Una forma de protegerse de los grupos criminales que se inventó en Guerrero
Francisco Sarabia/ Enviado
Ayutla de los Libres, diciembre de 2014.- En Guerrero, uno de los Estados más golpeados por la pobreza y otros flagelos derivados del reparto desigual de los recursos y oportunidades educativas, se abre una grieta que empieza a resquebrajar la estabilidad y las bondades de un modelo económico y político marcadamente insensible y excluyente de los estratos más desfavorecidos de la sociedad mexicana.
Un amplia red de comunidades enclavadas en las montañas y la parte cercana a la Costa se han declarado en rebeldía contra la autoridad y, movidos por la desesperación y la impotencia, deciden tomar las armas para protegerse de la delincuencia organizada, creando un esquema de organización comunitaria con una policía ciudadana que aparentemente ha restablecido la paz y tranquilidad en sus comunidades.
Esta desobediencia civil, emprendida casi dos años atrás, agudizó el conflicto a partir del caso Ayotzinapa. Desde el 15 de octubre pasado, en asambleas populares, habitantes y autoridades de las más de 500 comunidades inconformes decidieron tomar 28 de los 81 ayuntamientos que hay en la entidad, exigiendo como condición obligatoria para negociar la entrega de los recintos municipales y la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas secuestrados el pasado 26 de septiembre.
En sus argumentos, los manifestantes, en su mayoría indígenas tlapanecos, mixtecos, yopes y tunsavis, justifican esta toma masiva de ayuntamientos por la crisis de ingobernabilidad generada por el vacío de autoridad en los municipios.
El presidente ya no resolvía los problemas y, por el contrario, él y su equipo —incluidos los policías— servían a los intereses de grupos delincuenciales vinculados con el narco-poder.
El suceso, que bien puede abrir nuevos caminos en la construcción de una democracia más auténtica para el país, ha sido muy documentado por medios impresos y electrónicos de otros países, que ven con asombro los contrastes de una pobreza que indigna, frente a una población que se resiste a dejar sus vidas a merced del miedo y la frustración que genera vivir en un ambiente hostil permeado por la corrupción, la violencia y la impunidad.
Ahora Guerrero está invadido de soldados del Ejército que en momentos de tensión son auxiliados por elementos de la Policía Federal Preventiva, del escuadrón de antimotines y de la gendarmería especializada para actuar en situaciones como la que vive buena parte del Estado de Guerrero.

Por la voz de Salvador
En el municipio de Ayutla de los Libres, bastión de la vigilancia comunitaria en Guerrero, el Comandante Salvador comenta su experiencias al frente de esta figura de policía comunitario que desde hace casi dos años se hace cargo del orden público en esta región de Guerrero, donde el Movimiento Popular Guerrerense se propuso enfrentar a la delincuencia, la corrupción y los abusos de poder.
Campesino, padre de tres hijos y orgulloso de ser policía comunitario, comenta:
“Nosotros estamos actuando bien, no estamos en contra del gobierno. Estamos en contra de la delincuencia y de quienes la protegen y la solapan. Antes de que nos organizáramos, Ayutla y Tecoanapa estaban viviendo con temor. A las cinco de la tarde, todas las tiendas estaban cerradas y en la noche desde las siete ya nadie andaba caminando en la calle porque llegaban los narcos de la banda Los Pelones y al que veían le pedían dinero o se lo llevaban y ya no lo regresaban. Aparecían muertos en el monte y algunos los venían a tirar aquí frente al Ayuntamiento y a los ojos de los policías, y no pasaba nada. Se hacían como que no veían”.
“Desde aquella vez, en enero del 2013, decidimos quitarnos el miedo cuando Los pelones secuestraron en Ayutla a un compañero y al Comisario de Rancho Nuevo Municipio de Tecoanapa. Nos juntamos la gente de todos los pueblos de aquí cerca y con machetes, palos y rifles nos levantamos en armas y fuimos a buscar a los compañeros hasta que los rescatamos.
“A los secuestradores los agarramos y los mandamos castigar. A otros los recogió el gobierno en avionetas y se los llevó.
“De aquella vez jamás han regresado. Ahora nosotros nos encargamos de vigilar el pueblo y todos los días y fiestas de guardar, estamos día y noche en turnos y guardias. Así es como nos decidimos a romper el miedo y a vivir en paz. Hay policías municipales pero no los dejamos que vigilen porque ellos también ‘se venden’ como los militares. Ellos saben que estamos haciendo una limpia y no tenemos problemas, nos respetamos.
“Entonces el pueblo ha visto que las cosas cambiaron y hay mucha confianza en nosotros los policías comunitarios. Por eso estamos pidiendo que se lleven a los militares a otro lado y aquí que nos dejen cuidar a nosotros porque a ellos no les tenemos confianza.
“En el municipio de Tecoanapa hay 49 comunidades que ya están resguardadas por policías comunitarios. Ayutla tiene otras 120 más y todas vigiladas por nosotros. Cruz Grande, Copala, San Marcos, Marquelia, Coautepec, San Luis Zacatlan, Tlapa, Tierra Colorada. Son muchos municipios. La gente ya está convencida porque antes los ganaderos, transportistas, comerciantes tenían que pagar cuota o les secuestraban a ellos o sus familias”.
Explica que a los policías ciudadanos los tiene que elegir la gente del pueblo.
“Nosotros nos apuntamos y la asamblea es la que decide quienes se quedan y cuales no. El pueblo sabe quienes andan o anduvieron mal y si tienen expediente malo, no pasan la prueba. El pueblo no se equivoca.
“En Tecoanapa hay 700 policías ciudadanos y todos somos voluntarios porque trabajamos sin sueldo. Yo soy campesino y trabajo en la milpa, pero cuando me desocupo vengo a ofrecer mi tiempo como policía y si me ayudan, es una cuota voluntaria que nos da la gente. A veces nos ponemos mal porque la familia necesita comer y no tenemos, pero nos animamos porque sabemos que el pueblo está tranquilo. Y nos sentimos bien.
“Mire, ahora todos los pueblos que habían suspendido las fiestas tradicionales por la violencia ya volvieron a hacerlas, porque todas las policías comunitarias estamos unidas y no permitimos que vengan ya los narcos por aquí.
“Ahora tengo tres hijos y mi esposa. En las mañanas dedico cinco horas a trabajar en el campo y lo demás de mi tiempo lo dedico a la familia y a la comunidad.
“Andamos con escopetas de uno o dos tiritos pero nos sentimos a gusto porque nomás hay un reporte malo y todos nos unimos y no dejamos pasar a nadie en la carretera. En cambio, cuando estaban los militares, ellos le daban paso a la delincuencia y hasta los escondían y les daban protección. Por eso ahora ya no los queremos por aquí. Que se vayan allá por Iguala donde hay delincuencia. Aquí ya no caben”, dice.
Ramón Ramírez, Comisario de Tecaultepec, municipio de Tecoanapa y comandante de la policía de su pueblo, narra su experiencia:
Ya no aguantaban a la delincuencia organizada. Como pudieron dice que compraron “armitas corrientes de un tirito pa’ defendernos porque ya no podíamos con tanta extorsión. A los que teníamos ganado nos pedían cuotas y si no les dábamos ya estaban sobre nosotros o nuestros hijos. Pedíamos apoyo al Presidente Municipal y nunca nos escuchaba, menos nos daba apoyo. Siempre nos quejábamos con el gobierno federal, estatal y nunca nos hicieron caso. Por eso decidimos defendernos por nuestra cuenta.
“Ahora estamos luchando por la causa de los 42 alumnos desaparecidos porque como padres pensamos que ahorita son ellos, mañana podemos ser nosotros o quizá nuestros hijos o nietos. Y por eso nos organizamos porque queremos que nuestras familias no vuelvan a sufrir más y a vivir con miedo”.
Las comunidades como Tecaultepec, que pertenecen a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, han establecido un modelo de participación comunitaria regido por la figura del Consejo Municipal Popular de Autoridades, que es la máxima autoridad municipal en la toma de decisiones y que suple en esta comarca a la figura del alcalde.
El comisario aclara al respecto:
“Lo que nos llevó a formar parte del Consejo Municipal Popular de Autoridades fue la indiferencia del presidente municipal que dejó de cumplir su tarea de velar por la seguridad de su gente. Es por eso que nos propusimos tomar las riendas de nuestros pueblos y hacer justicia por nuestra cuenta porque vimos que el gobierno ya no funcionaba.
“Ahora sabemos que las decisiones las debe tomar el pueblo y que los presupuestos que vienen de los gobiernos se gasten en las cosas que le faltan a la comunidad. Que no se queden en la cabecera municipal y en manos de los políticos porque ahí se quedan.
“Cada comisario de las comunidades convoca a sus asambleas y ahí se tocan todos los temas, ninguno está prohibido. Debatimos sobre la desconfianza hacia las autoridades. Así fue como surgieron los acuerdos para hacer las guardias comunitarias y empujar la lucha contra el narco-gobierno.
“Se acordó también poner turnos de siete de la noche a seis de la mañana. Hay diez ciudadanos por turno. En las guardias participan policías, gente del pueblo y maestros de la comunidad.
“Ahora se está tomando el acuerdo de administrar la justicia como debe ser, no como la hacen los políticos. Ellos confundieron la política y se adueñaron de las cosas del municipio y del Estado pa’ enriquecerse ellos. Por eso ya no los vamos a dejar que regresen.
“Queremos que las obras no sean ya promesas. Los políticos que se lanzan solo dicen que van a hacerlas y no es cierto, solo hacen un pedacito y dicen que son completas. Se quedan con el dinero y el Gobierno no les investiga, no pasa nada. Todo el presupuesto llega al Ayuntamiento y solo una parte la gastan. Lo demás se lo embolsan ellos. Compran propiedades, carros. Muchos que entran como pobres tienen un carrito y terminan con una colección de carros de lujo y con dinero de nosotros.
“Ahora con las asambleas queremos hacer las cosas bien y el presupuesto que viene al municipio vamos a hacer que llegue a cada comunidad y que decidamos cómo lo vamos a aplicar y en qué obras.
“Nada de quitarnos el diez por ciento que se embolsa el presidente. Ahora vamos a vigilar muy bien todo.
“Y no vamos a retroceder. Todo es pa´ adelante. Lucharemos hasta ver el fin”.

Los militares al banquillo

Aumenta la tensión en Guerrero; manifestantes se plantan por tiempo indefinido frente a cuartel militar y piden la salida inmediata de soldados y antimotines
AYUTLA DE los libres, Guerrero. Diciembre de 2014.- La presencia marcada de soldados del Ejército y policías federales antimotines que se observa en los últimos días en los municipios y comunidades de la Costa Chica y la Montaña aumentó la tensión en el Estado de Guerrero ante posibles enfrentamientos entre militares y manifestantes, donde éstos últimos exigen el retiro inmediato de las tropas de esta región.
El miércoles pasado, comisarios y delegados de colonias de unos 130 pueblos que se han declarado en rebeldía contra los abusos de poder cometidos supuestamente por las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno y militares, entregaron al Comandante de la Zona Militar de la Costa Chica, un documento donde exigen la salida inmediata de los soldados reclutados de los cuarteles de esa región, ante el constante hostigamiento e intimidación de que son objeto las familias, principalmente hombres que, según denuncian, son amenazados, retenidos por periodos prolongados y severamente cuestionados cuando son revisados en los retenes instalados en distintos puntos carreteros.
Además, exponen que la presencia de las fuerzas castrenses en la zona es innecesaria porque durante mucho tiempo tuvieron la noble responsabilidad de salvaguardar la paz de los guerrerenses y nunca lo hicieron. Por el contrario, dicen, solo sirvieron para dar protección a los narcotraficantes y propiciar que se dispararan en la región los casos de asesinatos, secuestros y extorsiones.
Para sorpresa de los habitantes de los municipios de San Marcos, Tecoanapa, Ayutla, y demás municipios de los alrededores, la semana pasada las carreteras estatales y vecinales amanecieron vigiladas por policías federales de las fuerzas antimotines y cientos de militares que patrullaban el área.
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, estudiantes, amas de casa, jefes de familia, comisarios y representantes populares de las comunidades, entregaron personalmente el documento donde le exponen a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la de Gobernación sacar a los militares de la zona porque ya no confían en ellos.
Desde el miércoles, la cabecera municipal de Ayutla quedó prácticamente sitiada por los soldados y policías antimotines. Cuando se dirigían a apoyar a los soldados instalados en el Cuartel de Policía del Ayuntamiento, los convoyes de soldados integrados por 16 carros y dos autobuses con antimotines fueron bloqueados por la gente que atravesó camionetas por la carretera, para impedir el avance de las tropas al sitio donde caminaba la marcha.
La escena por demás tensa, encendió los focos rojos entre los habitantes que, al ver a cientos de gendarmes y militares apostados y con armas enlistadas, empezaron a reunirse alrededor. El tañido constante e inusual de las campanas de los templos de Ayutla y de las comunidades y colonias aledañas se escuchó por espacio de diez minutos, llamando a los habitantes a concentrarse en la zona de conflicto.
De las calles, los callejones, las veredas, los arroyos y las parcelas cercanas a la carretera, salían hombres y mujeres, muchos de ellos indígenas que portaban machetes. Las azoteas de las casas estaban repletas de curiosos que al mismo tiempo observaban un helicóptero de la Policía Federal Preventiva que sobrevolaba constantemente el espacio aéreo.
Los comisarios de los pueblos giraron órdenes por radio a las policías ciudadanas desde San Marcos hasta los municipios de la Alta Montaña para concentrar a la gente y las policías ciudadanas a la altura de sus comunidades, con el fin de evitar el avance de las tropas militares y antimotines.
Había el rumor latente de que los gendarmes traían órdenes de desalojar a los manifestantes que tienen tomados al menos 17 Ayuntamientos en el Estado y de reinstalar a los alcaldes que llevan ya dos meses sin ejercer funciones.
A eso de las dos de la tarde, los comisarios tenían informes de que había instaladas barricadas con gente y que tenían bloqueados tramos carreteros a la altura de la mayor parte de las comunidades declaradas en rebeldía.
Mientras, en el Cuartel donde se plantaron los manifestantes había aparente calma. La autoridad militar pidió media hora para dar una respuesta al pliego petitorio. Afuera, cientos de campesinos, mujeres y hombres; reporteros nacionales y corresponsales extranjeros, esperaban el desenlace.

Después, uno de los comisarios con altavoz en mano reunió a los comisarios y delegados de colonias para decidir sobre dos propuestas que enviaban la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La primera consistía en regresar a sus casas y abrir una mesa de diálogo este jueves para discutir y destrabar el conflicto mediante una solución negociada por ambas partes.
La segunda propuesta, hecha por el movimiento, era la de permanecer frente al Cuartel hasta que la autoridad decidiera acatar el mandato de los pueblos y se proceda a sacar a los militares de la región.
La votación de la asamblea optó por unanimidad ésta última y sin un solo voto en contra se decidió permanecer en el plantón hasta que se les cumpla con la petición.
Dos horas más tarde, el ir y venir de carros y transeúntes por el tramo de casi tres kilómetros que permanecía de uno y otro lado cercado por militares y antimotines, parecía una romería con tanta gente reunida.
A escasos metros del cerco de militares, algunas mujeres permanecían postradas de rodillas sobre el pavimento y rezando letanías y plegarias por los jóvenes desaparecidos. Pedían a Dios que iluminara a las autoridades y gendarmes y les diera humildad para acatar la voluntad divina. En otro lado, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa gritaban consignas que recordaban el duelo colectivo y el dolor enquistado en las entrañas de esta gente que sigue reclamando, sin parar, justicia.
Al caer la tarde, la versión de los comisarios y delegados quedaba confirmada. Todos los accesos que daban a Ayutla estaban custodiados por cientos de elementos del Ejército y la Policía Federal Antimotines.