciudadanos.

El IMCO identifica el gasto de ayudas sociales como parte de las malas prácticas de los poderes legislativos.

La organización define las ayudas sociales como las asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales. “Más que una tarea parlamentaria, esta función es propia de una secretaría de desarrollo social”, señala en sus conclusiones el IMCO.

Pese a lo anterior, el estudio advierte que año con año, las entidades federativas como Sinaloa, registran gastos por este concepto sin que se rinda cuenta de ello. “No es posible conocer quiénes fueron los beneficiados, quiénes los ejecutores ni bajo qué reglas de asignación y operación se manejaron”. En la primera versión del ajuste a los ingresos de los diputados, Morena propone que durante el último trimestre de este año se entregue solamente 40 mil pesos por el Fondo de Gestión Social, y suprimir el de Gestoría Social de 30 mil pesos, con lo que el diputado pasaría de recibir 70 mil pesos a 40 mil pesos mensuales.

En opinión del IMCO, el mantener la práctica de entrega de apoyos sociales contribuye a fortalecer el clientelismo político de los legisladores locales. Graciela Domínguez Nava, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena está de acuerdo en las conclusiones del IMCO, porque considera que si los ciudadanos vienen al Legislativo a pedir resolver un problema, es porque el ejecutivo no está cumpliendo con lo que le corresponde.

Por lo pronto, especifica, la propuesta es reducir gastos, pero en el próximo presupuesto para 2019 sería el proponer cambios en esos conceptos.

La postura es contraria a la que tiene Sergio Jacobo Gutiérrez, líder de la bancada del PRI, quien considera que no existe contradicción en la existencia de apoyos sociales al interior del Poder Legislativo.

Argumenta que los programa sociales tienen fin y reglas de operación, pero lo apoyos que se dan a los diputados en el Congreso son más bien parte del trabajo territorial que se tiene que hacer.

Justifica que la queja es que los diputados no vuelven, entonces cuando vuelve al distrito tiene una fila de peticiones que el legislador no puede costear a través de su ingreso. “Entonces nadie va a querer ser diputado”, declara.

“Para eso está ese fondo que permite que el diputado pueda atender un cierto tipo de peticiones. No las atiende todas, lo que hace muchas veces es derivar hacia las instancias correspondientes”.

En la propuesta de austeridad del PRI se conservan los fondos mensuales de 70 mil pesos que cada uno de los diputados recibe por estos conceptos de gestoría, y plantea se fortalezcan los mecanismos de fiscalización para que efectivamente esos recursos se destinen para ese fin. “No como se dice que era dinero que se embolsaban los diputados”, enfatiza el diputado.

Hay personas que piden ir a Prospera, se les gestiona hacia allá, o si solicitan ir al Seguro Popular, se busca que se afilie. “De repente está otra persona que no tiene seguridad social, que te dice, diputado ayúdeme con el medicamento, con la consulta, con la beca para mi hijo, que no salió en el listado. Para eso se utiliza ese recurso”.

Hace la acotación de que en Legislatura pasadas había diputados de todos los partidos políticos que recibían esos apoyos de gestoría, incluyendo en la anterior los de Morena.

“No alcanzan todo el cúmulo de peticiones que tienes, pero de alguna u otra manera es la posibilidad de que el diputado pueda cumplir ciertos compromisos con los ciudadanos que le dieron el voto”, manifiesta.

En la opinión del presidente de la Mesa Directiva, Marco César Almaral, los gobiernos federal, estatal y municipal tienen presupuesto para los diversos rubros y problemas sociales, pero señala que por una situación de paternalismo la gente acude al diputado por ser representantes populares.

“La gente nos busca porque le pedimos el voto en campaña”. Las búsquedas son con llamadas, WhatsApp y hasta en la casa. No alcanza el sueldo del diputado para resolver todo esto”, expresa.

“A mí me gusta ayudar, compartir, lo que hemos venido cosechando en la política”, expresa Eleno Flores, coordinador de los diputados del PT, cuando se le pregunta sobre la posibilidad de reducir los fondos de gestoría social.

“Vamos a pasar de noche”, adelanta, si le redujeran los apoyos porque le gusta ayudar al estudiante, al enfermo, al necesitado, al que no tiene para comer, al que no tiene una despensa.

Está a favor de se conserven los 70 mil pesos que reciben mensualmente a cambio de comprobarlos. “No para venir a echártelos a la bolsa. Si ha sucedido en otras administraciones nosotros no tenemos la culpa”.

En el análisis, el IMCO propone para todos los Congresos, entre ellos Sinaloa, restringir el gasto en ayudas sociales que impliquen el ejercicio de funciones que no son propias de las legislaturas.

“Las legislaturas locales deben iniciar procesos de austeridad al interior de su administración que reduzca significativamente gastos superfluos y funciones que no les corresponden”.

Artículo publicado el 21 de octubre de 2018 en la edición 821 del semanario Ríodoce.