Diputados de Morena ponen ‘en el banquillo’ a secretario de Obras Públicas

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Desvío de recursos para beneficiar a los amigos personales del gobernador Quirino Ordaz Coppel, realización de obras no autorizadas por el Poder Legislativo, prioridad para la construcción de estadios en lugar de atender obras hidráulicas que demanda la población, adeudos a contratistas, adjudicaciones directas con ausencia de testigos sociales, fueron señalados por los diputados de Morena al secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo.

A pesar de que la diputada Margarita Inzunza a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, había advertido desde el inicio que la comparecencia no significaba “sentar en el banquillo” a un funcionario, sino un ejercicio de rendición de cuentas como parte de la división de poderes, el encuentro con el secretario de Obras Públicas se convirtió en un desfile de cuestionamientos sobre la aplicación de recursos bajo una serie de sospechas.

Los señalamientos motivaron que la diputada del PRI, Ana Cecilia Moreno Romero, conminara a hacer juicios responsables para no caer en provocaciones, ni convertir la comparecencia en acusaciones sin pruebas, o bien que se inicie el proceso legal que corresponda.

Desde el inicio de la comparecencia, los diputados hicieron rendir protesta al funcionario para que compareciera con decir la verdad sobre lo realizado en obras pública.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Flora Isela Miranda Leal, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró que en el transcurso del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, de manera ilegal y vergonzosa ha existido un permanente desvío de recursos públicos para el apoyo directo de los intereses del gobernador y de sus amigos personales.

En sus acusaciones la diputada precisó el nombre, los montos y obras beneficiadas:

El exidirgente del PRI, Joaquín Vega Acuña, con 327 millones de pesos, en beneficio de su empresa Promotora de Espectáculos del Valle del Fuerte S.A. de C.V. para remodelar el estadio municipal de Los Mochis, concesionada a su nombre.

El exdiputado federal, Heriberto Galindo Quiñonez, con 459 millones 633 mil pesos, en la construcción de un estadio de futbol profesional en Mazatlán, para ser entregado a la Faharo S.A., propiedad familiar del legislador.

El hotelero Ernesto Coppel Kelly, con 138 millones de pesos para la compra de 13.5 hectáreas y su entrega al mismo para los fines de un fideicomiso privado que promueve en Mazatlán.

El empresario Ignacio de Nicolás, con 70 millones de pesos, en beneficio de su empresa, Estadios de Sinaloa S.A. , para remodelar el “Estadio de Los Dorados”, concesionado a su nombre.

La legisladora señaló que bajo la obra pública está la sospecha de que la construcción de la obra pública está una mina de oro de los gobernantes y exhibió que el Congreso del Estado solicitó información sobre las contratos de obras públicas, la cual le fue negada, sobre cinco empresas del gobernador.
Entre las obras que cuestionó citó el caso del Parque Central en Mazatlán que pasó por encima de legislación ambiental, y la pavimentación y repavimentación de cinco kilómetros de la avenida del Mar, también en el puerto, que produjo el cierre de empresas y desempleo de trabajadores.

El diputado de Morena, Juan Ramón Torres Navarro, cuestionó que pese a que no estaban presupuestada las obras realizada como la remodelación de los estadios, de qué partidas fueron reorientados esos gastos.

Pese a la insistencia de legislador sobre esta pregunta, el funcionario, se concretó a señalar que las obras eran mezcla de recursos con el gobierno federal, y habían sido realizadas para apoyar la jóvenes deportistas de Sinaloa, además que eran obras necesarias para cumplir con los estándares de competencias de la Liga Mexicana del Pacifico.

El diputado de Morena, Rosario Romero, criticó que se hiciera una obra pública que ni siquiera fue aprobada por el Poder Legislativo, y cuestionó que se diera preferencia a la remodelación de estadios, sobre obras más demandadas por la población como las hidráulicas y pluviales.

Los legisladores de Morena también cuestionaron la falta de testigos sociales en las obras públicas realizadas en el 2018 y el beneficio a un limitado número de constructores.

La diputada del PES, Karla Montero, señaló que la obras realizadas no fueron concensadas con la población beneficiara, como afirmó el titular de Obras Públicas, y puso como ejemplo el Paseo Mundial, en donde vive su familia, en donde los vecinos se enteraron que realizarían las obra cuando llegó la maquinaria a taladrar el pavimento.

Apolinar García Carrera, diputado de Morena, manifestó que exite alrededor de mil millones de pesos que se adeudan a contrastistas, por lo que pidió se explicara la situación, a lo que el funcionario prefirió señalar como “pendiente de pago” porque están fluyendo los recursos para cumplir con los compromisos contraídos.

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