La ASF acusa que la institución utilizó un esquema similar al de la “Estafa Maestra”

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal contra la Universidad Politécnica de Sinaloa (Upsin) por el desvío de 31 millones de pesos mediante un esquema similar al de la “Estafa Maestra” implementado junto con Conapesca.

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Con esta denuncia son dos las universidades de Sinaloa con denuncias penales por desvío de recursos. La primera fue la Universidad Autónoma Intercultural de México (UAIM) por un desvío de 116 millones de pesos en la “Estafa Maestra”, en la que está involucrada y en proceso penal la ex secretaria federal de Desarrollo Territorial y Urbano y de Desarrollo Social, Rosario Robles.

Los desvíos en ambas universidades ocurrieron durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel.

Desde 2010 a la fecha la ASF ha presentado 16 denuncias penales contra autoridades estatales o municipales de Sinaloa por irregularidades en el ejercicio de recursos detectadas en las auditorías.

De acuerdo con datos de la ASF, del total de denuncias 10 fueron contra el Gobierno del Estado, dos contra el municipio de Ahome, una contra Sinaloa municipio, uno contra la UAIM, y la más reciente fue contra la Upsin.

De las denuncias contra el gobierno estatal ocho fueron por irregularidades en las cuentas públicas del gobierno de Mario López Valdez, de las cuales tres fueron por la simulación de reintegros de recursos por 135 millones de pesos.

La ASF señala que la simulación de reintegro de recursos consistió en que, posterior a que hicieron las observaciones referentes a los recursos que fueron utilizados sin justificación alguna para fines distintos a los establecidos por la ley, los gobiernos locales reintegraron las cantidades observadas, y una vez que la Auditoría determinó como solventada la observación, los gobiernos volvieron a retirar los recursos, destinándolos a un uso que en muchos casos se desconoce.

El desvío de la Conapesca y Upsin ocurrió en 2018 y fue detectado en la cuenta pública de 2020 por la auditoría Superior de la Federación.

Información de la ASF indica que la denuncia fue presentada en noviembre del año pasado en la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable, y todavía se encuentra en integración sin que se haya ejercitado acción penal.

La ASF estableció que la Conapesca pagó a la Upsin por servicios que no pudieron acreditar que se realizaron y además la universidad no tenía capacidad técnica, material, humana ni financiera para prestarlos y subcontrató empresas que tampoco tenían capacidad.

El esquema que utilizaron fue similar al de la “Estafa Maestra” implementado en 2017, en el que estuvieron involucradas dependencias del gobierno federal, empresas fantasma y universidades, entre ellas la UAIM.

Con el mismo esquema la Conapesca y la Upsin desviaron 31 millones de pesos.

De acuerdo con la auditoría, la Conapesca pagó ese monto a la Upsin y a su vez la Universidad pagó 21 millones 254 mil 780 pesos a siete empresas subcontratadas, 4 millones 264 mil 465 a personal de la institución y 6 millones 057 mil pesos no se localizó el destino.

La Conapesca contrató a la Upsin para los servicios de digitalización de expedientes físicos, organización de expedientes en físico y clasificación, documentos migrados de expedientes en formato JPG a formato de archivo PDF, actualización de cursos en línea, entre otros.

En 2018 la rectora de la Universidad era Alma Hortencia Olmeda Aguirre, por lo que fue llamada por la ASF el 4 de octubre 2019 para que compareciera por las irregularidades y el día 29 se presentó.

En la entrevista manifestó que ella sólo firmó los convenios, respecto a la prestación de los servicios referentes al Convenio de Colaboración suscrito con la Conapesca, correspondientes a los 10 Anexos Técnicos.

De acuerdo con el acta de la entrevista, aseguró que “no seleccionó ninguna empresa, desconoce quién realizó las actividades, a qué personas morales contrató la Upsin, cómo acreditaron las personas morales contratadas que contaban con la capacidad técnica, material, humana y financiera, el importe que pagó la Upsin a cada persona moral contratada, dónde se llevaron a cabo los servicios.

Además, Olmeda Aguirre manifestó que no se cercioró que la Upsin cumpliera con la prestación de los servicios, desconoce cuál es la evidencia documental de la supervisión a los servicios, no realizó la entrega definitiva de los mismos, y que la autorización de los pagos, así como la coordinación de todo lo anterior se hizo cargo la Directora de Biotecnología.

Personal de la ASF verificó las empresas que contrató la Upsin para la prestación de los servicios, y en dos detectó que no contaban con empleados y contrataban personal por el régimen de asimilados a salarios, y las herramientas, mobiliario y equipo que aparentemente utilizaban eran propiedad del personal.

Las empresas tampoco contaban con registro patronal en el IMSS, trabajadores activos, trabajadores dados de baja, total de cuotas ni total de cuotas por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

A otras cuatro empresas, la ASF no pudo practicar visitas porque no encontraron al representante legal para notificarlo, pero constataron que las oficinas existían y estaban ubicadas en edificios de uso habitacional, pero en las recepciones dijeron desconocer que hubiera oficinas ahí.

Las supuestas oficinas carecen de la infraestructura requerida, no cuentan con personal, no se aprecia maquinaria, equipos, dispositivos, aparatos, utensilios o instrumentales, entre otros.

La ASF intentó verificar y cotejar la información y documentación, así como el funcionamiento de los servicios prestados por la Upsin, pero la Conapesca no exhibió la información, además no permitieron al personal auditor el acceso a los equipos, plataformas y demás herramientas informáticas donde fueron desarrollados, instalados, establecidos o actualizados los servicios correspondientes al convenio.

Alma Hortensia fue removida del cargo en agosto de 2018 y su lugar fue ocupado por Alfredo Román Mesina, quien permaneció como rector hasta el final del sexenio de Quirino Ordaz Coppel.

En diciembre del año pasado el gobernador Rubén Rocha Moya nombró en el cargo al ex rector de la UAS, Jorge Luis Guevara Reynaga, quien seis días después renunció.

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Guevara dijo que la Upsin se encontraba en una crisis financiera grave y que había renunciado “por no querer ser parte de la mala historia que han dejado algunos rectores anteriores, además del involucramiento de la Universidad en la ‘Estafa Maestra’ y por valoración personal es que el 20 de diciembre de 2021 le presenté mi renuncia con carácter de irrevocable al doctor Rubén Rocha Moya, gobernador de nuestro estado”.

La UAIM también tiene una denuncia penal desde 2020 en la FGR y a la fecha la carpeta de investigación se encuentra en etapa de integración.

La ASF presentó la denuncia por un desvío de 116 millones 821 mil 644 pesos.

De acuerdo con la ASF, la UAIM, el 28 de enero de 2016 firmó un convenio con la SEDATU, con el objeto de prestar el servicio profesional y tecnológico para el “Desarrollo y Aplicación de Modelos y Métodos de las Acciones para la Equidad de Género para el Empoderamiento de la Mujer, en Cumplimiento de sus Fines Institucionales”.

Para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el convenio la Universidad supuestamente contrató a terceros pero no acreditaron la contratación.

El “Diagnostico” por el que la entonces UAIM cobró fue realizado antes de la fecha del contrato y su contenido es igual a un proyecto de 2015 elaborado por Sedesol.

“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 106,838,857.55 pesos (ciento seis millones ochocientos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete pesos 55/100 m.n.), porque se verificó que la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS), otrora Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), no prestó los servicios contratados con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en el ejercicio 2016”, señala la ASF.

La UAIM tampoco comprobó servicios prestados al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales por los que cobró 9 millones 982 mil 274 pesos.

Mediante la “Estafa Maestra” en la que está involucrada la UAIM, el gobierno federal a través de 11 dependencias, desvió más de 7 mil millones de pesos con la contratación de empresas fantasmas.

Por este esquema de desvío de recursos está en proceso penal Rosario Robles, acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público.

Artículo publicado el 10 de abril de 2022 en la edición 1002 del semanario Ríodoce.